México atraviesa por una transformación de sus estructuras políticas e institucionales. Esta vertiginosa reestructuración desata fuerzas sociales y políticas de un orden sistémico neoliberal que parece plantear una encrucijada entre los resabios del asistencialismo de Estado y la modernización de las reformas estructurales.
Este matiz de las acciones gubernamentales, pone en vilo las lógicas de una clase política que enfrenta los enigmas de una conducción protagónica del Poder Ejecutivo, frente a la crisis de partidos, la fractura del principio de representatividad política, y la orientación de variables sociales, políticas y económicas, que intentan concitar los cambios de una nueva visión de país.
En este escenario, las nuevas formas de hacer y conducir la política, conllevan a una reflexión sobre sus impactos sociales, cuyas controversias y desencuentros plantean un cuestionamiento de fondo: ¿cómo construir un país cuya transformación democrática y política, permita una institucionalidad proclive a generar oportunidades sociales y armonización pública?
La idea central de esta interrogante es encontrar respuestas para fortalecer la representatividad y suprimir espacios para la subpolitica, entendida como aquella que se construye fuera de las estructuras formales y da paso a múltiples acciones y estrategias de presión, que obstruyen la gobernabilidad democrática y ponen en jaque al Estado.
El bloqueo de las vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), erosiona la actuación del gobierno y colocan en vilo al Estado ante la detención de 320 trenes con 2.8 millones de toneladas de diferentes mercancías, lo que evidencia la incapacidad institucional para articular respuestas y diálogos que impidan que poderes fácticos secuestren al Estado. Incierto panorama que se suma a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, frente al robo de combustibles.
La reestructuración política no puede caer en la insuficiencia política, ni la función pública debe carecer de los elementos indispensables de interlocución social. En ellos radica el peso sustantivo de la gobernabilidad y la armonización del quehacer público frente a la dinámica social para hacer prevalecer el Estado Democrático de Derecho.
Hoy que México ha dado un salto atrás en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional, la persistencia de las anomias que deterioran la institucionalidad, hacen imprescindible aprobar una Política Nacional Anticorrupción que evite la captura del Estado y la degradación sistémica, porque un cambio de gobierno no implica per se el cambio de realidad social, porque esto es más complejo y requiere precisiones de fondo.
La propuesta de Política Nacional Anticorrupción de la RRC, para controlar la corrupción tiene que hacerse al amparo de: “1) Profesionalizar y generar capacidades; 2) Eliminar la corrupción de ventanilla a través de la accesibilidad, transparencia, certidumbre, comprensión y simplificación de los puntos de contacto entre la ciudadanía y gobierno al momento de realizar trámites y servicios para evitar fenómenos como los coyotes o la discrecionalidad; 3) Mejorar los procesos del fincamiento de responsabilidades y el ejercicio de derechos para corregir, prevenir y sancionar conductas de corrupción; 4) Incorporar estrategias de información y colaboración para monitorear, investigar y procesar redes de corrupción formales e informales; y 5) Establecer como eje transversal, la participación ciudadana que propicie la denuncia, la vigilancia social y el debido proceso, reforzando la reactividad, es decir, la capacidad de restringir el abuso, siempre con un enfoque de derechos.”
Toda transformación democrática e institucional requiere de instrumentos y mecanismos que permitan que la ingeniería constitucional se concrete en resultados políticos. Así mismo, es preciso depurar los protocolos existentes en la función gubernamental, y generar condiciones para la racionalidad pública, que eviten los apetitos de las arenas políticas y de los poderes fácticos por hacer colapsar el ejercicio de gobierno.
Este escenario de inteligencia política, hace posible que todo proceso, acción o decisión sobre los intereses superiores de la nación, resulte oportuno y necesario para la comunidad política, lo que generará consensos que serán percibidos por los ciudadanos como propios.
La inteligencia política no está sujeta a cronologías, pero sí, a establecer y plantear claramente, ¿cuáles son los objetivos de la Nación?, ¿hacia dónde va la transformación del Estado?, ¿cómo construir gobernabilidad democrática?; factores clave necesarios para evidenciar el rumbo de gobierno y las acciones que se deben implementar para lograrlo.
Hasta ahora, muchas de las medidas del nuevo gobierno han sido construidas sobre la marcha, cuestión lógica en algunos casos porque en toda realidad siempre se presentan eventos coyunturales, pero ello no implica que la planeación del Estado tenga que sufrir en las acciones de poderes fácticos las vicisitudes de la impericia o las de una zona de política blanda, donde se transige porque es lo políticamente correcto.
En esta tesitura la creación de la Guardia Nacional deja en la mesa de discusión dudas razonables sobre la militarización de la policía, cuya alternativa sigue impugnada por diversos sectores políticos, ciudadanos e intelectuales, porque sus protocolos no están estructurados para la protección ciudadana y acusan que es más fácil militarizar a un ciudadano que civilizar a un militar. Quizá lo sucedido en Tlahuelilpan, debería ser un sendero de luz al respecto.
Empero, el gobierno no se mira sólo hacia adentro. Las presiones externas y sus relaciones, en estos momentos han exigido de México una definición política ante la crisis que vive Venezuela, impugnada por diferentes países. Ante el panóptico de la Doctrina Estrada y sin perder de vista la mesura, México tiene que transitar hacia la firmeza de los valores democráticos.
En este trazo político de la transformación democrática y de la inteligencia política, el ejercicio de gobierno debe construir el camino de la pluralidad a la unidad, lo cual no implica hacer del ejercicio público un populos inconsciente, sino la comunión societal ordenada por el Estado Democrático de Derecho, que impida que el ejercicio de gobierno transija o se arrodille ante el peso de movilizaciones fuera de la ley, amparadas en la fuerza opresora de cualquier conglomerado.
No podemos pasar por alto que la pluralidad democrática se construye para la fuerza y unidad orgánica del ejercicio de gobierno, no para el caos, ni para la opresión social, que son vectores opuestos que reclaman de la inteligencia política, la comunión sensata del Estado.
Agenda
- Durante la conmemoración del 102 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsará reformas constitucionales para tipificar la corrupción como delito grave; para juzgar al presidente de la República; y para consolidar la democracia como un auténtico sistema político y forma de vida.
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