La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene trazos de vanguardismo de Estado. Se orienta a fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y busca respuestas a la demanda ciudadana de un desempeño eficaz, eficiente y económico; que observe principios de racionalidad, transparencia y apego a la legalidad; y se enmarque en una gestión con base en resultados para el desarrollo.
Pretende desterrar los vicios de una cultura política de opacidad, impunidad, corrupción, dispendio, derroche de recursos y uso autoritario del poder político frente al pueblo. Este escenario tiene su mejor resguardo, en la fragmentación, dispersión e inconexión de la legislación federal y estatal y de las estructuras orgánicas, programáticas y presupuestales de la administración pública.
Es inaplazable evitar estas prácticas de gobierno desviado; depurar las estructuras institucionales y ampliar su marco normativo; determinar metas y realizarlas en tiempo y forma; crear uniformidad de procedimientos y asegurar la lealtad de los fines compartidos entre sociedad civil y sociedad política.
Asimismo, a partir de restablecer el camino de la publicidad absoluta y del acceso abierto a la información; atender la implementación, difusión y apropiación ciudadana de este derecho humano, para evitar que el terreno ganado a nivel legislativo en materia de transparencia, se pierda en un plano operativo que no responda al mandato ciudadano y al proyecto nacional.
Es urgente concretar una política pública en materia de transparencia, que derribe el “pacto oculto” de la opacidad, la corrupción y la impunidad; así como una justicia tardía, porque la Ley no es expedita y el retraso en su aplicación, erosiona al tejido social.
Esta erosión, manifiesta en la desigualdad y pobreza social, constituye una de las mayores anomias y déficits que experimenta nuestra realidad. Nadie es ajeno a ello y no podemos ser indolentes.
Sin embargo, esta realidad poco o nada se transparenta, no se hace visible, quizá porque es la cara de los olvidados, de aquellos cuya marginación no se quiere ver, donde la ley y la justicia, como en ningún otro caso, deben estar presentes para hacer valer no la retórica legislativa, sino la acción firme de una Nación que ampara a todos por igual.
Ahora que hablamos de transparencia como una esperanza democrática, nada hará más democrático al ejercicio de gobierno, que recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad, particularmente la del tejido social que históricamente ha quedado en el olvido, o marginado por los apetitos de grupos de poder.
Alecciona que nuestra dignidad humana, democracia y libertad, se vean vulneradas ante la realidad que viven jornaleros indígenas-migrantes, víctimas de neoesclavismo, tráfico y trata de personas. En este contexto, destaca el caso de 200 jornaleros agrícolas, en su mayoría de la etnia rarámuri, rescatados en condiciones infrahumanas en un rancho de Baja California Sur, donde mujeres y niños eran obligados a trabajar.
Al respecto, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indicó que este problema fue atendido de forma interinstitucional en el que participaron autoridades federales, locales y de derechos humanos.
Casos como éste, en los que la desigualdad y la pobreza son insultantes, demandan que la Ley de Transparencia visibilice no sólo los actos de opacidad de la estructura gubernamental, sino también la inacción o anquilosamiento en que suelen caer, ya que sus efectos ha hecho de la asimetría del poder mandatado, un nicho de privilegios.
Por esta razón, se hace necesario vincular estos desempeños con la rendición de cuentas y con el esquema de responsabilidades del servicio público, para que la atención interinstitucional referida, sea un verdadero acto de probidad institucional, donde el poder público responda con equidad y justicia social y no se enquiste en los recovecos del clientelismo, o sólo tenga respuestas para los sectores cuyo poder económico e incluso electoral, perpetúan la fuerza hegemónica de los grupos de poder.
Los estragos del tráfico y trata de personas no se solucionan exclusivamente haciendo visible el problema. Esto es loable pero no suficiente, es necesario operativizar los esfuerzos anunciados, con acciones que promuevan la participación ciudadana e institucional desde lo local, mediante la colaboración de estructuras comunitarias y vecinales, organizadas y capacitadas; que a partir de un diagnóstico comunitario, prevengan estos ilícitos, los denuncien y atiendan a las víctimas.
En este sentido, a partir de que la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración (INM), reinstaló en el Estado de Hidalgo el “Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Tráfico y Trata de Personas”, el CCCEH impulsó la formación de comités regionales, municipales y comunitarios, acción que ya se realizó en las regiones de Tulancingo, Apan y Tula.
Para este efecto, desarrollamos el sitio http://ciavttp.wix.com/comite, que contiene la información oficial y los estudios de opinión que permiten conocer esta problemática en toda su dimensión; y en http://media.wix.com/ugd/ se encuentra el Programa de Acciones para las Comisiones Regionales, Municipales y Comunitarias. La trata y tráfico de personas como servidumbre involuntaria o neo-esclavismo, constituye un crimen de Lesa Humanidad porque atenta, no sólo contra la dignidad de las víctimas, sino del género humano.
Estamos obligados y comprometidos ante la evidencia de un tejido social roto, a repensarnos como sociedad; a preguntarnos cómo transitar hacia una nueva conciencia ética basada en la solidaridad, la responsabilidad y el reconocimiento de los otros; a reconstituir nuestros procesos de cohesión, y a proteger a los vulnerables y vulnerados para fortalecer la vertebración social, la conciencia de la inclusión y la dignidad humana.
La Ley de Transparencia no es producto de una medida unilateral de la clase política. Es una conquista social que exige madurez y responsabilidad a los funcionarios públicos, e intenta sanear las acciones de las estructuras de poder. Trata de construir en la conciencia social como el verdadero crisol de la transparencia, un proceder valórico en pro los derechos humanos y de la justicia social, para rescatar la honorabilidad de nuestras instituciones y asegurar el patrimonio moral de nuestro Contrato social.
Agenda
- El gobernador Olvera y su esposa, la señora Guadalupe Romero, dieron inicio a la construcción de la Casa de las y los Adolescentes, un hogar donde los jóvenes podrán comunicarse sin temor a ser juzgados y sabrán que “…en Hidalgo, sus sueños son nuestra esperanza…”
- En cumplimiento de los objetivos trazados en la Estrategia Digital Nacional, se anunció el Programa “Pachuca Digital”.
- Expreso mis deseos de éxito al Lic. José Alberto Rodríguez Calderón, quien fue designado titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
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