Aunque México se destaca en transparencia fiscal a nivel regional y global, aún necesita avanzar en la participación ciudadana y la vigilancia presupuestaria para lograr una gestión pública más eficaz y confiable.
El día de ayer se dio a conocer la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA) 2023, la única herramienta independiente, a nivel que mundial, que evalúa diversos aspectos del ciclo presupuestario como la transparencia fiscal, la participación ciudadana y la vigilancia del gasto. De 125 países participantes, México se posicionó como el mejor evaluado en América Latina y el sexto lugar en la escala global.
En términos de transparencia, México obtuvo una calificación de 80 sobre 100 puntos, destacándose como un país con alta transparencia del gasto. Esta evaluación puede ser confirmada mediante el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, esta transparencia no se extiende a la información tributaria. Actualmente, existe poca claridad sobre los ingresos fiscales, particularmente en cuanto a la cantidad de impuestos que los contribuyentes más ricos dejan de pagar gracias a beneficios fiscales que son legales. La disponibilidad de esta información es crucial no solo para una mejor toma de decisiones y gasto por parte del gobierno, sino también para generar confianza en la población.
En cuanto a la participación ciudadana, México aún enfrenta retos significativos. Aunque se registró un incremento de 8 puntos respecto a la EPA 2021, alcanzando una calificación de 30 sobre 100, la ciudadanía sigue teniendo pocas oportunidades reales de influir en las distintas etapas del ciclo presupuestario. A pesar de la convocatoria anual de la Cámara de Diputados a un espacio de Parlamento Abierto para discutir el presupuesto, este se percibe como insuficiente debido a su brevedad, falta de formalidad y carácter no vinculante de las propuestas presentadas. La recomendación para el gobierno mexicano es implementar espacios formales de participación y asegurar que las propuestas ciudadanas sean debatidas y consideradas seriamente.
En el ámbito de la vigilancia del presupuesto, México obtuvo una calificación de 65 sobre 100, lo que indica que aún hay margen para mejoras. La EPA analiza el papel del Legislativo, específicamente la Comisión de Vigilancia del Presupuesto, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque ambas entidades tienen oportunidades de mejora, la voluntad para implementarlas es limitada. La recomendación para el Legislativo es fortalecer sus mecanismos de fiscalización para asegurar un seguimiento efectivo del gasto post-aprobación del presupuesto. Para la ASF, se sugiere garantizar que un organismo independiente revise los procesos de auditoría y fortalecer la supervisión y cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
A este respecto, la labor de la ASF ha sido ampliamente criticada por su débil desempeño, debido a los rezagos en las denuncias que debe interponer en materia de posibles desvíos de recursos y a los conflictos internos de la institución.
Aunque México se destaca en transparencia fiscal a nivel regional y global, aún necesita avanzar en la participación ciudadana y la vigilancia presupuestaria para lograr una gestión pública más eficaz y confiable.
* Paulina Castaño Acosta es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
