Apenas inició su trámite en el Congreso, pero la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado, o Ley anticorrupción, comienza a dar de qué hablar por sus alcances en la resolución de escándalos como Odebrecht, por ejemplo, al promover inhabilidades que afectarán a las personas jurídicas culpadas de corrupción en Colombia. En declaraciones para Revista Semana, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, una de las entidades protagonistas en la conformación del articulado presentado por el Presidente Iván Duque en los últimos días de octubre, esclareció el marco sobre el que operará dicha ley para que las sanciones no queden en el papel y se traduzcan en resultados tangibles, como en el caso del megaconsorcio brasileño, del que promete, en una acción conjunta con Cancillería, un veto cuya extensión será de 20 años.

Para Gómez, la ley cuenta con dientes para que las personas jurídicas respondan ante las autoridades por los casos de corrupción. En sus palabras: “La lucha contra la corrupción tiene que tener consecuencias contra quienes la toleran, la promueven y se benefician, no solo es despedir al representante legal o al social o al administrador”, por lo que la Agencia, amparada en el Decreto 1358 de 2020 que reglamenta la Ley de Soborno Trasnacional busca atacar directamente a este tipo de figuras jurídicas y su injerencia en sonados episodios de corrupción en el país. Para ello solicitará expedientes de otros países en los que empresas con intereses en Colombia estén involucradas, con el propósito de utilizarlo como material de prueba, mientras que las sentencias proferidas en el país, servirán para inhabilitar a administradores, contratistas, representantes legales, incluso socios, que hayan cometido un acto de corrupción.

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Fuente: Infobae