Decir que ya inició la contienda electoral es una obviedad. El pequeño detalle es que la legislación electoral —las reglas del juego— no lo permite. Ni son los tiempos ni son las formas. Es fácil perderse en los vericuetos de los eufemismos. Por ello ofrecemos una recapitulación simplificada de esta tragicomedia.

Primer acto. Hace no tantos años, cuando eran oposición, López Obrador y la izquierda exigieron elecciones más transparentes, austeras y equitativas. Y eso se tradujo, entre tantas cosas, en una regulación que limita el tiempo y forma en que los partidos deben definir sus candidaturas. Conforme a la ley, las “precampañas” inician en noviembre y quienes realicen actos anticipados pueden perder el derecho a competir.

Segundo acto. Cuando dejó de ser oposición, el presidente López Obrador cambió de opinión y echó a andar el proceso para seleccionar a la candidatura del bloque oficialista. Y, salvo una honrosa excepción, los partidos de la oposición decidieron seguir el mismo guion. Eso sí, aunque todos sabemos que se trata de precampañas, oficialismo y oposición dicen que lo que está en juego son dos cargos partidistas.

Tercer acto. El árbitro electoral, que es el INE, convalidó el juego. Dos de los tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias optaron por cerrar los ojos. Ignoraron los buenos argumentos de la consejera Claudia Zavala y resolvieron por mayoría que las precampañas simuladas podrían seguir… siempre y cuando sus participantes no hicieran nada de lo que se suele hacer en una precampaña.

Cuarto acto. El Tribunal Electoral —nuestro VAR electoral— tampoco quiso ver lo evidente. En una votación tan cerrada como fragmentada, la sala superior confirmó la decisión del INE. Con diferentes argumentos, cuatro magistraturas electorales decidieron que la simulación podía continuar. En minoría quedaron tanto la magistrada Janine Otálora, quien propuso frenar la simulación, como el presidente Reyes Rodríguez, quien ofreció una solución de compromiso que no generó consenso.

Quinto acto. Sucedió lo inevitable. Tanto morenistas como frentistas han continuado con las precampañas anticipadas. Toda la evidencia, incluida la que genera el personal del INE, confirma lo evidente: son precampañas. Y tanto el INE como el TEPJF han dictado resoluciones que se niegan a aplicar las “nuevas” reglas que ellos mismos establecieron.

Todo lo anterior sería cómico, pero puede volverse trágico. Quien pierda las elecciones, sea quien sea, eventualmente podrá solicitar la nulidad de la elección por violaciones a la equidad y otros principios constitucionales. Y quien gane, sea quien sea, podría llegar al poder con una legitimidad por demás cuestionada. ¿Alguien recuerda el conflicto postelectoral de 2006? Pues eso.

Sergio López Ayllón y Javier Martín Reyes

Fuente: Milenio