Entrevista a Lourdes Morales Canales | Coordinadora de Red de Rendición de Cuentas | Exclusiva Siempre!

 quote Lo peor es continuar con instituciones desprestigiadas.

 

Lo peor que nos podría pasar es continuar con instituciones desprestigiadas e invertir recursos, tiempo y diseños en un andamiaje destinado al fracaso o que tiene las manos amarradas en la lucha contra la corrupción, asegura a Siempre! la doctora en ciencia política del CIDE, Lourdes Morales Canales.

La también coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, organización que participa en la iniciativa ciudadana Tres de Tres que fue entregada al Senado de la República, habla de los objetivos de la iniciativa y la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana mediante la transformación de políticos y funcionarios del país.

¿En qué consiste la iniciativa 3 de 3?

Es una de las piezas legislativas que deben de aprobarse para hacer funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción y que se refiere a la Ley General de Responsabilidades Públicas. En el Senado se han presentado 16 propuestas que forman parte de este paquete por parte de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN, PRD, y queremos que al dictaminar todas estas leyes y en el debate parlamentario fluyan parte de estas propuestas elaboradas bajo el nombre de 3 de 3.

¿Puntos fundamentales?

Primero, se rediseña un nuevo sistema de responsabilidades públicas para los funcionarios y se distinguen las conductas graves de las no graves. Entre la conductas clasificadas como de corrupción está el abuso de autoridad, la obstrucción de la justicia, el soborno o el enriquecimiento oculto. Se busca la promoción de una política de integridad orientada a la prevención que incluye no sólo a entes del sector privado que tienen que ver con el gobierno, sino a otros actores que ejercen actos de autoridad; está el fortalecimiento de las facultades de investigación así como la figura del testigo protegido o el informante para integración de investigaciones.

Motivar a los funcionarios

También está la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, por eso se le llamó 3 de 3, pero que va mucho más allá; y se le llamó así porque el origen de esta iniciativa la manejaron Transparencia Mexicana y el IMCO, en las elecciones de 2015, para motivar a los funcionarios a que hicieran públicas estas tres declaraciones. Se propone que no sólo se hagan mecanismos públicos de las declaraciones públicas sino también mecanismos de verificación del contenido.

Cuando diseñaron esta iniciativa, ¿cuál fue el sentir en el sector político, empresarial?

Se tiene que diseñar el entramado institucional normativo de manera diferente a lo que vemos en el país para evitar los casos de impunidad y corrupción existentes. Se abordó bajo tres premisas: uno, la corrupción es un problema que suele suceder en redes, no sólo es cuestión de individuos sino también de personas que no son forzosamente del sector público y para combatirla de manera eficiente se tiene que desmantelar.

Dos, se debe de fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, nos referimos a las prácticas internacionalmente probadas según las cuales si se carga a una sola instancia pública el combate a la corrupción, además de que a otras se les quitan responsabilidades, lo hacen vulnerable a la captura política.

Tres, hay que generar rutas para corrección de las prácticas de corrupción, sí hoy tenemos el caso Moreira hay que ver todos los actores que intervinieron en la aprobación de la deuda, el daño que se generó, y se contempla el resarcimiento del daño, es algo que no se menciona. Tiene que ver con lo que llamamos la corrección con la inteligencia institucional para evitar que en el futuro se produzcan las mismas prácticas y las mismas conductas.

¿Cuál fue la reacción? en un principio se abrieron algunos foros el año pasado; y después de las elecciones, el tema como que se dejó de mencionar. Se tomó la decisión en el grupo de trabajo de optar por la vía de la iniciativa ciudadana, una herramienta que otorgó la reforma política para no sólo generar un debate en la sociedad sino también para generar las condiciones de exigencia social para que no se hiciera una reforma cosmética, evitar medidas simulatorias y que realmente se trate de tomar las mejores prácticas y medidas para combatir en serio la corrupción. Existe un convencimiento general de la sociedad de que es uno de los principales problemas que nos dañan y hay que enfrentarlo. Nosotros no tuvimos un Watergate —el escándalo que generó cambios permanentes en la administración de Estados Unidos— pero sí hemos tenido muchos pequeños escándalos que han generado el hartazgo ciudadano y la falta de credibilidad en la clase política.

Que se abran audiencias y discusiones

Hay senadores que ven la iniciativa con buenos ojos, que están dispuestos a abrir las puertas de la discusión; sin ir más lejos, los senadores Laura Rojas y Zoé Robledo dieron a conocer cuatro puntos de acuerdo para adoptar prácticas del seguimiento del proceso de discusión. Son cuatro puntos muy interesantes porque no sólo tienen que ver con la transparencia y la generación de herramientas que faciliten a la ciudadanía el seguimiento de la discusión sino también con la rendición de cuentas. Se propone que cuando se decida un tema polémico sobre otras propuestas, hay que decir por qué se está optando por esa ruta, además de que se abran audiencias y discusiones.

Sorprendió un poco que, luego de que no se había tratado el tema, se optara por la ruta de la iniciativa ciudadana y al Senado le entraron las prisas, sin embargo, creo que hay buena disposición y voluntad. Se hizo la entrega formal de las firmas y ahora la ruta normativa marca que el Instituto Nacional Electoral realizará la verificación para comprobar que detrás de cada firma hay personas de carne y hueso, con una credencial electoral para que le diga al Congreso que todo está en orden y que debe recibir la propuesta. ¿Para que nos alcanza? Para que la iniciativa sea dictaminada por los senadores.

¿Qué nos gustaría?, además de que la acepten y que el INE se pronuncie sobre la veracidad de las firmas, el que a partir de nuestra Constitución en su artículo primero —reconoce derechos fundamentales— y a partir del dictamen que dio origen a la iniciativa ciudadana y de las prácticas del gobierno abierto que suscribió México, que no sólo se abra el proceso al seguimiento ciudadano para evitar acuerdos en lo oscurito, sino que también permita al grupo de organizaciones que promovió la iniciativa tener una interlocución y una representación en estas discusiones.

Ya no hay marcha atrás, el nivel de discusión pública y la movilización, han sido impresionantes. Veo muy difícil que ignoren este momento político; ya se hizo la entrega formal, ahora que la acepten, que la dictaminen y que se tomen en cuenta los cuatro puntos de acuerdo que han promovido los senadores, para hacer de este proceso lo más legítimo y trasparente que necesitamos.

Lo peor que nos podría pasar es continuar con instituciones desprestigiadas e invertir recursos, tiempo y diseños en un andamiaje destinado al fracaso o que tiene las manos amarradas. Hay que estar alertas.

Fuente: Siempre!