El combate a la corrupción tiene varios campos de batalla, uno de ellos está inmerso dentro de la administración pública, entendida como aquel espacio responsable de ejecutar las actividades del gobierno a través de sus funcionarios públicos. Si bien la función pública del Estado mexicano ha tenido procesos de evolución continua que han consolidado logros notables en la profesionalización, monitoreo y evaluación en el desempeño de los cargos públicos, la captura de los puestos públicos persiste como una problemática visible en una amplia esfera de cargos por designación, mismos que están situados en diversos niveles de la administración, así como en distintos poderes del estado y órdenes de gobierno.
El camino a un modelo en el que la designación pública no responda a intereses privados y partidistas es fundamental para la garantía de instituciones sólidas y capaces de ejercer el pleno ejercicio de sus funciones. La responsabilidad pública a la que los cargos de designación están sometidos es de alta exigencia en la gran mayoría de los casos, tal y como Harmon y Mayer1 (1999) mencionan: “los administradores públicos se enfrentan a decisiones que: 1) afectan la vida de las personas, 2) se toman en nombre del pueblo y 3) emplean recursos públicos” por lo que la consolidación de una administración pública en donde existan mecanismos de control para la alta discrecionalidad en las designaciones es
prioritaria en una democracia. En términos amplios, en la administración pública existen tres principales categorías en donde se desempeñan los funcionarios públicos:
A) Cargos de representación popular: ocupados mediante un proceso electoral que responden a las exigencias político-sociales de una sociedad pluralista la cual se regula a partir de un proceso de elecciones democráticas.
B) Servicio Profesional de Carrera: regulado por la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal y algunas legislaciones locales, el servicio profesional de carrera surge de la necesidad de consolidar bases sujetas a criterios de mérito que garanticen el desarrollo de capacidades y la especialización en la administración pública. Además, busca establecer un esquema en igualdad de oportunidades para el acceso y desarrollo profesional del administrador en la función. C) Designación libre o Designación pública: han existido históricamente bajo la premisa o necesidad de contar con un grado de confianza personal, regularmente en los altos cargos, para el ejercicio de las funciones de la institución a cubrir.

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