El IFAI presentó, hace apenas unos días, su noveno informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Es la única institución que puede acreditarse, con buenos argumentos, como un producto puro del cambio democrático de México —todo lo demás ha sido herencia, concesión, negociación o frustración. El IFAI se creó a finales del 2002, comenzó a operar a la mitad del 2003, impulsó la reforma constitucional del 2007 y asumió la protección de datos personales en el 2010. En una década, ha conseguido establecer la importancia de la transparencia y del acceso a la información pública en México y se ha ganado a pulso el reconocimiento de la comunidad que se ocupa de este tema. Es una de las pocas instituciones públicas de las que podemos sentirnos orgullosos.

Pero tampoco ha salido indemne del periodo de ruptura y desencanto que ha anulado las mejores expectativas de nuestra transición. A pesar de haber sido la institución que concibió e hizo posible la reforma constitucional que fijó el acceso a la información pública como un derecho fundamental de las personas, todavía sigue esperando la aprobación de las normas legales que consoliden la garantía de ese derecho en el plano federal. La Legislatura pasada no sólo frenó esas reformas, sino que lo hizo en abierto desacato a los plazos constitucionales.

Algo que debió ocurrir desde el año 2008 sigue esperando turno entre las frágiles voluntades de los legisladores mexicanos quienes, como ya sabemos, pueden saltar por encima de esos plazos sin recibir castigo alguno, cobijados por la más absoluta impunidad.

En el camino, el IFAI ha enfrentado la oposición frontal del gobierno de Felipe Calderón a abrir la información, por lo menos, en dos áreas muy sensibles: la procuración de justicia y el sistema de administración fiscal. En el informe del IFAI se relatan las batallas que esa institución ha tenido que librar para derrotar juicios de amparo tramposamente levantados para obstaculizar el cumplimiento del derecho a saber y, de paso, para impedir que otro tribunal sin facultades para decidir sobre este tema —el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa— pretenda levantarse como árbitro de las decisiones del IFAI.

El IFAI no ha caminado solo. Animado, vigilado y apoyado por las organizaciones de la sociedad civil que han convertido el derecho a saber en su bandera principal, ha intentado abrir la información sobre averiguaciones previas definitivamente concluidas y sobre la cancelación de créditos fiscales otorgada por el SAT —de la mano de Fundar, la organización civil que ha promovido ese derecho como nadie— sin que hasta la fecha haya tenido éxito. El caso del SAT, que se niega a dar cuenta sobre los beneficiarios de casi 74 mil millones de pesos “perdonados” en créditos fiscales, ha ido hasta la Suprema Corte de Justicia para confirmar la prevalencia del derecho a saber sobre las razones del secreto. Pero los vericuetos construidos por los abogados del “lado oscuro” todavía no han sido derrotados por completo (como tampoco ha sido tocada la vergüenza de los funcionarios que se niegan a revelar esos secretos).

Pero lo más lamentable ha sido, acaso, la impunidad auspiciada por la Función Pública que alcanza ya 96% de los casos. El IFAI dice que de 2004 a 2011 ha presentado un total de 77 denuncias por incumplimiento; 18 ante las contralorías competentes y 59 ante Función Pública. De estos últimos, 21 expedientes están en trámite y en otros 36 se determinó que no existían “elementos suficientes para acreditar responsabilidad (…pues) de manera reiterada, la SFP ha sido omisa en comprender que en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la LFTAIPG, el solo incumplimiento a una resolución emitida por este instituto debe ser considerado grave”.

El IFAI no ha tenido paso franco este sexenio y sospecho que tampoco lo tendrá en el siguiente. Pero no podemos darnos el lujo de perderlo: es una joya de la transición.