La semana pasada en una sesión ordinaria, nocturna y en la soledad con sus asesores y sin ciudadanos, el congreso del estado aprobó la ley de transparencia para el estado de Oaxaca. Esta aprobación no tuvo ningún ejercicio ciudadano de discusión, ninguna de apertura de las distintas iniciativas, ningún debate de ideas y propuestas, ninguna invitación para alcanzar consenso.

A decir de los integrantes de las Comisiones Unidas Permanentes de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Instructora y la de Administración de Justicia: “… la aprobación de la citada ley fue resultado del dialogo, los consensos y la suma de voluntades, de las y los legisladores de todos los partidos políticos representados en la LXII Legislatura…”. Reconozco que es un hecho insólito, la aprobaron por unanimidad, claro, en la oscuridad e interior del congreso. Dicho de otra manera a puerta cerrada. Y cómo no, si varios de ellos y ellas ya colocaron a sus familiares e incondicionales en los puestos de mandos medios del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información. Otra vez, tenemos un órgano garante acotado.

Según declaraciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Instructora, María Luisa Matus Fuentes: “…las Comisiones Unidas trabajaron y analizaron detenidamente  la iniciativa de Ley presentada por el Órgano de Transparencia, así como con otras iniciativas que fueron presentadas respecto al mismo tema…”. Mediante solicitud de información con folio 19491 se ha solicitado el dictamen correspondiente para que se puedan corroborar los dichos con los hechos. Queremos adentrarnos al consenso y discusión que tuvieron nuestros representantes al interior de las comisiones. Al día de hoy, el dictamen no está a disposición del público, a pesar que se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia. Más a pesar que fue una sesión ordinaria “pública”. La información de decretos emitidos por nuestro congreso local, está actualizada al 31 de diciembre del año pasado.

No sabemos qué aprobaron, no sabemos cuándo estará listo el dictamen que supuestamente aprobó el pleno, no sabemos cuándo el gobernador hará la publicación en el periódico oficial del gobierno del estado, no sabemos cuándo entrará en vigor. Solo ellos lo saben.

La ley aprobada tendrá sus asegunes y a lo mejor terminará siendo impugnada por el INAI.

Entre la información reservada fue colocada la que comprometa la seguridad pública estatal o municipal. A pesar que en Oaxaca los feminicidios van a la alza, a pesar que tasa de robo de vehículos permanece estancada.

Otra más, la que afecte la recaudación de las contribuciones. La transparencia entre quienes pagan impuestos, entre quienes reciben beneficios y entre quienes no pagan; seguirá en la opacidad.

La que por disposición expresa de otra ley tenga tal carácter. La ley de fiscalización vigente en nuestro estado señala que todo el proceso administrativo de las auditorías que realice la Auditoría Superior del Estado será reservado y confidencial. Esto pone en entredicho a esta ley, quedará a la par de la de fiscalización. En otras palabras, no habrá supremacía, estará difícil saber a qué funcionario se le inició un proceso de responsabilidad administrativa y cuántos fueron sancionados económicamente o inhabilitados. Tampoco se sabrá el quebranto de la hacienda pública de nuestro estado por la ineficiencia o corrupción de servidores públicos. Flaco favor se le está haciendo a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

El Instituto no arriesgo su presupuesto, establece que haga o no haga nada, su presupuesto será irreductible, no podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior. La gestión por resultados tendrá que esperar, los indicadores de cumplimiento no serán vinculatorios.

En el mismo sentido, la profesionalización del instituto quedará a lo que se establezca en su reglamento interno, es decir, a discreción de los comisionados. Esto es una mala señal para quitarse las cuotas partidistas, para ganar autonomía verdadera.

El proceso para denunciar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, es largo y enfadoso. No hay voluntad para que los sujetos obligados cumplan de manera inmediata y expedita sus obligaciones de transparencia. El procedimiento se antoja muy favorable para que el sujeto obligado con toda la velocidad de la calma, coloque la información en el día perentorio y deje al ciudadano callado y sin ganas de poner otra denuncia.

Las sanciones para los dirigentes o funcionarios de los partidos políticos, quedarán a lo que la autoridad electoral en el estado determine, es decir, se colocará en las negociaciones políticas. El derecho al acceso a la información se verá afectado.

Lo que es de aplaudirse, es que el nuevo modelo de designación de los Comisionados, abre la puerta para que se exija la renovación de los actuales comisionados. El proceso mediante el cual fueron designados, es contrario al espíritu de esta nueva ley, es violatorio. El Consejo Consultivo Ciudadano tendrá que alzar la voz de esta exigencia.

Esperaremos a que se publique la ley de transparencia para someterla a un escrutinio verdadero y favorable para la ciudadanía. Otra vez, nuestro congreso nos jugo chueco, tuvo miedo para discutir, tuvo miedo para abrir las puertas a la ciudadanía informada, tuvo miedo para dialogar con la academia.

Es cuanto, ciudadanos y ciudadanas.