Ante el eventual establecimiento de un organismo encargado de combatir la corrupción con base en el dictamen aprobado en días pasados en la Cámara de Senadores, mantenemos la expectativa de que esta nueva institución del Estado Mexicano contribuya a fortalecer un sistema integral de rendición de cuentas.
Debe destacarse, al mismo tiempo, que la responsabilidad por la obtención de resultados positivos en los esfuerzos anticorrupción no puede recaer sobre una sola y única institución. Dicha encargo lo comparten los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, los cuales deben mostrar el mismo nivel de compromiso y de criterios técnicos para consolidar una cultura de transparencia, integridad y honestidad en su actuación cotidiana.
Bajo esta perspectiva, el fomento de la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público generan posibilidades de desarrollo para la nación en las distintas áreas prioritarias de crecimiento.
Algunos datos emitidos por diversos organismos especializados en materia de percepción de la corrupción en el país, como Transparencia Mexicana, permiten vislumbrar la magnitud de los montos involucrados en su incidencia, así como los perjuicios que puede generar para la ciudadanía.
En efecto, la problemática de la corrupción es tan amplia, que requiere de un enfoque multidimensional y coordinado, que permita la interacción de distintas entidades encargadas cada una de atender ángulos especializados. Sólo así podrán lograrse resultados efectivos en la materia.
Otro aspecto de gran importancia que deberá ponerse en práctica con la iniciativa presentada, son los mecanismos de coordinación que el nuevo órgano establecerá con otras instancias de rendición de cuentas, como lo es la propia ASF, los departamentos de auditoría interna de la Administración Pública y las contralorías estatales, a fin de generar alianzas estratégicas que potencien los resultados de la acción interinstitucional.
La aspiración es hacer factible y funcional la articulación de todos los órganos dedicados a la revisión del uso adecuado de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de gobierno y la determinación de responsabilidades por posibles irregularidades, para que trabajen con una misma visión, estándares, principios y capacidades técnicas en los tres órdenes de gobierno.
Esta aspiración ha sido plasmada en la iniciativa que incorpora al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), proyecto actualmente en marcha que reúne, entre otros, a la actual Secretaría de la Función Pública, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de las entidades federativas (ASOFIS) y la Comisión Permanente de los Contralores Estados-Federación.
Desde su origen en el año 2010, el SNF presenta avances significativos y encuentra una oportuna coyuntura con la iniciativa legislativa de crear una Comisión Anticorrupción, a fin de sumar esfuerzos orientados a un mismo fin bajo enfoques y perspectivas complementarias.
De esa manera, la creación de un nuevo órgano responsable de perseguir los actos corruptos es ciertamente deseable y necesaria, pero el enfoque persecutorio de las irregularidades debe verse acompañado de un ámbito preventivo que permita corregir de manera progresiva, ordenada y sistemática las fallas estructurales de la gestión gubernamental, para prevenir que los hechos individuales detectados se repitan por la continuación de los factores que los posibilitan.
Por esa razón, un elemento clave dentro de la ecuación anticorrupción a nivel nacional lo constituye el control interno, el cual representa un proceso de auto-vigilancia que dota de eficiencia, eficacia y economía a las operaciones; otorga confiabilidad a la información financiera y operativa, garantiza que las entidades cumplan con las leyes aplicables, y vigila la adecuada actuación de los servidores públicos.
En esa medida, las áreas de auditoría interna deben estar en condiciones de garantizar la capacitación continua de los funcionarios, la evaluación y el mapeo permanente de los riesgos de corrupción, así como la designación de titulares y personal especializados, con perfiles idóneos sustentados en la experiencia, la competencia, el profesionalismo y el rigor técnico.
Por lo anterior, es necesario insistir en que la lucha contra la corrupción debe conceptualizarse como una política integral de gran alcance, sistemática y cuya cobertura incluya al conjunto administrativo del país, pues la experiencia ha demostrado que las actividades y controles que se establezcan, tienen sólo un impacto limitado si se encuentran desvinculados de una estrategia transversal que haga posible su evaluación periódica y su continuidad en el tiempo.
La integridad y la probidad gubernamental implica no solo la observancia de las leyes nacionales, sino además una responsabilidad ética; es un aspecto de la calidad de las estructuras gubernamentales, así como una condición esencial para fomentar los principios de orden y respeto a las obligaciones institucionales, todo lo cual sustenta y preserva la confianza de la sociedad.
Como podemos apreciar, para fortalecer el sistema de rendición de cuentas en nuestro país se requiere el establecimiento de nuevas medidas encaminadas a crear un sólido entramado que busque abatir los magros resultados en materia de combate a la corrupción. Esto será posible si además se busca generar un cambio cultural en la sociedad que tenga como divisa principal el apego a la legalidad y la probidad.
Bajo esa premisa, la ASF se pronuncia por sumar esfuerzos institucionales y generar una articulación adecuada entre los organismos, tanto los ya implementados como los de nueva creación, que tienen la responsabilidad de velar por la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en el uso de los recursos públicos bajo una óptica de integridad, colaboración y responsabilidades compartidas.
Publicado en El Universal
Auditor Superior de la Federación
