La Declaración del Grupo de Lima, suscrita por trece países latinoamericanos impugnando la legitimidad del nuevo mandato de gobierno de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, representa para México un desafiante dilema a su política exterior, ya que se abstuvo de respaldarla esgrimiendo una postura constitucional de no intervención, autodeterminación y soberanía de los Estados.
La política exterior mexicana enfrenta un escenario geopolítico complejo, producto de la polarización entre las grandes potencias, el debilitamiento de la Unión Europea y la nueva política exterior norteamericana, cuyo aislacionismo en manos de Donald Trump, ha generado una “Nueva Ley del Garrote”.
Adicionalmente, no se puede pasar por alto la derrota de Theresa May, Primer Ministro del Reino Unido, en torno al Brexit; tampoco se puede dejar de advertir la guerra de los aranceles entre Estados Unidos y China; ni la tensa relación entre el Gobierno de Vladimir Putin frente al gobierno de Washington, ante el desastre del Rusia Gate; y el ascenso de gobiernos como el de Jair Bolsonaro, en Brasil.
Esta álgida era geopolítica de la que México también es pieza fundamental, invita a reflexionar sobre los alcances de un Estado en transformación, frente a América Latina y, particularmente, a su relación con el vecino país del norte, que históricamente ha estado plagada de dificultades y tensiones diplomáticas, incluido el tratado de libre comercio TLCAN y su reciente refrendo el T-MEC.
En este contexto se debe cuestionar, ¿cuáles serán las líneas de acción política y las estrategias diplomáticas, que permitan recuperar el liderazgo regional de México y trascender la compleja relación con los Estados Unidos?
Al respecto la historia muestra que la Doctrina Juarista y la Doctrina Estrada, permitieron que la deliberación de México frente a otros gobiernos se fincara en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, bastión que le dio liderazgo regional y sobriedad internacional, garantizando un esquema de trabajo diplomático, centrado en esta geoestrategia, haciendo de la virtud axiológica del Estado, el sustento político viable y reconocido a nivel internacional.
En este sentido, vale la pena retrotraer la intachable conducta y la férrea decisión del Presidente Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera; la abierta declaración de México frente a la OEA de respetar la autodeterminación de Cuba y mantener relaciones diplomáticas, en un momento donde la guerra fría estaba en su clímax. Conductas trascendentes del Estado Mexicano que fincaron los valores de su diplomacia, cuya raíz histórica hizo una valiente y comprometida defensa del respeto al derecho ajeno, que tienen los pueblos en la construcción de su devenir.
Empero, después de los genocidios de Ruanda, Yugoslavia y Darfur, la comunidad internacional tiene nuevos paradigmas de protección humanitaria que exigen de México una postura contra la barbarie y la crisis que hoy vive Venezuela, por las violaciones a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, denunciados por el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
México debe asegurar que la gobernanza sea el reflejo de la estabilidad interna del país y garantizar sanos vínculos con el exterior. Lograr este objetivo impone mesura en el ejercicio de gobierno; voluntad política de los poderes públicos; predominio de la equidad política; respeto al juego de pesos y contrapesos, y armonía en la búsqueda de un sólo crisol, que conjugue los intereses superiores de la Nación.
Esta postura política debe rescatar al ciudadano como sujeto del Estado Democrático de Derecho. Nuestra Constitución Política, en su Título I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, protegen y amparan al tejido social para brindar desde la justicia las oportunidades de vida; la dinámica de un gobierno que no atropella a la sociedad, que respeta y hace respetar los derechos fundamentales y la dignidad humana, porque hace de la democracia el vínculo jurídico-político de la unión en la diversidad.
Sí, el mundo nos observa bajo estas premisas de acción política interna. La relación y los lazos internacionales se vuelven firmes, comprensivos y solidarios, porque las acciones gubernamentales se centran en la voz del pueblo que hace suya el gobierno sin fundamentalismos políticos, sectarismos partidistas o voluntarismo público, que secuestran a la sociedad y la enclaustran en el autoritarismo de Estado.
Venezuela es el contraejemplo de la vida democrática y debe ser lección suficiente para que México presente desde la sociedad civil organizada, la horizontalidad asociativista de una ciudadanía libre, abierta y plural, que encuentra en sus representantes populares, la interlocución fehaciente del quehacer público y la concreción de su tarea, no la revancha de quienes hacen a un lado la soberanía del pueblo y se sirven de ella. Ese es el reto de fondo de un país que se transforma para dignificar y no para amedrentar al ciudadano, como nos lo muestra el gobierno de Nicolás Maduro.
Es necesario trascender la maldad política que ha primado en México, producto de la corrupción e impunidad que ha extraviado al gobierno y defraudado al erario de la Nación.
Una democracia al garete, sin planificación ni arqueo ciudadano, hace del desarrollo y la seguridad humana una sórdida quimera. Esto lo evidencia el modelo rentístico petrolero de Venezuela, que pretendiendo amortizar el déficit democrático, otorga dádivas a costa de la ruina de su país.
La transformación política debe iniciar desde las entrañas institucionales para garantizar que la estructura orgánica del Estado, se erija en las arterias de una nueva sociedad, capaz, inteligente, consciente y dinámica, que derrote a la corrupción e impunidad y dignifique a los que menos tienen. Entonces y sólo entonces, desde el Bravo hasta el Suchiate, renacerá la Nación.
Agenda
- La Cámara de Diputados, con los 42 votos del PRI, aprobó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, con un mando administrativo civil y un mando operativo militar; sin embargo, MORENA no incluyó para su discusión y aprobación el artículo cuarto transitorio, que facultaba a las fuerzas armadas encargarse de la seguridad pública hasta que se consolide la Guardia Nacional, por lo que el Senado de la República reincorporará el texto de la iniciativa y lo regresará a la Cámara de Diputados.
- El Senado de la República eligió al Dr. Alejandro Gertz Manero como Primer Fiscal General de la República.
- Los lamentables hechos en Tlahuelilpan, cobraron la vida de más de medio centenar de personas y casi un centenar de lesionados. Mis respetuosas condolencias a los deudos.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://bit.ly/2pTqHZU
Correo: angelesceron@hotmail.com
