Sí, el costo del INAI con todo lo que hace y acorde con el presupuesto 2021, representa un costo mensual a cada mexicano de 0.59 centavos. Dicho de otro modo, en todo este ejercicio fiscal el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales con la infraestructura constitucional autónoma que implica le cuesta a cada mexicano en todo un año: 7.17 pesos.

Pero la pregunta en el fondo realmente es: ¿cuánto vale la transparencia en México? Primero que nada, las leyes de transparencia no son un lujo de países de primer mundo, son la exigencia democrática en países que, como México, han ido lentamente avanzando en condiciones de Estado de derecho. ¿Quién podía imaginarse apenas en el 2000 que un ciudadano cometiera la osadía de pedir los documentos de una compra pública? Y dos años más tarde, ese atrevimiento se volvió una exigencia constitucional tangible y al alcance de cualquiera.

La creación de las leyes de transparencia son una exigencia social con la participación activa de la ciudadanía y de muchos partidos políticos, una lucha democrática de la que no se puede retroceder. El Grupo Oaxaca es el mejor ejemplo de cómo hombres y mujeres notables en el hartazgo de la opacidad y de la falta de participación democrática decidieron conjuntar sus talentos y cualidades y aportar uno de los elementos más relevantes de la incipiente democracia mexicana −probablemente el más importante después de lo electoral− la Ley de Transparencia.

Cuando se crea el INAI en 2014 se satisfizo una demanda social de un proceso racionalmente evolutivo de los organismos garantes: la autonomía constitucional. Pero no solo es un fraseo retórico. El que el organismo garante federal haya alcanzado el máximo nivel de diseño institucional representó un incremento notable en las cargas de trabajo. Se pasó de cerca de 250 Sujetos Obligados pertenecientes únicamente al Poder Ejecutivo federal a 860 actualmente y que representan a todo el Poder público federal. Solo en términos de fracciones de Obligaciones de Transparencia se incrementaron de 17 a 48, sin contar que en cada fracción se diversifican los rubros que deben publicarse y eso sólo en el caso de obligaciones comunes de la Ley General (o sea, sin contar las obligaciones específicas que tanto la Ley General como la Ley Federal establecen a cada Sujeto Obligado). Se creó una sola y única Plataforma Nacional de Transparencia en la que se cargan esas obligaciones con una cantidad que superan varios miles de millones de registros. Solo de 2014 a la fecha se presentaron y atendieron 1.7 millones de solicitudes de información (sin contar todas las que se presentaron de 2002 hasta antes de 2014). Pero no solo en el ámbito federal, el INAI ha cumplido con el arduo trabajo encomendado, pues es la segunda instancia que resuelve los recursos de inconformidad en contra de las resoluciones de los organismos garantes de las entidades federativas, o bien, mediante la facultad de atracción ha suplido las acefalias de los organismos garantes de Morelos y de la Ciudad de México ante la falta de nombramientos en tiempo de comisionados, garantizando el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales ante la indolencia de gobiernos y legislaturas locales. En datos personales, el INAI realiza el trabajo que corresponde a dos instituciones: una para el sector público y otra para el sector privado.

En fin, podrían enumerarse interminablemente cantidad de acciones, trabajo y cualidades de lo que la transparencia significa en México y para los mexicanos. ¿Cuánto vale entonces? Creo que no hay una medida que realmente refleje cómo rinden esos 7.17 pesos que al año gastan los contribuyentes. Peso sobre peso bien gastados reza el folclore mexicano, pero creo que, con todo, la transparencia es una necesidad democrática, pero México lo vale.

Fuente: El Financiero