El concepto jurídico de “omisión legislativa” o “inconstitucionalidad por omisión” es algo que los expertos aún no dirimen plenamente, sin embargo desde el sentido común, podemos entenderlo como la falta de cumplimiento del poder legislativo con un ordenamiento establecido en la constitución, ya sea la general de la república o de las entidades federativas.

De ahí que vemos cómo, en el caso de la reforma en materia de transparencia del 2014, se ordenaba que para cierta fecha tendrían que estar aprobadas las tres leyes generales relativas al acceso a la información, a la protección de los datos personales y a los archivos; sin embargo el legislativo no cumplió con dicho plazo y por lo tanto, según nuestro entender caen en esa omisión legislativa.

En otros términos, no cumplen con lo que la constitución les ordena hacer y por lo tanto provocan problemas u obstáculos al ejercicio de tales derechos fundamentales.

Unos de los asuntos que hasta parecen “favoritos” de los legisladores, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, para caer en esta situación, es la designación de funcionarios de órganos autónomos.

Y precisamente esa es la lamentable situación del órgano garante del DAI y de la protección de los datos personales en la ahora llamada Ciudad de México.

Resulta que cuatro de los cinco comisionados en funciones, nombrados todos ellos, en marzo de 2012  cumplieron su encargo el pasado marzo y la Asamblea Legislativa no nombró a sus relevos correspondientes, por lo que el todavía llamado INFODF se quedó con una Comisionada integrante del pleno, que sola no puede sesionar.

En tal sentido los recursos de revisión, unos 589 se dice, para sólo hablar de la tarea sustantiva del órgano, presentados por personas que no quedaron conformes con las respuestas que los Sujetos Obligados, o que no recibieron tal información, no han sido resueltos. E incluso el INAI (como evidencia del centralismo imperante) ha tenido que atraer 74 de ellos, ilegalmente opino yo, con el desacuerdo mesurado del Comisionado Joel Salas; el cual por cierto contrasta con el casi júbilo mostrado por el ínclito Comisionado Presidente, Acuña, al definir su decisión como “histórica”.  Cabría preguntarle a los Comisionado del INAI, por qué no procedieron en los mismos términos con los recursos demorados en el caso del conflicto del órgano garante en Tlaxcala que inició con el año, que se agudizó durante los primeros tres meses y que incluso ya está judicializado.

El caso es que por disputas partidistas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y la distracción que resulta el proceso electoral federal y local, los legisladores de dicha instancia no han cumplido con su deber constitucional de nombrar a los comisionados. Y con ello provocar una crisis, que ha llegado también al escándalo de confrontar a la única comisionada en funciones, Bibiana Peralta con dos de sus (ex) compañeros, David Mondragón y  Luis Fernando Sánchez Nava, que con un acuerdo ocurrente del diputado perredista, Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, pretenden, considero yo que con ánimo de ayudar, reincorporarse a sus funciones.

Cosa que Bibiana Peralta y otros actores, consideran ilegal.  Incluso que los susodichos puedan ser acusados de usurpación de funciones.  La salida rápida al problema, no precisamente la mejor, sería, tal como lo señala Mucio Hernández, ex comisionado presidente del órgano, que el pleno de la Asamblea tomará una decisión provisional al respecto, en tanto se aprueba el dictamen de los nuevos nombramientos, que siendo realistas, parece que ocurriría penosamente después de la jornada electoral del 1 de julio.

El Sistema Nacional de Transparencia, insistimos, por su carácter centralista diseñado en la reforma constitucional por diputados, senadores y estudiosos en la materia que desprecian el federalismo; muestra así sus fisuras en el ámbito local, desde la ciudad emblema del centralismo creado durante el Priato y que la transición a la democracia no pudo encaminar correctamente.

El caso del INFODF, como el de Tlaxcala y otros órganos garantes locales que abierta o soterradamente tienen estos problemas, es gracias a la omisión (irresponsabilidad también podríamos llamarla) legislativa, a la que quieren que nos acostumbremos como algo “normal”.

Alguna sanción, si no judicial, por lo menos político electoral debiera aplicarse a estas personas que nos piden nuestro voto para representarnos y hacer un trabajo que a la hora buena no cumplen.

Mucho hay todavía por cambiar en este golpeado país.

E mail: ccirior@yahoo.com.mx

twiter: @ccirior