Hay una tendencia cada vez mayor a que el Estado intervenga en la vida interna de los partidos políticos para fortalecer su estructura organizativa y, sobre todo, para garantizar los derechos de sus militantes. Una mayor injerencia estatal pretende democratizar la vida de los partidos.
Esta tendencia ha roto con el principio clásico de autonomía de los partidos políticos que privilegiaba su libertad para organizarse y desplegar sus idearios y plataformas, dejando al margen al Estado. Sin embargo, la relevancia de sus funciones en tanto entidades de interés público, la complejidad de sus aparatos y el volumen de recursos públicos que administran, han ido reclamando una mayor regulación de su vida interna por parte del Estado.
Uno de los mecanismos de intervención más destacado ha sido el Juicio para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos, creado en 1996, que ha permitido atender inconformidades de militantes frente a lo que consideran violaciones de sus dirigentes a los procedimientos para acceder a una candidatura o a un cargo de dirección partidaria.
En esta misma lógica, la reforma constitucional en materia político-electoral de febrero de este año incorporó una nueva forma de injerencia Estatal, al prever que, a solicitud de un partido político, el INE organice sus elecciones internas para el relevo de sus dirigencias.
En este contexto, el 2 de mayo pasado el PRD presentó una solicitud al INE para que se encargue del proceso de relevo de 55 mil cargos partidarios a nivel nacional, estatal y municipal, exceptuando a la Presidencia y las secretarías generales que serán nombradas por el Consejo Nacional por método directo.
El objetivo que persigue el PRD es dotar de certidumbre y legitimidad a su proceso interno, depositándolo en manos de un árbitro externo, para no favorecer a alguna de sus corrientes. Se pretende evitar fricciones entre los grupos y candidatos en la contienda, o que al final, se desconozcan los resultados, como ya ha ocurrido en el pasado. En suma, se busca darle consistencia, eficacia e imparcialidad a la selección de los cuadros perredistas.
Al presentar la solicitud al INE, Jesús Zambrano, presidente del PRD, señaló que el partido otorgaba un voto de confianza a la autoridad electoral, pues le asignaba la responsabilidad de un evento interno de enorme relevancia.
Que un partido deposite en una entidad externa un proceso interno puede inyectar legitimidad a los resultados y dotar de estabilidad a la contienda y a la propia mecánica partidaria, empero, la decisión tiene implicaciones para la autoridad electoral.
Si consideramos las dificultades que hoy enfrentan los partidos para procesar armónicamente sus diferencias, entenderemos que dejar en la autoridad el desarrollo de sus procesos internos puede resultar en un traslado del partido a la autoridad de las fricciones, los reclamos y hasta la desautorización del árbitro.
Dicho de otra manera, que el INE organice la renovación de los cuadros dirigentes de un partido puede generar un severo cuestionamiento de la autoridad por parte de los grupos inconformes con los resultados.
Para que un proceso interno sea reconocido como válido por los contendientes es indispensable que las normas y mecanismos que lo regulan se respeten cabalmente y que se acepten los resultados que el proceso arroje. Estamos lejos de tener una cultura de apego a las reglas y a los procedimientos que acuerdan las fuerzas políticas, por ello es indispensable que la ley electoral que se discute en el Congreso establezca con precisión las responsabilidades de cada cual, a fin de que esta intervención del Estado en la vida de los partidos no genere un factor adicional de desconfianza en las instituciones de nuestra frágil democracia.
Fuente: El Universal
