Una de las reformas que debe realizar México es la de pensiones, pero en esta época electoral no debería considerar regresar a un sistema de reparto como se tuvo en el pasado, pues no sería sostenible, indicó Monika Queisser, directora de división en política social de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“En este periodo electoral se debe analizar lo que se tuvo en el pasado, no se puede regresar a sistemas de pensiones públicos de reparto (…) No sería un sistema realista”, dijo al participar en el panel El Reto de las Pensiones y un Mercado Laboral más Inclusivo.
En el Foro OCDE México 2018: Un Futuro con Crecimiento e Inclusión, recordó que ante un alto crecimiento de la población de la tercera edad y la esperanza de vida, sería difícil pensar en un sistema de pensiones de beneficio definido.
Junto con otros expertos en la materia, coincidió en que para mejorar el sistema de pensiones y hacerlo más sostenible es necesario que se realice una reforma que venga acompañada de otros cambios en aspectos laborales y fiscales.
“La informalidad es el principal reto que enfrenta México, pues alrededor del 60% de su población se encuentra fuera de la formalidad, por lo que no contribuye a la seguridad social”, expuso.
Refirió que México tiene niveles de informalidad más altos que en países como Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina. “En 2005, México registró una ligera reducción de la informalidad, pero no se ha vuelto a percibir algo significativo a la baja. Entonces, vemos que se tienen que hacer replanteamientos en materia laboral para que más gente ahorre para su pensión”.
Mencionó que la situación empeora al observar que las mujeres que se ubican entre 19 y 24 años de edad se concentran en la informalidad laboral, y las que sí están en la formalidad, a partir de los 25 años dejan de cotizar por cuestiones familiares, con lo que no tienen una constante aportación a su ahorro del retiro.
Enrique Díaz-Infante, director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), agregó que, en materia fiscal, actualmente existe una presión sobre las finanzas públicas por el pago a pensiones y jubilaciones que se realiza cada año…
Nota completa en: El Economista