Este proceso es importante para la democracia y para todos los mexicanos.
El pasado 24 de febrero, medios de comunicación reportaron que la Cámara de Diputados estaba ocultando diversos contenidos de información sobre el registro de aspirantes a consejeros electorales, como los nombres de los candidatos, sus trayectorias profesionales; hoy, ante la exigencia de la sociedad, la lista de candidatos fue publicada por la Cámara de Diputados, lo que reafirma que en este proceso la transparencia debe ser la guía; no se debe modificar en la opacidad el instituto electoral ni las reglas que sostienen nuestro sistema para votar y ser votados.
El tema es de máximo interés público, y es imposible separarlo de la intensa discusión y posterior aprobación del llamado “plan b” electoral que ha marcado la agenda nacional desde diciembre de 2022. Existe una preocupación real y argumentada por especialistas en la materia sobre el debilitamiento del INE, así como su posible captura partidista. Como lo he mencionado en otros espacios, que se mine el servicio profesional electoral debe poner en alerta a la población, pues los organismos autónomos necesitamos personal técnico y capacitado para realizar nuestras funciones constitucionales de la mejor manera, y no dejarlo a la suerte de una tómbola. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece ahora como la vía más clara en la cual se resolverá, tanto la reforma electoral (se están impugnando diversos artículos y debemos esperar el fallo del máximo tribunal del país), como el proceso para elegir a los cuatro nuevos consejeros mediante insaculación. Considero que la judicialización de la política –fenómeno cada vez más frecuente en nuestra democracia– debe ser la última acción por tomar, cuando todas las demás rutas se han agotado. El diálogo y la búsqueda por los consensos deben prevalecer en todo momento.
Cierro resaltando dos noticias. Primero, que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya modificado la convocatoria para elegir a cuatro nuevos consejeros electorales a efecto de que, en abril próximo, la presidencia del Consejo General del INE sea ocupada por una mujer. Como ocurrió hace unos meses con la elección de la Ministra Piña en la presidencia de la SCJN; que los máximos puestos de las instituciones del Estado sean encabezadas por mujeres competentes, es un signo positivo para la vida pública del país.
