Según presume el gobierno federal, la reforma educativa ha sido uno de los logros del primer año de gobierno de Peña Nieto. De acuerdo con la propaganda oficial, con la nueva legislación en la materia esa asignatura pendiente ha quedado finalmente aprobada. Sin embargo, con un poco que se rasque aquí o allá rápidamente se encuentran los faltantes y las malas hechuras de un proceso que apenas comienza y no de muy buena manera.
Los datos que ha arrojado el Censo de escuelas, maestros y alumnos de la educación básica, los lastres acumulados a lo largo de décadas en el sistema educativo mexicano son ingentes y no parece que buena parte de ellos se puedan resolver con el instrumental jurídico que se está desarrollando. Desde luego, más allá de la ley están las evidentes carencias y contrahechuras de la infraestructura, las cuales revelan errores graves de planeación y de implementación en la política de construcción y mantenimiento de escuelas. Sin duda, la inversión de recursos ha sido insuficiente para llevar una educación de calidad en condiciones dignas a todos los mexicanos, pero también es obvio que no ha sido eficiente el gasto ejercido y por las rendijas de escuelas ruinosas, construidas de manera precaria o sin servicios se asoma la omnipresente corrupción del Estado Mexicano.
Los datos del censo deberían conducir a una evaluación exhaustiva de cómo se han tomado las decisiones de gasto en infraestructura escolar y de quienes han sido los responsables de ese gasto. Es necesario también evaluar si el modelo de despliegue de la cobertura escolar ha sido el adecuado o si se debe modificar de acuerdo a los cambios en las redes de comunicación, tanto físicas como virtuales. ¿No sería mejor, por ejemplo, que en lugar de establecer miles de escuelas con grupos multigrado en comunidades aisladas se invirtiera en desarrollar un sistema eficiente de transporte escolar para trasladar a los alumnos de los poblados alejados a centros escolares con mejor infraestructura que aprovecharan economías de escala y contribuyeran de mejor manera a la integración regional de la población?
Es, entonces, en el sistema de planeación donde radica una de las reformas profundas que siguen pendientes en la educación mexicana. Los resultados del censo en cuestión de infraestructura escolar no deben servir sólo para rasgarse las vestiduras sino para hacer un balance crítico de la manera en la que se ha planeado y gastado en el sistema educativa a lo largo de varias décadas. Las condiciones del país de hoy, mucho mejor comunicado e integrado, son muy distintas a las de los tiempos en los que se comenzó a desplegar la cobertura educativa. El tipo de escuelas y de infraestructura necesarias hoy para que la educación sirva como principal palanca contra la desigualdad son muy distintas a las de hace siete décadas. ¿De verdad se debe seguir apostando por escuelas pequeñas en comunidades alejadas en lugar de concentrar a los estudiantes ahí donde hay mejores condiciones para dotarlos de conectividad y de servicios de alta calidad en escuelas bien construidas, con espacios deportivos, bibliotecas y comedores? Los resultados del censo abren esa y muchas otras preguntas que deben ser respondidas antes de echar las campanas al vuelo por la reforma lograda.
Al tiempo que se daba a conocer el censo realizado por el INEGI, se conocieron también las reformas a las legislaciones estatales de educación para “armonizarlas” con la reforma constitucional y con las nuevas leyes de servicio profesional docente y del sistema nacional de evaluación. Por lo visto, en la negociación política local el SNTE ha logrado revertir o atemperar muchos de los elementos que pudieran reducir su capacidad de control de la carrera de los profesores y de gestión del presupuesto educativo.
Si ya de por sí la Ley del servicio profesional docente había resultado fallida precisamente porque no construía un servicio de carácter nacional con un sistema de reclutamiento y de certificación parejo para todo el país, que obligara a ocupar cualquier plaza, ya fuera de nueva creación o vacante, exclusivamente por los integrantes certificados del servicio nacional, además de que no creaba un sistema de promoción en el cargo con incentivos claros que premiaran la mayor dedicación, capacitación y creatividad de los maestros, ahora también ha resultado que las legislaciones estatales han encontrado en buena parte de los casos la manera de hacer trampa y seguir manejando las cosas como siempre, en el arreglo entre la burocracia educativa y el sindicato.
Hay estados donde la ley mantiene las comisiones mixtas que el servicio profesional debió suprimir, como en el caso de Sonora. Otros donde se establecen exclusiones locales para reclutar maestros sólo entre los egresados de su propio sistema de formación, como Veracruz. No faltan casos en los que por ley el SNTE mantiene el monopolio de la representación gremial. En la mayor parte de las entidades, los recovecos legales para atemperar los efectos que sobre el sistema de ingreso, promoción, estímulos y permanencia de los maestros pudo tener la legislación federal son evidentes.
Es el costo de no haber apostado por la creación de un único servicio profesional con reglas parejas para todos, el cual era perfectamente compatible con un sistema de gestión de las plazas adecuado a las condiciones específicas de cada entidad. Una ley general mal hecha que ha abierto las puertas a la simulación en las leyes locales. Otro tanto ocurre con la cuestión de la evaluación, a la cual se le han cargado “asegunes” en casi todas las entidades. No cabe duda ya de que la reforma tan cacareada no romperá con la trayectoria institucional de un sistema educativo ineficiente, que gasta mal los insuficientes recursos que recibe.
Hace años leí una entrevista con Anne Hidalgo, ahora recién elegida alcaldesa de París, entonces teniente de alcalde. En aquella nota, la hija de campesinos andaluces reconvertidos en obreros inmigrantes en Francia decía que ella le debía el lugar en el que estaba al sistema educativo francés, que había permitido que ella estudiara en el mismo liceo donde acudían los hijos de los dueños de la fábrica donde trabajaban sus padres, escuela pública laica e igualitaria. La educación como garantía de un piso común de oportunidades. En México la educación no sólo no promueve la igualdad, sino que reproduce la inequidad. Y esta reforma no servirá para transformar ese estado de cosas.
Fuente: Sin Embargo
