El contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, criticó que en órganos del Estado mexicano prevalezcan funcionarios que piden “moches” a cambio de favores; realizan viajes innecesarios a costa del erario; se auto asignan sueldos o promueven el “avanzar transando”.
Planteó un escenario del que no se ha podido erradicar la corrupción en el país, y propuso por ello reformas que permitan la auditoria efectiva de los recursos públicos sin que sea nugatoria la imposición de sanciones o prevalezca la impunidad.
Guerrero presentó su libro Modelo de una Contraloría General en un órgano constitucional autónomo, en el IFE, acompañado del consejero presidente del Instituto, Marco Antonio Baños; del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, del encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública Julián Alfonso Olivas Ugalde, y del politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El contralor pidió al Poder Legislativo impulsar contralorías autónomas, cuya característica principal es que los auditores, al ser nombrados por la Cámara de Diputados y no removibles -salvo por causa grave- pueden actuar y hacer señalamientos en libertad, “sin que su permanencia laboral esté en juego”.
De manera particular se pronunció por impulsar este tipo de instancias autónomas en todas las dependencias y entidades de la administración pública, pues, por el contrario, en las reformas por las que se creó el órgano anticorrupción no se prevé tal autonomía.
Propone establecer órganos de control en dependencias autónomas
Se establece ahí que los responsables de los Órganos Internos de Control (OIC) de todas las dependencias “sean nombrados por sus titulares, esquema que no comparto”.
Así, propuso contralorías generales autónomas en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el Banco de México y el ISSSTE.
Colocó a la autonomía del auditor en el centro de su propuestas para garantizar una fiscalización efectiva, pero destacó también el perfil del fiscalizador; el fortalecimiento de las tareas de auditoria; la revisión de criterios en el fincamiento de sanciones, claridad en plazos y procedimientos para impugnar, además de infraestructura tecnológica.
Además de las capacidades técnicas el auditor, recomendó, no debe pretender el “lucimiento político”, ver a las contralorías como agencia de colocación o medio para hacer amistades…
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