Madrid tendrá un buzón anónimo de denuncias, enmarcado en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, y que “ni una con una orden judicial” se podría llegar a la persona que presenta esa denuncia, ha indicado el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto. Puede parecer una perogrullada, pero no lo es ya que España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción a nivel estatal. Por eso es más que habitual que los llamados ‘whistleblowers’ españoles sufran amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes o denuncias cruzadas, como le sucedió a Ana Garrido, testigo de la Gürtel.

Esta protección total forma parte de los cinco compromisos del segundo plan de Gobierno Abierto de Madrid, que ha presentado Soto en Medialab acompañado por dos delegados más, Nacho Murgui (Coordinación Territorial y Cooperación Püblico-Social) e Inés Sabanés (Medio Ambiente y Movilidad).

Este buzón de la oficina que dirige Carlos Granados asegurará técnicamente el anonimato de los alertantes, como prefiere Soto llamar a estas personas, empleando tecnología desarrollada por GlobaLeaks, un sistema de código abierto creado especialmente para enviar y recibir ficheros de manera segura por Internet.

El software funciona junto con el seguro cifrado PGP y el Navegador Tor, que permite usar Internet de manera anónima y no requiere de conocimientos previos de informática.

Pablo Soto ha indicado que uno de los elementos que han rodeado a los alertantes ha sido “la persecución policial y mediática” una vez denunciados los casos de corrupción. Ha puesto como ejemplos los casos de Chelsea Manning o de Edward Snowden. En España ha señalado que también se está investigando a quien ha denunciado las presuntas prácticas irregulares que se estaban llevando a cabo en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos…

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