Lo primero que pensamos al leer el artículo de Manuel García (@economanu) en el SDPNoticias, titulado “¿Transparencia o cacería de brujas en México?” fue plantearnos la duda que da título a la reflexión de hoy. Sobre todo porque en dicho texto de marras, prácticamente se califica de irresponsable al Comisionado Joel Salas Suarez.

Digamos que la acusación va al grado de insinuar una especie de macartismo mexicano contra la empresa española de la construcción, con el que se realizaría una persecución de la misma por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), tal como si fuera un oponente político y en nombre de la transparencia.

Conociendo, porque seguimos puntualmente su trabajo, la seriedad de Salas, lo primero que concluimos es que con la propuesta de su ponencia, respecto a una resolución del pleno, en un caso en el que se encuentra involucrada OHL, digamos que en un papel de tercero interesado; se deteriora aún más su imagen por su supuesto involucramiento en hechos de corrupción, que recientemente salieron a la luz pública.

Pero veamos, o más bien citemos el artículo mencionado arriba, para ubicarnos y luego contrastemos dicho punto de vista y opinión, con el posicionamiento formal en el pleno del INAI.

Dice el articulista que hay en tal órgano garante, quienes “malinterpretan a su conveniencia las disposiciones legales que surgieron de un justo reclamo popular, y salen no a propiciar transparencia sino a una cacería de brujas.” Desde luego la piedra lanzada no necesita que se esconda la mano, puesto que en ningún momento se dan elementos para entender la hipotética “conveniencia”, es decir la utilidad o provecho, del Comisionado.

Ya que en el siguiente párrafo se menciona directamente que Joel Salas, como ponente de la resolución, cosa que “lamentan”, propone que “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abra expedientes que originalmente había declarado como reservados en torno a una investigación en trámite en contra de la empresa OHL…” Y lo acusa de que “repite acusaciones infundadas o no confirmadas por autoridad alguna, que los medios han emitido en los últimos meses, y sugiere, sin más argumento que el de la sospecha, que el consorcio español “puede ser” parte de la corrupción en el país y es mejor aplicarle la vacuna de la transparencia.”

Hay que reconocer que el discurso está medianamente bien pensado, ya que de lo que se trata es de defenderse.

Pero, si revisamos el “Posicionamiento Recurso Vs. @cnbvmx sobre auditorías a empresa constructora OHL, sospechosa de corrupción”, aprobado por unanimidad del pleno en su sesión del miércoles 17 de febrero pasado; está claro que no hay ninguna “cacería de brujas” y sí un resolutivo apegado a la ley.

Ello porque el analista pro OHL, se queda sólo en, y descontextualizando, lo que se dice respecto a la “relevancia del caso”. Mientras que lo que realmente resulta importante es el “Posicionamiento” que dice que la ponencia “realizó un requerimiento de información adicional y un acceso a la información clasificada. De estos ejercicios se desprende que la CNBV cuenta con documentos que responden a la solicitud de información del hoy recurrente… (actas) en las cuales se hizo constar la entrega de información requerida a la empresa OHL México.”

Aun analizando dicha información, la ponenia considera que “el agravio del particular es parcialmente fundado porque no existen elementos para justificar la clasificación de la información, pero sí la confidencialidad de datos personales.”

Entonces lo que realmente le ha molestado a OHL es que se ordena “MODIFICAR la respuesta de la CNBV e instruirle elaborar una versión pública de los documentos requeridos por el particular: 1) Acta de inicio de visita, de fecha 8 de mayo de 2015, 2) Acta parcial de fecha 13 de mayo de 2015, 3) Acta parcial de fecha 4 de junio de 2015, y 4) Acta de conclusión de visita de fecha 20 de julio de 2015; en las cuales elimine los datos personales que obren en las mismas…”

¿Qué información hay en dichas actas que a los directivos de OHL México, les preocupa tanto que los mexicanos sepamos? ¿En qué sentido la misma puede afectar aún más la credibilidad no sólo de la empresa, sino de algunos gobiernos estatales como el del Estado de México o el mismo gobierno federal? Ahí están las preguntas incómodas que el DAI posibilita y hace que el fantasma de una auténtica rendición de cuentas espante tanto a los involucrados en la corrupción endémica mexicana.

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