Utilizado de manera eficiente como hoja de ruta para acuerdos y reformas relevantes pero también como herramienta de propaganda gubernamental, el Pacto por México promovido por el Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta severos cuestionamientos por la falta de avances en materia de rendición de cuentas.
Entre lo aprobado y lo pospuesto en el Congreso, el Gobierno Federal vende en emisiones radiofónicas y en televisión anuncios como el relacionado con la reforma en materia educativa en donde se afirma que gracias a ésta los mexicanos ya tienen acceso a una educación de calidad. Nada más lejos de la realidad cuando se sabe que los cambios constitucionales, fundamentales para modificar ciertas prácticas, requieren aún de leyes secundarias pero sobretodo de cambios de cultura y prácticas que permitan frenar abusos en el manejo de los recursos y atacar el problema de raíz (como la excesiva presencia del SNTE en la estructura orgánica de la SEP).
El efecto político sin embargo es contundente. En la percepción general, el actual gobierno sí planea, sí acuerda, sí avanza en su agenda. ¿Qué lugar ocupa ahora, en esa agenda, el combate a la corrupción?
A cuatro meses de haber iniciado su gobierno, Enrique Peña Nieto ha modificado el discurso y la prioridad que inicialmente le dio al tema de combate a la corrupción. De los tres proyectos anunciados meses después de su elección: el relacionado con la contratación de publicidad oficial, el de la creación del a Comisión Anticorrupción y el relativo a la ampliación de las facultades del IFAI, ninguno ha logrado concretarse.
Del primer proyecto no se habla ya en los medios ni aparece en las agendas de los legisladores. La reforma en telecomunicaciones discutida y presentada en el Congreso vino a opacar el debate acerca de la publicidad oficial tan presente a lo largo de la pasada elección federal. El tema no es secundario principalmente porque en este año se celebran elecciones en 14 entidades de la República, de las cuales 10 cuentan con gobernadores del PRI, 1 del PAN y 3 provienen de coaliciones. El uso y abuso de los recursos públicos con fines electorales será seguramente un aspecto crucial a monitorear y transparentar.
En lo referente a la Comisión Nacional Anticorrupción, el proyecto se encuentra en comisiones del Senado. A pesar de las consultas realizadas por los Senadores el proyecto aún no se dictamina. Con esto, el nuevo diseño de la Administración Pública Federal no logra concretarse ya que según la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, las funciones de la Secretaría de la Función Pública serán absorbidas por la Secretaría de Hacienda y por la aún inexistente Comisión. La SFP, llamada “dependencia zombie” ni existe plenamente ni puede dejar de existir.
Finalmente la reforma en materia de transparencia se encuentra detenida en la Cámara de Diputados y ante la incertidumbre, al interior del IFAI continúan las tensiones entre los comisionados lo cual debilita y daña la imagen pública de la institución.
Un aspecto adicional es lo referente a las medidas anunciadas para regular y acotar el endeudamiento de estados y municipios. Aunque diversas fuerzas políticas han presentado iniciativas que apuntan a una mayor vigilancia y fiscalización de recursos, el asunto dejó de ser prioritario y sin embargo, semana tras semana hay un nuevo escándalo de desvío de recursos o malversación en las entidades.
El combate a la corrupción no ha dejado de estar en la agenda de los ciudadanos pero ¿estará realmente presente en la agenda del Gobierno?.
