La complejidad de las relaciones intergubernamentales y sociales plantea la exigencia de fortalecer la capacidad de respuesta institucional, con una visión social y política.
En este contexto, el Modelo de Proximidad Ciudadana incorpora como eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED), la necesidad de comprender que la planeación democrática y la administración pública no son ni realidades antitéticas, ni sólo una cuestión técnica operativa del Estado; son herramientas de un proceso centrado en materializar el desarrollo integral de los hidalguenses y la concreción de oportunidades sociales.
Entonces, ¿cómo es posible pasar del sentido técnico-administrativo de la planeación a la dignificación del tejido social?
Se requiere que la planeación sea el crisol que destierre la desigualdad, la inequidad, la impunidad y la corrupción.
Se trata de garantizar el desempeño probo de servidores públicos profesionales, capaces de asumir el reto de cristalizar una reforma administrativa sustentada en un marco jurídico que institucionalmente prescriba el quehacer de la administración pública con renovadas estructuras orgánicas, programáticas y presupuestales.
También exige evitar la dispersión, la fragmentación, la inconexión, y los esfuerzos aislados del quehacer gubernamental. Incrementar la respuesta social, ya que su déficit, constituye un gran problema de la administración pública y es la antesala del quebranto de la legitimidad, la confianza y la credibilidad institucional.
Hay que tener presente que el sentido democrático de la planeación per se, advierte que la soberanía de sus acciones son la voz del pueblo. Ello no es retórica demagógica, sino el espíritu de una conquista histórico-social innegable y una realidad inequívoca del ejercicio de gobierno.
Alcanzar la humanización y dignificación del tejido social debe constituir un distintivo de la planeación, razón por la que el Gobernador Fayad Meneses, enunció de manera frontal, que “…es necesario hacer de la planeación un instrumento eficaz. Partir de diagnósticos sustentados, integrales, claros y objetivos de la problemática imperante para diseñar políticas públicas que equilibren el desarrollo económico y el desarrollo social con una visión de largo plazo…”
Esta prescripción no es menor. El marco jurídico de un régimen democrático entroniza facultades para que la rectoría del gobierno garantice la integridad social y una justa distribución del ingreso, el empleo, y el ejercicio de la libertad con dignidad, de individuos, grupos y clases sociales.
No obstante estas potestades, el cuestionamiento social que subyacen en la construcción del PED es saber quién manda en una sociedad: ¿las élites o el pueblo?, ¿el Estado o el Mercado?
Por esto, la construcción del PED debe ser el reflejo y resultado de una estructura que incluye la participación ciudadana y la acción gubernamental, encarnando la justicia, la equidad y la paz social.
Hay que revertir el olvido histórico del pueblo en la elaboración de planes y programas, o que en el mejor de los casos, sólo se le haga comparsa de liturgias políticas que legitiman la reinvención del gobierno cada seis años.
La logística del PED atiende este reclamo soterrado, acopiando no sólo las necesidades sociales, sino las propuestas que emergen lo mismo del obrero, que de la empleada y del campesino; de quien trabaja en su casa, que del profesionista, del estudiante, de los docentes, o del empresario. Los agrupa en los cinco ejes del Programa de Gobierno que se formuló durante el proceso político-electoral, que están vinculados ética y políticamente con los temas de un “Gobierno Honesto, Cercano y Moderno; Hidalgo Próspero y Dinámico; Hidalgo Humano e Igualitario; Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz; e Hidalgo con Desarrollo Sustentable.”
El PED y su Modelo de Proximidad Ciudadana habrán de armonizar la concreción y prospectiva de los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales; su marco de transversalidad ampliará las lógicas de entronización con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la plena alineación al Plan Nacional de Desarrollo y una lógica de réplica de los Planes Municipales con una arquitectura de interoperatividad orgánica y una interoperabilidad de la gestión pública.
Hoy, el llamado a la sociedad hidalguense es para que desde su voz y visión corresponsable se recupere el valor de las instituciones y se eleve el valor de lo público en las tareas del Estado; se sistematice la gestión pública ciudadana; se alleguen de primera mano los criterios de la realidad social; y se garanticen la eficiencia, equidad y transparencia en el uso de los recursos, que restituyan al ciudadano las oportunidades y la dignidad a las que tiene derecho.
Estos paradigmas reclaman contar con herramientas de carácter permanente como la plataforma http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx, para posicionar la e-participación como mecanismo efectivo de participación ciudadana que facilite a la sociedad la comunicación y la expresión de sus demandas y propuestas.
Se requiere que esta plataforma transite y se convierta en un Sistema Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, para dar vida a una Contraloría Ciudadana que evalúe y dé seguimiento al desempeño de los servidores públicos y pondere la Gestión para Resultados (GpR) de políticas públicas, estrategias, programas y acciones para el desarrollo de Hidalgo.
Hidalgo tiene una deuda social histórica. Aún hoy, priman factores de pobreza y desigualdad que flagelan a nuestra sociedad. Por ello, incuestionablemente el PED debe generar igualdad de oportunidades y una vida social digna; debe construir un cambio en las relaciones de poder y hacer que su distribución, aumente la capacidad de intervención ciudadana en la toma de decisiones del Estado.
En este trazo político-social, la modernización de la gestión pública ratifica su compromiso con la sociedad, no sólo para garantizar la provisión de los servicios públicos, sino para reorientar las bases conceptuales de la planeación democrática.
En este contexto, el devenir político del Estado debe replantear el futuro de la sociedad; recuperar su espíritu soberano para elevar la calidad de vida de los ciudadanos; profundizar el institucionalismo de las necesidades humanas; y combatir desde la operatividad del Estado, la injusticia y la desigualdad que son los verdaderos rostros de la relación causal que ha vulnerado a nuestro pueblo.
Agenda
- Se aprobó la reforma de los artículos 107 y 123 constitucionales que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crean los Tribunales Laborales del Poder Judicial o de las entidades, y un organismo federal descentralizado de conciliación con autonomía de gestión.
- La PGR informó que con las Procuradurías del país instala la Red Nacional de Inteligencia Criminal, con las que se apoyarán las investigaciones ministeriales.
- Alejandro Legorreta y Diego Luna presentaron en el Senado de la República el “Corrupcionario“, libro que aborda desvíos, moches, acarreo y enriquecimiento. No dejen de leerlo.
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