ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentaron el Informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial. Además de la cuarta edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial de las entidades federativas, este diagnóstico compila un análisis del gasto federal en la materia y tres estudios de casos locales que detallan abusos de la publicidad oficial.

La cuarta edición del índice de acceso trae conclusiones decepcionantes. La opacidad persiste, la rendición de cuentas es disfuncional y el diseño institucional y legal permite prácticas contrarias al buen ejercicio democrático y la libertad de expresión e información.

Durante 2013, 27 entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos en publicidad oficial. Si se suman los gastos federales de ese año, se documenta un total de 13 mil 640 millones de pesos.

Sólo a nivel federal, en sus dos primeros años de gobierno, el presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones. Nunca un presidente había gastado tal cantidad en sus primeros años.

Estas cifras se ejercen con un grado significativo de opacidad y discrecionalidad. A nivel estatal, si bien la mayoría de los gobiernos reportaron gastos totales –a excepción de Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz–, fue imposible conocer con detalle el destino del 39% del gasto, es decir, ignoramos en qué medios y campañas se gastaron 2 mil 413 millones.

En 2012 y 2013, los estados del norte del país –Coahuila, Nuevo León y Chihuahua–, son las entidades con mayor gasto en publicidad oficial; cada uno reporta gastos superiores a 500 millones. La mitad de las entidades gastan más recursos de los originalmente presupuestados, las entidades federativas ejercieron 1.4 veces más recursos de lo que tenían presupuestado para 2013. En términos absolutos, se excedió por mil 688 millones de pesos el presupuesto inicial, gastando al final del año 5 mil 639 millones de pesos. El gobierno federal, por su parte, incurrió en excesos en este lapso: en 2013 gastó 48.8% más dinero que el presupuestado y en 2014, 26%.

Estos sobreejercicios se han tornado una constante, lo que refleja ausencia de planeación, deficiencia en el control del gasto y nula fiscalización del mismo. La transparencia por sí misma no es suficiente; debe acompañarse de contrapesos, ejercicios de control y fiscalización funcionales, así como de instituciones capaces de rectificar y sancionar prácticas abusivas.

Existe una preocupación particular por la opacidad en Guerrero y Tamaulipas, entidades que durante cuatro años no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad. Por el contrario, para este Informe, por primera vez Coahuila transparentó la información y reveló montos millonarios: 1 113 millones de pesos de gasto en 2013.

A nivel estatal, en 2013, dominó el gasto en medios de comunicación impresos con 37% del gasto total; la televisión concentró 30% y la radio 18%.

A nivel federal, por otra parte, de los 1 767 proveedores que obtuvieron contratos, sólo diez acumularon 45% del gasto total anual. Dentro de este grupo, dos firmas concentran más del 25% de todo el dinero erogado. El año pasado, Televisa, S.A. de C.V. y Estudios Azteca, S.A. de C.V. se beneficiaron con más de 1 779 millones de pesos.

El informe que se presenta comprende también la valiosa colaboración de varios expertos que describen la realidad local en Puebla, Sonora y Ciudad Juárez. Estas aportaciones brindan testimonios útiles para entender los usos y abusos de la publicidad oficial a nivel estatal y municipal. El caso de Ciudad Juárez documenta que seis sitios de internet inexistentes recibieron recursos en publicidad oficial; el de Puebla constata que en 2012 y 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle extendió la publicidad de sus informes de labores a 26 estados, violando la Constitución; y el de Sinaloa se enfoca en la discrecionalidad de la asignación de la publicidad oficial, comprobando que los avances en transparencia son insuficientes.

Con base en este trabajo, podemos afirmar que pocos son los avances en el acceso a la información y el uso racional de los recursos destinados a publicidad oficial. En general, no existe, ni en la Federación ni en las entidades, la intención o la voluntad política suficiente para que el tema se convierta en una prioridad para los poderes legislativo y ejecutivo. Frente a este panorama desalentador, ARTICLE 19 y Fundar hacen un llamado en el sentido de que:

• Los legislativos, federal y estatales, avancen hacia una regulación integral de la publicidad oficial y exigir más rendición de cuentas a los poderes ejecutivos sobre este tema, velando por un uso racional del dinero.
• El próximo año, cuando las obligaciones de publicar información detallada en publicidad oficial contenida en la reciente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información entren en vigor, todos los sujetos obligados cumplan con cabalidad esta obligación y abonen a la democracia con información útil y relevante.
• El presidente Enrique Peña Nieto detenga las prácticas viciadas que en publicidad oficial han marcado su administración, cumpliendo con el compromiso de hacer del tema prioridad en su agenda.
• El Poder judicial emita resoluciones que garanticen el derecho de acceso a la información y fortalezcan la libertad de expresión en el país, en los diferentes asuntos que sobre publicidad oficial allí se tramitan.

Después de cinco años de aportar elementos sobre los usos y abusos de la publicidad oficial, ARTICLE 19 y Fundar refrendan la urgencia de modificar el statu quo, aquel que muchos actores políticos buscan preservar. Más allá de ser un estadio que beneficia económicamente de comunicación y políticamente a los gobiernos, es una situación que propicia la censura indirecta y retarda la democracia sustantiva en México.

Para descargar el informe completo, visite la siguiente liga:

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/LibertadDigital2015.pdf

Para conocer sobre el proyecto de Publicidad Oficial, visita:

www.publicidadoficial.com.mx

Fuente: Fundar.org