Después de varios intentos por consensar una agenda de reformas con aspectos cruciales para avanzar en una política pública de rendición de cuentas, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD no han logrado definir las prioridades que permitan avanzar en los acuerdos indispensables. Sin haberlo presentado como un paquete de decisiones articuladas en torno al tema, existen al menos 12 iniciativas de reforma, entrampadas en el Congreso de las cuales algunas conciernen al control de responsabilidades, a la evaluación, al acceso a la información y al combate a la corrupción. Destacan en particular: la reforma en transparencia destinada a fortalecer y otorgar nuevas atribuciones IFAI, la creación de la comisión nacional anticorrupción -que ha dejado en el limbo a la Secretaría de la Función Pública-, la llamada “ley de fueros” y el paquete de modificaciones comprendidos en la llamada “reforma política 2013”.
Aunque la iniciativa en materia de transparencia fue presentada por el PRI en el periodo de transición de gobierno, en cumplimiento de una de las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto, el dictamen fue aprobado en el Senado pero no logró los consensos en la Cámara de diputados ante las reservas hechas por el PRI-PVEM. Entre los aspectos conflictivos destacan el que los partidos políticos y los sindicatos sean sujetos obligados de transparencia, la inatacabilidad de las decisiones del IFAI y la propuesta de modificar la minuta del Senado para relevar a todos los comisionados.
En lo referente a la Comisión Nacional Anticorrupción, existen cinco iniciativas por parte del PRI, PAN y PRD, tres de la actual legislatura y dos de la legislatura anterior. La última discusión sobre el tema se realizó el 19 de febrero del 2013. A pesar de haber sido uno de los primeros compromisos de gobierno del Presidente Peña, las diferencias sobre la naturaleza y las facultades del órgano que deberá sustituir a la Secretaría de la Función Pública, según lo establecido en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2012), han impedido dictaminar esta iniciativa. Uno de los aspectos problemáticos es el referente a si se otorga o no al nuevo órgano facultades persecutorias y de sanción. Como resultado se
tiene lo peor de dos mundos: ni el órgano nuevo acaba de nacer, ni la SFP logra fortalecer sus importantes funciones sobre sistema de responsabilidades y supervisión de los órganos de control interno. El tema de la eliminación de fueros implicó retomar una minuta del 2007 que proponía eliminar el fuero a los funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial cuando fueran acusados de un delito pero desafortunadamente esta discusión no se hace en torno a la necesidad de contar con un sistema de responsabilidades para los servidores públicos en el que además de contemplar consecuencias por la actuación u omisión, se revise y mejore el sistema profesional de carrera para que haya incentivos para el desempeño de la función pública.
El paquete de la reforma política 2013, corre por canales paralelos ya que por un lado, los compromisos suscritos en el Pacto por México obligan a la creación de mesas de trabajo que atiendan la propuesta sobre la creación de una autoridad electoral nacional y la ley de partidos. Esta última retoma el tema del ejercicio de los recursos de los partidos políticos que podría atenderse a partir de la reforma en transparencia. Por otro lado, un grupo de senadores han promovido una serie de reformas constitucionales y secundarias que implican la
creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana, una de
Propaganda Gubernamental y otra de Derecho de Réplica.
En este escenario, los partidos acordarán los temas para el siguiente periodo extraordinario en donde la reforma petrolera competirá con la relevancia de los cambios sustanciales que se requieren para avanzar en la agenda de rendición de cuentas.
