El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo el Foro “Balance sobre la iniciativa de la Ley General de Archivos”.
En la mesa que correspondió al tema: “Naturaleza jurídica del AGN propuesta en la iniciativa de Ley” estuvieron presentes la Mtra. Liliana Veloz Márquez Directora de la Red por la Rendición de Cuentas, Dra. Issa Luna Pla Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y el Dr.Andrés Lira González Director de la Academia Mexicana de la Historia.
A punto de cumplir tres años la reforma en materia de transparencia y acceso a la información. Se han derivado una trinidad de leyes de las cuales ya entraron en vigor dos, que son: “La Ley General de Datos Personales” y la “Ley General de Transparencia y Acceso a la información”, la tercera es la “Ley General de Archivos” aún sin aprobarse.
Esta última es “indispensable para la producción, organización, acceso y gestión de la información en el país. Por ello, esta Ley es en realidad el corazón de la reforma en transparencia. Lejos de verse con esta relevancia, el tema de los archivos ha quedado presupuestal y políticamente relegado” indicó Liliana Veloz.
La Red por la Rendición de Cuentas ha participado de manera activa para tener parámetros sistematizados comunes de gestión documental en todo el país, como una posible solución planteó la importancia y urgencia de fortalecer al Archivo General de la Nación (AGN) “Una ruta plausible era la de convertirlo en un órgano descentralizado, no sectorizado, de la administración pública federal. Un modelo similar a lo que fue el IFAI en su primer momento de construcción institucional” resaltó la Directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
Para que de esta manera el AGN pudiera contar con autonomía técnica, presupuestal y de decisión y ya como institución perteneciente al Sistema Nacional de Transparencia, se convirtiera en la instancia rectora de la archivística del país. Para ello sería necesario fortalecer su liderazgo y tener las herramientas adecuadas para lograrlo.
Respecto a las diversas interpretaciones en materia de protección de datos personales para en ciertas ocasiones restringir el acceso a los archivos históricos, es primordial recordar que “los archivos históricos son de acceso público e irrestricto… [también] es importante que se determine un plazo forzoso de transferencia de los archivos de concentración a los archivos históricos. En la mayoría de los países este plazo oscila entre los 25 y 30 años. Después de esto, es cierto que hay datos personales dentro del documento pero su valor es público… [porque] la protección de datos personales en los Archivos Históricos es una forma de censurar indirectamente y un mecanismo de protección para funcionarios corruptos y/o violadores de derechos humanos” apuntó Liliana Veloz.
Por lo tanto, se requiere una Ley General de Archivos acorde con las múltiples necesidades del país, debemos apostar por mejorar las condiciones de gestión documental para evitar que se pierda información relevante para la memoria del país y así lograr que los archivos sean verdaderamente el primer eslabón para consolidar la rendición de cuentas que México requiere.
