Una de las críticas más chabacanas, pero también más recurridas que han sido propaladas ante la publicación del documento de la Comisión Independiente, Covid-19 en México es que “es un refrito”, “ofrece datos que ya sabíamos”.
Simplemente no es verdad. Sus capítulos medulares están llenos de nueva evidencia que explican las cifras desoladoras en nuestro país. Si se lee con mediana atención (puede leerse aquí https://bit.ly/3UXQi3), se verá que el Informe arranca exponiendo las grandes cifras conocidas (muertes en exceso, muertes por 100 mil habitantes, muerte del personal médico, orfandad, y un largo etcétera) y se dice de forma explícita que el esfuerzo de la indagatoria consiste precisamente, en responder ¿por qué? El punto es indagar las razones y los determinantes que nos llevaron a los muchos resultados trágicas que provocó (y sigue provocando) la pandemia y su gestión.
Uno de los factores que lo explica es la mala comunicación sanitaria que machacó en el “quédate en casa” sin agregar con prudencia “pero acude a la clínica más cercana en caso de síntomas o si has resultado positivo en una prueba”. Como se sabe, la política fue la contraria (hacer las menos pruebas posibles) y además, en diversas encuestas y en entrevistas directas con el personal de salud, el informe muestra que gran cantidad de enfermos permanecieron en su casa y a falta de convocatoria u orientación, optaron por atenderse en consultorios privados, baratos sólo aparentemente y sin regulación alguna.
De modo tal que las audiencias -sobre todo- en consultorios adyacentes a farmacias, se convirtieron en el recurso más socorrido de atención sanitaria: en 2018 el 46 por ciento de las personas que buscaron atención en salud recurrieron a servicios privados, en 2020 esa proporción alcanzó el 58.1 por ciento y para 2022, ya era el 60 por ciento: de facto una privatización y mercantilización de la salud en México.
A la mala comunicación se agrega la destrucción institucional ¿Qué significó en los hechos la demolición del Seguro Popular? Que los mexicanos se quedaron sin llave de acceso a la atención médica.
Con el Seguro Popular las personas debían afiliarse y se les daba una póliza con la que se les comunicaba la lista de padecimientos que aquel sistema cubría gratuitamente. Además, existían módulos de atención permanentes en los centros de salud, por medio de los cuales se mantenía informados a los pacientes y donde se tramitaban procedimientos para acceder a la atención contra Gastos Catastróficos. Por el contrario, el INSABI, aunque en el papel cubriría a todas las personas sin necesidad de registro, en la práctica nunca publicó ningún cuadro de beneficios, como sí existía con el Seguro Popular.
En nombre de la austeridad destruyeron esos módulos, esos registros y el personal que servía de puente informativo con las personas, lo que rompió la relación entre enfermos e instituciones. Citó al Informe “… en 2020, ya con el Insabi, sólo 26.9 por ciento (34 millones) de la población reportó tener afiliación o acceso a este instituto y para 2022 lo hizo sólo el 13.1 por ciento (16.8 millones)”.
Así pues, al valor de las robustas bases cuantitativas que presentó la Comisión Independiente, se añade el valor explicativo, entender lo que pasó para no repetir. Las 409 páginas del reporte están llenas de retratos como este, dibujados a partir de cifras comprobadas, pero entretejidas con los hechos, las decisiones y lo vivido por enfermos, personal de salud, sobrevivientes.
En esa medida honra al rigor científico tanto como a los testimonios de una historia real y trágica que, gracias al Informe, será imposible ocultar u olvidar.
Fuente: Crónica
