La desconfianza y el malestar con la democracia son el síntoma de la descomposición política que experimenta el ejercicio de gobierno. El debate social oscila en torno a la calidad de la democracia, la disfuncionalidad institucional y la presencia y empuje de la participación ciudadana.

En este escenario, las reformas jurídicas necesarias para abrir el quehacer público a la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones, demandan una revisión de las regresiones formales y fácticas del aparato público, que se resisten a las conquistas sociales de un proceso histórico inédito en la conformación del país.

El México de la alternancia implicó sólo el ascenso de una fuerza política distinta, que fue incapaz, desde el juego de pesos y contrapesos, de evitar los abusos del poder y salvaguardar el Estado Democrático de Derecho, al omitir los cambios necesarios para corregir la disfuncionalidad institucional.

Frente a estas anomias, la sociedad civil se asumió gradualmente como un contrapeso natural ante las arbitrariedades, vacíos y excesos del ejercicio de gobierno, y se organizó de manera permanente para contener los apetitos oscuros y las conductas desviadas, cuyos efectos, corrupción e impunidad, son causantes de la descomposición valórica de la política.

Para este propósito, el desafío de la sociedad es claro: crear estructuras ciudadanas, que en la fuerza orgánica del Contrato Social, encuentren las formas de control y los modos de lograr una corresponsabilidad efectiva en la toma de decisiones del gobierno.

Armonizar la relación de los poderes públicos con el dinamismo de una horizontalidad activa e interactiva en las funciones político-administrativas del Estado, exige que el Contrato Social reconozca explícitamente la participación ciudadana como un derecho humano y la existencia de un órgano garante de este derecho, que preserve y fomente el asociativismo ciudadano.

Pese a esta limitante de la ingeniería constitucional, la ciudadanía ha venido impulsando mecanismos como la Iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3); la autonomía el INAI, la construcción de los Sistemas Nacionales de Transparencia y de Fiscalización; la rendición de cuentas y la Alianza para el Gobierno Abierto. Rescató, -aun con renuencia y cierta debilidad-, los presupuestos participativos y la auditoria ciudadana, como elementos de la planeación democrática; y ha impulsado la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, por el que hoy lucha para imponer la autonomía necesaria a la Fiscalía Anticorrupción, así como a una Fiscalía General, que sea vanguardia de la legalidad.

No obstante a estos significativos logros, la vertebración orgánica de la sociedad civil ha sido precaria por diversas razones, Destacan: la crisis de la partidocracia, que incide en la dispersión, fragmentación e inconexión con la esfera pública; el autoritarismo político y la reproducción de estructuras hegemónicas, cuyo control ha trascendido en la despolitización y pasividad de los sectores sociales; y las trabas ideológicas y carencia de roles políticos de la sociedad.

Estas variables no son las únicas que han debilitado la esencia natural del contrapeso ciudadano a la esfera pública. La erosión proviene, también, de la carencia de visión permanente de objetivos; así como de una conducción social que incida en el desempeño de las estructuras ciudadanas, comunitarias y vecinales, y trascienda a la conquista parcelaria de sus intereses, cuya actuación se erija como contrapeso político, con prospectiva de Estado.

La prescripción contundente estriba en fortalecer el incipiente desarrollo de la cultura política participativa, a la que significativamente convoca ENCCÍVICA, que hoy en el despertar de la sociedad civil, ante la tragedia de nuestro pueblo, debe crear las condiciones de una lucha nacional para reestructurar el poder político del Estado y hacer del contrapeso natural de la sociedad, el arquetipo que custodie el desarrollo humano, la generación de oportunidades sociales y el control del poder público.

El problema de fondo se encuentra en el equilibrio de los poderes públicos y el juego efectivo de contrapesos, así como en los micros y macro-contrapesos, que deben ejercer de manera expresa, suficiente y expedita los poderes públicos y el tejido social, como epicentro de todas las acciones del quehacer gubernamental.

En el análisis de este escenario democrático, subyace la necesidad de trascender el conceptualismo burocrático que tiende a llenar los vacíos de funcionalidad, creando elefantes blancos, institucionales y programáticos en vez de responder con eficiencia y resultados; y la inopia ciudadana, reflejada en la carencia de conciencia política y de pedagogía pública para encarar de manera atingente la participación decisoria y corresponsable en el ejercicio de gobierno.

Hoy que la sociedad está preocupada por edificar las Fiscalías General y Anticorrupción Autónomas, los fantasmas de estos fenómenos advierten el peligro de una nueva simulación institucional, lo que debilitaría el sistema político, la participación ciudadana, el ánimo, la inteligencia social, la credibilidad, y la legitimidad institucional.

Si queremos ir más allá y superar este escenario, tenemos que hacer dos cambios sistémicos: primero, refuncionalizar las estructuras institucionales y el ejercicio auténtico del juego de pesos y contrapesos, garante de la colaboración interinstitucional, donde la ciudadanía y su participación decisoria constituyan el revés de la pantomima política y; en segundo lugar, que la soberanía popular encuentre los mecanismos constitucionales pertinentes para que la sociedad civil encauce todo proceso público.

Las asimetrías que hoy priman en el juego de pesos y contrapesos ante la crisis política que vivimos, nos advierten que las estructuras formales y reales del orden sistémico no son antípodas o enemigos, sino el núcleo proteico de una lucha histórica: los intereses supremos de la Nación.

Agenda

  • Una vez más, la fuerza de la naturaleza sacudió a nuestra nación, en particular a la CDMX, y ciudades de los estados de Puebla, Morelos, Guerrero y México, donde los severos daños del sismo causaron la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. El dolor, la angustia y el miedo no han impedido que la solidaridad y fraternidad del pueblo se haya manifestado a nivel Nacional.
  • El Presidente de la República, ha reconocido los avances de la cultura sísmica y de protección civil, que deben ser fortalecidos mediante una estrategia integral, que organice los esfuerzos de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas, para hacer frente a estos desastres naturales y crear un modelo de respuesta que armonice las voluntades, el trabajo y los recursos que demanda reconstruir y restaurar el patrimonio y la preservación de la vida.
  • La Secretaría de Seguridad Pública anunció la colaboración de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), con acciones que fortalecerán la Estrategia Hidalgo Seguro.

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