“Los periodistas no pueden, ni deben, ser socios de los políticos.Por eso, a la larga, cada periodista está en el lugar que se merece.Y la gente lo sabe”. Miguel Ángel Granados Chapa
En este contexto es claro también que el Estado debe garantizar el derecho a la información. Y si anualmente destina recursos públicos destinados a ello, éstos no pueden distribuirse discrecionalmente y mucho menos servir para acallar críticas o comprar conciencias.
Pero si en algún asunto hay opacidad, falta de acceso a la información, paradójicamente es en la asignación de estos recursos. De hecho, los marcos jurídicos que rigen la compra de publicidad por parte del Estado prácticamente en todos los países de América Latina son insuficientes e inadecuados: carecen de las reglas y criterios que asegurarían asignaciones publicitarias transparentes y justas, y no logran establecer las garantías necesarias en contra de posibles abusos.
Esa falta de transparencia en la contratación de la pauta oficial, se combina con una centralización de la toma de decisiones y, por tanto, conduce a abusos en la asignación de publicidad oficial; a la discrecionalidad por quienes son encargados de asignarla; y a un inexistente control por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.
Revertir esa situación fue uno de los compromisos del gobernador Gabino Cué y, entendemos, de la agenda legislativa de los partidos que, coaligados, ganaron la elección en 2010. En la práctica, si bien hay diferencias sustanciales entre el actual gobierno y el antiguo régimen; también hay inercias que no cambian y, sobre todo, falta de criterios institucionales para atender esta situación. Cómo hacerlo no es un tema fácil; ya desde 2010 se han suscitado opiniones diversas. Y recientemente se ha presentado una iniciativa por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, sobre la materia. La pertinencia de la iniciativa es que presenta un documento concreto sobre el cual debatir.
Regular la adquisición de la publicidad oficial, es una tarea que compete a todos. Por eso es el punto en el cual mayormente se ha debatido. Una postura presente en las líneas discursivas es centrar su asignación casi exclusivamente en el tiraje de los medios. Si bien es necesario que diarios y revistas, transparenten y certifiquen ante una instancia independiente su circulación real, también lo es que la aplicación a tabula rasa de ese criterio, podría tener efectos adversos al derecho a la información.
Con ese sólo criterio seguramente medios amarillistas, como Alerta y Alarma en su época dorada, tendrían una mayor circulación que periódicos serios, de análisis informativo y con criterios de calidad informativa. En un ejemplo extremo, revistas de medios de espectáculos (TvNovelas o TvNotas) tendrían posibilidad de recibir recursos gubernamentales amplios, dada su difusión masiva; mientras que Nexos y Letras Libres, prácticamente no recibirían tales, pues van dirigidos a públicos restringidos. Como tampoco tiene la misma cualidad la información generada desde las radios comunitarias, (que habría que distinguir de las radios comerciales sin concesión); y en esa misma lógica, se estaría desapareciendo, como casi lo está, la televisión cultural.
Y sin embargo, esos medios marginados de la lógica numérica, pueden tener mayor solidez en el impacto hacia sus lectores y oyentes; son por tanto, un vehículo eficaz de garantizar y reproducir los derechos universales defendidos por el periodismo. Es necesario entonces, ponderar criterios y acompañar de ejes cualitativos, antes que sólo los números de distribución.
Es claro que es el inicio de un debate que urge dar y hacerlo transparente. Y en ese entramos todos: la ciudadanía que puede ver vulnerado sus derechos a la información; los medios que tienen que cumplir en condiciones de riesgo y con penurias, la tarea de la defensa y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; el gobierno, que está obligado constitucionalmente a garantizar el derecho a la información. Lo saludable es que en Oaxaca el debate se está dando; esperemos que no quede en un ruidoso encuentro discursivo, sino mejor en un debate serio que conduzca a garantizar, en todas sus vertientes, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Lo deseable es que en este remolino de ideas y discursos en que se da el debate; se tenga presente, siempre, lo que en su momento dijo el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, cuyas frases ilustran este trabajo en un modesto homenaje, y que cierro con una muy relacionada con el tema que nos ocupa: “Una de las cosas que detesto del periodismo de hoy es su conversión en negocio. No digo que el periodismo no deba ser negocio, desde luego; me refiero a que es lícito hacer negocio con el periodismo, pero no es lícito convertir al periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio.”
Twitter: @victorleonelj
