A cuatro meses del cambio de gobierno federal, el discurso sobre transparencia y rendición de cuentas enarbolado desde su campaña por Enrique Peña Nieto, ha mostrado en los hechos inconsistencias que dejan en evidencia que esos temas, nodales para el crecimiento democrático en México, en realidad no son prioritarios para el gobierno priísta.
Esta semana, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), de la que México Infórmate es parte, ha puesto el dedo sobre la llaga respecto a los cuestionamientos hechos por los especialistas al gobierno peñista, cuyas tres propuestas principales en materia de combate a la corrupción impulsadas también desde la época de la transición, ahora simple y llanamente se estancaron: la primera es la relacionada con la contratación de publicidad oficial, la segunda es la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la tercera es la relativa a la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
La Red recuerda que respecto al caso de la publicidad oficial no se ha dado paso alguno para regularla y su discusión en la agenda pública ha quedado relegada frente la reforma en telecomunicaciones; el asunto no es menor si recordamos que este año se registrarán elecciones en 14 entidades –Puebla entre ellas- donde hay un gran riesgo del uso y abuso impune la publicidad oficial –de todos los niveles de gobierno- como una forma de tomar ventaja en beneficio de uno o más partidos, coaliciones y candidatos.
Respecto al proyecto de creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, los senadores han realizado consultas, pero el documento que le dará vida aún se encuentra en comisiones sin ser dictaminado; “con esto, el nuevo diseño de la administración pública federal no logra concretarse ya que según la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, las funciones de la Secretaría de la Función Pública serán absorbidas por la Secretaría de Hacienda y por la aún inexistente Comisión”. En los hechos la SFP, es una “dependencia zombi”, porque ni existe plenamente, ni puede dejar de existir.
En lo que toca a la reforma en materia de transparencia, está congelada hasta nuevo aviso en la Cámara de Diputados, donde también se ha deslizado la posibilidad de reemplazar a los cinco comisionados –que ventilaron sus pugnas internas- por personal que garantice no el derecho a saber de la ciudadanía, sino la defensa de los intereses de los partidos políticos, lo que podría dar al traste con el órgano garante emblemático de México, además de terminar de debilitar su imagen y con ello frenar el crecimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información en México, que es indispensable para la democracia.
Y además, otro punto que destaca la RRC es que en sus anuncios en medios electrónicos, la administración de Peña Nieto insiste a toda hora que gracias al Pacto por México se logró una reforma educativa que posibilita a los mexicanos el acceder a una educación de calidad; “nada más lejos de la realidad cuando se sabe que los cambios constitucionales, fundamentales para modificar ciertas prácticas, requieren aún de leyes secundarias pero sobretodo de cambios de cultura y prácticas que permitan frenar abusos en el manejo de los recursos y atacar el problema de raíz, como la excesiva presencia del SNTE en la estructura orgánica de la SEP (…) en la percepción general, el actual gobierno si planea, si acuerda, si avanza en su agenda. ¿Qué lugar ocupa ahora, en esa agenda, el combate a la corrupción?”
Las pifias de la CAIP
Un ejemplo de órgano garante que no privilegia el derecho a saber, es el poblano: la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP). Un hecho que demuestra la dirección que ha tomado esa institución, se registró la semana pasada, cuando se presentó en el pleno una ponencia respecto a la entrega de información de la compra de equipo dental hecha por la Secretaría de Salud estatal.
Durante un semestre, la dependencia comandada por Jorge Aguilar Chedraui, retrasó la entrega por la vía electrónica de un reporte sobre la compra de equipo dental, bajo el argumento de la respuesta implicaba la entrega de demasiada documentación en papel; empero, tras la presentación del recurso de revisión se demostró que toda la información cabía en una página.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra refirió que se han registrado casos similares, donde el argumento inicial para negar información es el volumen excesivo de material que implica la respuesta a una solicitud de información, y al final la entrega se pudo hacer en unas cuartillas, lo que además de ser una burla, ameritaría la presentación de una queja ante la Contraloría por la actuación dolosa de la Secretaría de Salud, petición ignorada y minimizada por los otros dos comisionados, Javier Fregoso y Federico González.
De hecho, las críticas arreciaron en Twitter especialmente en contra del segundo, al que se le identifica como cercano al gobernador Rafael Moreno Valle y al consejero del IFE, Alfredo Figueroa, quien en la misma red social descalificó e insultó a Lilia Vélez, representante de México Infórmate y de Amedi, por haber criticado lo ocurrido.
Es triste que un consejero electoral hable así de una dama y una académica destacada, independientemente de que el origen de la discusión haya sido una pifia más de la CAIP.
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Twitter: @JorgeMachucaL
