En el combate a la corrupción e impunidad, el espíritu democrático constituye el punto de inflexión que debe marcar, sin duda, el rumbo del ejercicio de gobierno y la corresponsabilidad de un tejido social ávido de participar en la construcción la prometida Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.
En el impasse del cambio de mando del Poder Ejecutivo, subyace como epicentro de la reestructuración política del país, el reconocimiento que la marginación que ha sufrido el tejido social ha puesto al Estado en la encrucijada de su historia, consideración que asigna el imperativo de profundizar el debate sobre el gobierno ciudadano y la necesidad de ponderar la importancia del peso de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La respuesta a estos paradigmas desde la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), propicia hacer del protagonismo ciudadano un espacio de racionalización pública, que en su transversalidad, asegure y garantice una nueva dimensión de horizontalidad ciudadana en el porvenir institucional de la Nación.
En este trazo de exigencia ciudadana, la RRC ha prescrito cuatro ejes de acción directos y uno transversal, que articulan la sustancia de la Política Nacional Anticorrupción: I. Profesionalización y generación de capacidades; II. Puntos de contacto; III. Fincamiento de responsabilidades; IV. Redes de corrupción; y V. Participación ciudadana, (https://bit.ly/2tdDU2n).
Esta prescripción de la sociedad civil organizada, no ha encontrado en el espacio institucional, el piso firme que permita hacer de la Política Nacional Anticorrupción una realidad que responda a una democracia incluyente y de todos. Condición que ha perfilado un desencuentro genuino del tejido social, que clama por una vinculación contundente con el Estado para combatir las anomias de corrupción e impunidad.
Paradójico resulta la reacción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que en una especie de fuego amigo, ha desechado esta propuesta que nace como auténtica expresión ciudadana de abajo hacia arriba, a pesar de que públicamente les fue presentada. Controversia que advierte el extravío de la política, cuestionando ¿Cuál es el legado de los grupos de interés, que hoy obstruyen la transversalidad ciudadana en las acciones del Estado? ¿Acaso vivimos en la ruina de una clase política enquistada? Y significativamente, ¿cómo podremos construir el futuro promisorio de la Nación, si le damos la espalda al ciudadano?
La recuperación de la soberanía pública por la sociedad civil, exige dos condiciones previas que permitan hacer de la Política Nacional Anticorrupción, el prolegómeno de la reedificación de la ciudadanía. En primer término, se tiene que ejemplificar desde el Sistema Nacional Anticorrupción, el plano de horizontalidad asociativista de los sujetos sociales vinculándolos de manera directa a la toma de decisiones del quehacer público para encarnar la probidad gubernamental; y en segundo lugar, garantizar que los espacios de corresponsabilidad, se erijan como una dimensión transversal de cualquier proceso, acción e iniciativa del Estado.
Ante el colapso que vive la ciudadanización del Estado, es necesario ampliar en la estructura jurídica, los mecanismos que aseguren la transversalidad ciudadana en cualquier tipo de vertebración del ejercicio gubernamental y afianzar la confianza institucional en el equilibrio político y democrático del orden sistémico; elementos necesarios para derribar el enmascaramiento de la realidad por parte de los grupos de interés, que menoscaban las oportunidades y las expectativas de desarrollo y seguridad humana.
El subdesarrollo político que se cierne sobre el tejido social ante la obstrucción y captura institucional, impide comprender la importancia de la participación ciudadana en el quehacer público y genera un vacío social que niega toda posibilidad de cambio político, con las graves consecuencias que provoca el incumplimiento de los principios fundamentales que le dan vida y sentido al Estado Democrático de Derecho.
Es acertado que la RRC perciba la captura del Estado como un secuestro de puestos, presupuestos, decisiones y acceso limitado a la justicia, porque la lectura de la realidad es contundente: nos encontramos en una crisis política donde el poder público no ha encontrado el cauce para que el ciudadano haga que el gobierno permita el universalismo de la probidad pública.
Empero, ¿sobre qué base político-social se puede edificar la transversalidad de la participación ciudadana en México? Tres principios dan respuesta a este cuestionamiento.
En primer lugar se debe transitar de las formas rupestres de un institucionalismo anquilosado, hacia un gobierno con rostro social. La actual concepción del ejercicio público debe dejar su lugar a la composición orgánica basada en el reconocimiento explícito del derecho humano a la participación ciudadana, cuya transversalidad constituya la sustancia democrática de toda lógica de Estado.
La segunda condición de este esquema institucional, estriba en la omnipresencia ciudadana como el elemento central de un consenso político-nacional, que prime en los principios básicos del pluralismo, la representatividad y la democratización de la relación socio-estatal que hasta ahora se efectúa de arriba hacia abajo.
El tercer elemento lo constituye la madurez, la observancia y el respeto del sistema político y de gobierno, al ciudadano y al Estado Democrático de Derecho. Vectores valóricos que aseguran una convivencia social armónica, consustancial a la generación de oportunidades y garante de la igualdad como principio dinámico, que en la diversidad de las necesidades humanas, potencie la competitividad de un verdadero Modelo de Desarrollo Democrático.
La observación de estos principios, establecerá una dimensión ciudadana que significaría dar el gran salto a un nuevo paradigma político del quehacer institucional, donde la voz de cada ciudadano, entronice sin falsas esperanzas, expectativas de cocreación de la tarea pública y la realización de acciones que requiere el orden sistémico para abandonar el subdesarrollo sociopolítico en que se encuentra.
Es crucial entender que no se hace política al margen del ciudadano, ni marginando la razón social. Una institucionalidad vertical que oprime y tiraniza la conducción orgánica del Estado, está condenada al fracaso, pero lo que es peor, condena a su pueblo al ostracismo, al hacer de la política, el diálogo sórdido del opresor social.
Agenda
- Se presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2018, realizado por el World Justice Project (WJP). Los resultados muestran que corrupción, seguridad y justicia son los aspectos que requieren atención urgente; señalan que ninguna entidad tiene un desempeño sobresaliente, ni se acerca a una calificación perfecta (ni siquiera a un valor medio), sino por el contrario, presentan condiciones de debilidad y fragilidad (https://bit.ly/2CACRAb).
- La conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, en México convoca a darle una especial atención ante el ascenso de la violencia y el crimen.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://bit.ly/2pTqHZU
Correo: angelesceron@hotmail.com
