La participación ciudadana debe establecerse como una política de Estado y no sólo como una decisión de gobierno, aseguró Ernesto Isunza, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Durante el segundo panel “Auditoría ciudadana y fiscalización para el combate a la corrupción y el ejercicio de derechos”, el académico destacó que se requieren de mecanismos que fomenten la articulación de la participación de la sociedad civil y la acción de las instancias gubernamentales, a fin de crear una “auditoría social”.
“Necesitamos que el gobierno establezca un compromiso para la inclusión de la participación ciudadana mediante la promoción de una reforma legal que permita la incidencia de la sociedad civil. Se requieren de mecanismos articulados para la creación de un gobierno representativo que genere sinergias entre una democracia participativa y una representativa”, apuntó.
Como parte del Séptimo Seminario Internacional “Retos de las Políticas Anticorrupción” Benjamín Fuentes Castro, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que uno de los principales retos es cómo devolver la confianza en la auditoría de recursos públicos en un contexto de desconfianza ciudadana, por lo que destacó la importancia de la sociedad civil para supervisar el destino del financiamiento gubernamental.
Detalló que la principal causa para el desvío de recursos son los controles inadecuados que permiten la falta de vigilancia sobre el presupuesto, además de perfiles del personal inadecuados y falta de capacitación, así como la carencia de infraestructura tecnológica para identificar estos excesos.
Fuentes Castro resaltó que en los últimos tres años se han realizado un promedio de mil 600 auditorías, con las cuales se busca generar información cualitativa sobre resultados de fiscalización, por lo que los responsables de estos procedimientos incorporan un nuevo enfoque para conocer las causas de estas problemáticas.
En este panel, en el que también participaron Renzo Lavin –director ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)- y Jonathon Oldmixon -director adjunto en el Servicio de Investigación y Auditorías Forenses de la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental de Estados Unidos de América (GAO por sus siglas en inglés)- se discutieron estrategias exitosas en la identificación de redes de corrupción, así como los retos que se enfrentan para lograr mecanismos de colaboración entre las instituciones que cuentan con la información para identificar patrones en para el desvío de recursos públicos.