Ante el éxito de la candidatura no partidista de Jaime Rodríguez, El Bronco, para la gubernatura de Nuevo León, los Congresos de diversos estados donde habrá elecciones para gobernador en 2016 aumentan los requisitos para el registro de ese tipo de postulaciones o establecen normas que garantizan que tales aspirantes competirán en condiciones muy desventajosas.
El Congreso de Chihuahua aprobó reformas a la Constitución de la entidad para obligar a quienes quieran postularse como candidatos independientes a renunciar, al menos tres años antes, a su militancia partidista; no obtendrán el registro quienes hayan participado en algún proceso de selección interna en la elección previa (local y federal) o en el proceso en curso. Es decir, la idea es impedir la participación de quienes son bloqueados al interior de sus partidos políticos.
Según la declaración del diputado priista Fernando Reyes, “se consideró en la discusión que había que demostrar la verdadera independencia… Apetecería a mucha gente ‘brincar’ de los partidos políticos de inmediato a hacerse ‘independientes’, entre comillas, utilizando la estructura de los partidos y la ruptura que pudieran generar”. Si esa normativa hubiese estado presente en Nuevo León, Rodríguez no habría podido participar.
A su vez, el Congreso del estado de Veracruz aprobó un nuevo Código Electoral según el cual los aspirantes a candidatos independientes a gobernador tendrán que recabar la firma de 3% de quienes se hallan inscritos en la lista nominal de electores, además de incluir al menos 2% de los ciudadanos de cada distrito o ayuntamiento; en el caso de los diputados locales, la distribución es de 2% de cada uno de los municipios que integren el distrito; y en el de los ayuntamientos, por lo menos en la mitad de las secciones electorales que conformen el municipio.
Por lo que toca a los candidatos independientes a presidente municipal y síndico, ya no incluirán a toda la planilla, pues el cabildo se integrará en forma proporcional a la votación que hayan recibido los partidos o coaliciones que participen. Así, en caso de que un candidato independiente obtenga la mayoría, no contará con ningún regidor en el cabildo.
Adicionalmente, para distribuir el financiamiento público a los candidatos independientes el Código retoma la fórmula federal; pero sí precisa que el límite del financiamiento privado es 10% de tope de gastos de campaña de la elección respectiva, con lo cual aquéllos contenderán en condiciones claramente inequitativas.
Aunque no recientemente, la legislación de Durango, entidad donde también se elegirá gobernador el próximo año –de acuerdo con Mario Pozo, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese estado–, incluye entre los requisitos para ser candidato independiente el no haber sido registrado como candidato por algún partido, no haber desempeñado cargos de elección popular, en calidad de propietario, suplente o provisional, así como no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún organismo político en los tres años inmediatos anteriores a la postulación.
El próximo año se elegirán gobernadores, alcaldes y Congresos locales en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y, en Baja California, alcaldes y Congreso. Dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las reformas electorales tienen que entrar en vigor 90 días antes del inicio del proceso, dependiendo de cuándo comiencen los procesos electorales en cada una de las entidades (ya que van desde septiembre de este año, en Zacatecas, hasta febrero del 2016, en Puebla), todavía habrá legislaturas estatales que harán sus adecuaciones para incrementar los requisitos o ensanchar la inequidad en las condiciones de la competencia.
Lo cierto es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán la última palabra respecto a varias de estas reformas; la Corte, cuando exista algún partido político que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de estas normas, como intenta hacer el Partido Acción Nacional en el caso de las reformas de Chihuahua y Veracruz; el Tribunal, cuando los candidatos independientes que sean rechazados por las instancias administrativas recurran dichas decisiones.
Un buen precedente, en este último caso, es el de Benjamín de la Rosa Escalante, candidato independiente al gobierno de Baja California Sur, quien en la última semana de mayo de este año consiguió una resolución favorable de la Sala Superior porque consideró que solicitar el respaldo de 4% de los electores inscritos en la lista nominal, como hace la legislación de BCS, es desproporcionado, y la Sala ordenó registrarlo con 2.51% que había logrado reunir. Lo lamentable es que la resolución del Tribunal ya no tuvo ninguna repercusión sobre el proceso electoral, pues fue tan tardía (una semana antes de la jornada del pasado 7 de junio) que su campaña ya no logró ningún impacto.
Ante los resultados de los comicios del pasado 7 de junio, que indican un claro rechazo a los partidos, especialmente a los de mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD), sus grupos parlamentarios en los Congresos estatales reaccionan defensivamente y pretenden dificultar todavía más las posibilidades de éxito a las candidaturas independientes.
Lamentablemente, el ciudadano se encuentra indefenso frente a los atropellos de los legisladores, pues la Constitución no prevé ningún recurso que le permita cuestionar la constitucionalidad de las nuevas normas. (Ésta es otra de las asignaturas pendientes de una auténtica reforma del Estado.)
La ausencia absoluta de autocrítica de los líderes de los partidos es una muestra más de su ineptitud para iniciar la renovación que les permita recuperar su capacidad de interlocución con la ciudadanía; en lugar de optar por un proceso de transformación interna, decidieron intentar debilitar la figura que ellos consideran su principal enemigo: las candidaturas independientes.
Sin embargo, los legisladores deben tomar en cuenta que después de que ellos aprueben sus reformas, la ciudadanía tendrá nuevamente la palabra en los 13 procesos electorales locales del próximo año.
Fuente: Proceso
