Por fin, en el estado en donde el Partido Acción Nacional (PAN) inició la alternancia en el Poder Ejecutivo en 1989, y en el que ha gobernado desde entonces, el derecho a la información cuenta ya con su Órgano Garante. Una buena noticia para cerca de 3 millones 155 mil mexicanos de Baja California. La mala, es que surge con una demora de casi mil 500 días, contados a partir del 21 de julio de 2007, en que entró en vigor la reforma al artículo sexto de nuestra Carta Magna, que sentó las bases y principios para homologar este derecho fundamental.
El pasado 1 de junio inició sus actividades el IBAIP: Instituto Bajacaliforniano de Acceso a la Información Pública. Únicamente faltaba la entidad en la que el PAN, con Ernesto Ruffo Appel, venció por primera vez en la historia a un candidato del PRI a gobernador. Ahora ya tenemos el cuadro completo con 32 institutos y comisiones trabajando en la república a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. La integración de la COMAIP también está completa.
Aquí le va el recuento legislativo. El 3 de agosto de 2010, la XIX Legislatura del Congreso del Estado conoce las iniciativas que pretenden reformar el artículo 7 de la Constitución Política de Baja California. Una enviada por el Gobernador y otra promovida por varios diputados. El dictamen es aprobado por unanimidad el 11 de septiembre de 2010 y el día 23 se hace la declaratoria respectiva, una vez que los cinco ayuntamientos le conceden el visto bueno.
Surge así el IBAIP, como un organismo constitucionalmente autónomo, el cual será integrado por tres Consejeros propietarios y un suplente. Durarán cuatro años en su encargo sin posibilidad de ser reelectos. El Gobernador los selecciona y los remite al Congreso del estado, a partir de una convocatoria a la sociedad y la evaluación previa que realiza una “Comisión Especial”. Se requiere la mayoría calificada del Pleno para su designación.
Una vez reformada la Constitución, se abre el espacio legislativo para aprobar por unanimidad la Ley de Transparencia, el 29 de septiembre de 2010. De esta manera y con la demora comentada, Baja California cumple con el mandato de la reforma al sexto constitucional, en donde se previó que la Federación, los 31 estados y el Distrito Federal, sintonizaran su legislación en la frecuencia de las bases y principios, tendientes a homologar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en México.
Se abrogó así la Ley de Acceso a la Información de agosto de 2005. También el Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual funcionó como una especie de Órgano Garante de carácter honorario. Un par de lecciones se desprenden con el nacimiento del IBAIP.
Una tiene que ver con la ausencia de consecuencias, por incumplir un mandato constitucional, como el de la reforma al artículo sexto, que deviene en “llamado a misa”: el plazo para actualizar las leyes fue de un año y en el caso de Baja California trascurrieron tres. Nada extraño, tomando en cuenta que el propio Congreso de la Unión acumula una demora cercana a los cuatro años en la reforma pendiente a la Ley Federal de Transparencia. Pésimo ejemplo que recuerda la demora, no menos importante, de tres Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).
La otra lección se localiza en el voto unánime cosechado tanto para aprobar la reforma constitucional como su ley reglamentaria: los mismos partidos políticos que en la Cámara de Diputados mantienen congelada la Minuta que reforma a la Ley Federal de Transparencia, en Baja California tienen la voluntad política necesaria para construir acuerdos y fortalecer esta misma asignatura. En este sentido, preocupa que el deshielo de la misma no forme parte del catálogo de prioridades del presidente Felipe Calderón Hinojosa, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
