Las transformaciones de la Nación como lo fueron la Independencia, la Reforma y la Revolución, surgieron en el marco de los anhelos de justicia y probidad institucional del tejido social. Enarbolaron como premisas sine qua non, encumbrar al mandante sobre el mandatario, y demandaron consagrar en una Carta Magna, como producto de una conquista ciudadana, reivindicaciones sociales y políticas.
La naturaleza de la política y los pesares ciudadanos para construir mecanismos que permitan primar la ética pública en el ejercicio de gobierno y honrar la voluntad soberana del pueblo, han provocado que perdure el desencuentro en el diálogo socio-estatal.
Esta crisis de la ética pública nos ha llevado a profundos cuestionamientos sobre los alcances del ejercicio del poder público y las condiciones fácticas que rodean a los tomadores de decisiones del Estado, cuyas consecuencias negativas se aprecian como la radiografía del desencuentro ciudadano con el ejercicio gubernamental.
Los sinsabores y el divorcio de la clase política con la sociedad civil, son condiciones consabidas en el imaginario colectivo que explican cómo la omnipotencia y omnipresencia de los poderes públicos se introduce en la vida social, margina al ciudadano de la toma de decisiones y lo vuelve comparsa política o retórica de escritorio.
En este escenario, la Cuarta Transformación de la República, apela en el discurso a principios de una nueva ética pública, donde la probidad y la honestidad constituyen el recto proceder y la guía de las acciones de los servidores públicos, para que en un contexto de horizontalidad y asociativismo ciudadano, se construya una democracia que genere oportunidades e igualdad jurídica societal.
Diversas circunstancias revelan que la intención del gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, es aprobar una nueva Constitución Política para generar un nuevo pacto societario, pese a que en este sentido, el Presidente López Obrador ha señalado que si bien se requiere una nueva Constitución Política, esta debe ser una tarea para las futuras generaciones de mexicanos, lo cual deja en aparente ambigüedad los tiempos y movimientos ejecutivos para concretarla.
El diagnóstico político de esta intención presidencial, no está exento de suspicacias y dudas razonables en relación al protagonismo del Poder Ejecutivo en la conducción gubernamental y sobre el equilibrio de poderes en torno al juego de pesos y contrapesos que impidan la omnipotencia y los abusos de poder.
Esta circunstancia impone cuestionar: ¿hasta dónde, en una democracia representativa como la nuestra, la voluntad del pueblo está manifiesta en la arquitectura de los poderes públicos y en la institucionalidad?
La construcción de una respuesta debe considerar que las democracias representativas no están pensadas para la supremacía absoluta del Poder Público, sino para que impere la naturaleza de la voluntad irrevocable del mandante sobre el mandatario, principio que es necesario asumir como antítesis de prácticas metaconstitucionales o fácticas, que los servidores públicos suelen ejercer violando el espíritu de la soberanía popular, presente en el marco constitucional y legal del Estado Democrático de Derecho.
El desaguisado protagonismo del Poder Ejecutivo, al cuestionar los alcances de la actual Constitución Política, está insinuando la necesidad de un nuevo Pacto Social, aduciendo que se ha vuelto vetusta, incompleta y maquillada con parches jurídicos, lo que impide atender integralmente los retos que demanda la sociedad y el devenir histórico del proyecto de Nación, que se viene impulsando.
Si el Presidente considera que requiere una nueva Constitución Política con una distinta distribución de atribuciones entre los poderes públicos, podrá concretarla impulsando a título de Reforma del Estado, los cambios que demande el modelo político y de gobierno de la 4T, ya que, contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, significa que casi cualquier iniciativa no presente fronteras políticas, ni negociación institucional que impidan concretar su voluntad.
Empero, debe tenerse presente que nuestro orden gubernamental reclama un espíritu incluyente y un mínimo de sensibilidad política, ya que una Nueva Constitución no puede atravesar por una interpretación distante, confusa y maniquea, donde los poderes públicos ignoren la voluntad del pueblo.
Esta condición invita a ponderar la participación ciudadana, como bandera de modernidad consustancial a la creación de políticas públicas, y al poder constituido como responsable de hacer valer la voluntad soberana, porque de ella emana todo poder público de la Nación.
Sin embargo, resulta preocupante y peligroso para la 4T, impulsar la creación de nuevos mecanismos jurídico-institucionales que poco o nada interpretan la voluntad del soberano, tal es el caso de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, que está generando reclamos fundados sobre la legalidad y valor de la atribución constitucional que la iniciativa otorga al Primer Mandatario, de ser precisamente él quién pida el referéndum revocatorio, ya que el derecho y la exigencia de solicitarlo, deben ser la expresión del consenso social de una auténtica Concertación Progresista de Estado.
Podemos estar de acuerdo que la Revocación de Mandato no es reelección, pero tampoco la elección del Presidente de la República puede hacer con la estructura constitucional su voluntad, y no la voluntad del pueblo.
No puede haber Cuarta Transformación Política como dividendo de opresión partidista o sectaria. Esta debe ser producto de la voluntad soberana de la ciudadanía activa en gobernanza plena. Lo contrario es el pogromo de la razón y la tiranía de poderes públicos parcelarios que hieren a la Nación.
La virtud de la política es hacer Ley la voluntad del pueblo y no hacer de la Ley la opresión de su soberanía. Es no ignorar la oscuridad de las élites del poder y exigir acabar con la omnipotencia política como signo del autoritarismo de Estado.
Agenda
- El Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia mañanera expresó: “Nosotros estamos a favor del libre comercio. No vamos a participar en ninguna guerra comercial,…vamos a cuidar el mercado interno, pero respetando la OMC y los acuerdos y tratados comerciales establecidos con otros países.”
- Visita nuestro país la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se reunirá con el Presidente López Obrador y con secretarios del Gobierno Federal y representantes de los poderes Legislativo y Judicial; asimismo, firmará un acuerdo para capacitar en materia de derechos humanos a los integrantes de la Guardia Nacional.
- El Presidente López Obrador anunció que la Guardia Nacional ya tiene un mando militar en activo.
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