Durante meses se estuvo gestionando esta ley y vale la pena reconocer el esfuerzo realizado entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y los grupos técnicos que, desde el Senado, estuvieron trabajando para contar con una ley que cumpliera con los mínimos necesarios para dar forma al Sistema de Archivos. La Ley aprobada en el Senado fue turnada en diciembre de 2017 a la Cámara de Diputados. Con esta nueva normativa se logra priorizar el trabajo técnico sobre los intereses políticos en materia de preservación de la información.
En medio de todos los pendientes y las decisiones polémicas que se han estado dando desde el Congreso, la aprobación de esta ley es un acierto y una deuda que se tenía con las instituciones públicas. La correcta gestión de la información garantiza la posibilidad de tener acceso a ella y posibilita que se pueda dar un seguimiento puntual a las acciones del gobierno. Sin duda, un buen manejo archivístico, permite identificar áreas sensibles, transformar prácticas administrativas y garantizar que las irregularidades sean documentadas y, en su caso, se puedan tener los elementos necesarios para fincar responsabilidades. Sin información, los Sistemas Nacionales de Fiscalización, Transparencia y Anticorrupción, difícilmente podrían cumplir con sus objetivos.
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas
