Prólogo
Mauricio Merino

Desde su fundación, en el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) hemos propuesto y discutido que la apropiación ilegítima de lo público es la causa sustantiva del fenómeno que estudiamos; y también hemos insistido en que dar cuenta sobre el cumplimiento de los mandatos asumidos por quienes ocupan cargos públicos, es uno de los recursos principales para combatir la corrupción. Evitar que lo público sea vulnerado en aras de incrementar el poder o la riqueza de unos cuantos es, a nuestro juicio, el desafío más relevante para proteger la honestidad en la gestión de los asuntos públicos.
Llama la atención que esta mirada todavía esté ausente —o sea apenas perceptible, como un telón de fondo— en las ya muy añejadas discusiones sobre la profesionalización del servicio público en México. Me atrevo a especular que, de haberse planteado en estos términos desde que iniciaron las deliberaciones principales sobre la necesidad de contar con cuadros profesionales para la administración pública del país, hoy tendríamos avances mucho más relevantes en ambos planos: profesionalización y honestidad. Quizás ya se habría entendido que el acceso y el ascenso en la función pública no deben ser producto de las lealtades partidarias y de la obediencia al poderoso de turno, no sólo porque eso mina la experiencia y el conocimiento especializado en las trayectorias profesionales de quienes ocupan cargos públicos, sino porque esas prácticas constituyen la primera forma de apropiación de los espacios públicos para fines personales.
No es casual que, desde principios del siglo XX, a esos asaltos al poder se les conozca como «sistema de botín». El daño que se ha documentado con amplitud atañe más a la impericia y a la improvisación o, si se prefiere, a la pérdida de la experiencia para lidiar con asuntos públicos que reclaman, a un tiempo, competencias específicas y capacidad de decisión operativa. Numerosos estudios sobre estos temas han probado la relación positiva entre una mayor profesionalización del sector público y un mejor desempeño de los gobiernos en el desarrollo y en la promoción de la igualdad social; tanto, que ese vínculo se asume ya como un axioma de la administración pública: más capacidad profesional y más experiencia acumulada significan, inequívocamente, mejores resultados de gobierno. El problema es que la fórmula opuesta no tiene la misma fuerza probatoria: algunos gobiernos fundados en el sistema de botín —o que han privilegiado abiertamente la lealtad sobre la competencia profesional— han tenido algunos éxitos temporales en políticas sociales redistributivas. Empero, ninguno ha logrado salvar la prueba del tiempo: son triunfos efímeros. En cambio, los servicios profesionales de carrera que han perdurado y se han arraigado sobre la base del mérito y la calidad, no sólo han ofrecido mejores resultados, sino que lo han hecho a lo largo de periodos mucho más extendidos y con mucha más honestidad.
Sin embargo, lo que no se ha dicho con la misma contundencia es que los países que carecen de sistemas de carrera estables y consolidados son también menos respetuosos de la ley y mucho más corruptos. El sistema de botín no sólo favorece la corrupción, sino que la produce sobre la base de una mecánica de incentivos perversos: quienes llegan a esos cargos por razones de lealtad política —ajenas a sus competencias, sus méritos o sus credenciales profesionales— saben que los dejarán tan pronto como cambien las condiciones políticas que los llevaron a ellos y saben, también, que su compromiso no está con los cargos que ocupan sino con quienes los designaron. Y saben, en fin, que deben aprovecharlos para favorecer los intereses del grupo al que pertenecen y, eventualmente, para hacerse de riquezas. Dado que no hay sistemas de carrera, esos servidores públicos están conscientes de su precariedad: como no están preparados para ocuparlos, deben aprender sobre la marcha y reconocen que su condición de permanencia es la lealtad y la obediencia al líder político de turno. Todo esto también se ha documentado, pero no se ha subrayado con suficiente énfasis que ese conjunto se llama corrupción: es la captura de lo público por grupos que persiguen poder o dinero, o ambas cosas.
Este libro, coordinado por Héctor Ruíz —investigador del IIRCCC— responde a la necesidad de inscribir el tema de la profesionalización del servicio público como una de las condiciones sin las cuales no podrá erradicarse la corrupción. No es la única, pero sí es una de las principales. Y de aquí la importancia de esta publicación que, además, reúne un conjunto extraordinario de autores y de autoras que, desde hace lustros, ha producido investigación original y generado referencias obligadas para quienes estudiamos estos temas en México (o sobre
México). Sin exageraciones, no puedo imaginar un grupo de personas más adecuado para tocar los temas aquí mencionados. Por eso nos enorgullece publicar esta obra con el sello de nuestro instituto, en el marco del proyecto editorial de la Universidad de Guadalajara. Si hemos de volver a las bases del combate a la corrupción, este libro está llamado a ser parte de una biblioteca indispensable, con un mensaje simple y nítido: si queremos avanzar en la materia, debemos erradicar el sistema de botín.

Guadalajara, Jalisco.
Enero del 2023.

DESCARGA EL LIBRO: SERVICIO CIVIL Y PROFESIONALIZACION CONTRA LA CORRUPCION