Faltando 20 días para que el 5 de septiembre los Concejos Municipales rindan protesta y asuman el cargo como nuevas autoridades en los 84 municipios de la Entidad, la semana pasada, se informó que será entre el 20 y 23 de agosto cuando tengan lista una propuesta con los nombres de los 594 integrantes de los Concejos Municipales, quienes durante una semana recibirán una capacitación de la Auditoría Superior del Estrado de Hidalgo (ASEH); actividadque en condiciones normales requeriría 90 días.

Hace cuatro meses y 11 días que fue suspendida la elección de Ayuntamientos. Desde entonces, el Congreso del Estado de Hidalgo debió proceder con diligencia a integrar los Concejos Municipales de manera seria y políticamente responsable, y evitar los problemas que regularmente suscitan estos eventos, que por su naturaleza, implican la lucha por el poder, donde los intereses partidistas, de grupo y personales, prevalecen sobre los intereses de la colectividad, que encarnan la vigencia del Derecho Humano al Buen Gobierno.

En el ejercicio de esta facultad, el Congreso debió vincular el peso de la legalidad y legitimidad de la designación de Concejales, a los intereses de los ciudadanos de las comunidades, barrios y colonias del municipio, de tal manera que su valor democrático no fuera puesto en entredicho, o quedara expuesto a ser botín de corsarios.

Los Concejos Municipales son valiosos, porque democráticamente asumen la responsabilidad de la operatividad, política, legal y administrativa, como órganos de gobierno del Municipio.

Su integración debió realizarse oportunamente en un clima de entendimiento y armonía, donde las diferentes fracciones de la Cámara de diputados, construyeran un Acuerdo Parlamentario que integrara y orientara los diferentes mecanismos parlamentarios, políticos, y hasta de sentido común, que trascendiera el pragmatismo y simplismo del reparto de cuotas y de cuates; fortaleciera la legalidad y la legitimidad; y ponderara los perfiles de los designables, con base en parámetros y lineamientos claros y públicos.

No haberlo hecho tiró por tierra la dignidad ciudadana. La inacción del Poder Legislativo es un revés político para la ciudadanía, que lejos de proceder en defensa de sus intereses, provocaron su indefensión y su condena al ostracismo. Sólo quedó la impericia, la fraudulenta representación política, y la desesperanza por una conducción municipalista, hechos que presagian el fracaso de los Concejos Municipales.

La Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal, en sus artículos 126 y 34, respectivamente, otorgan al Congreso del Estado la facultad discrecional de designar a los integrantes de los Concejos Municipales Interinos o Sustitutos, entre los vecinos del municipio.

Me parece que los legisladores nunca entendieron que esta facultad discrecional puede calificarse como válida e idónea como herramienta jurídico-política, que garantiza la gobernabilidad en los municipios, ya que está sustentada en causas específicas que motivan su ejercicio; y dispone del medio idóneo, que es la facultad al Poder Legislativo para concretar los fines, que son la preservación de la gobernabilidad, la armonía y la paz social. (https://wp.me/p1JSMG-xJ)

Hoy que se anuncia que se publicará una propuesta con los nombres de los integrantes de los Concejos Municipales, vemos que estamos frente a un proceso inoportuno, tardío, al vapor, simulado, insuficiente y políticamente irresponsable, que ocasionará problemas para la ciudadanía y para nuestro desarrollo democrático, ya que en lo inmediato, sus primeras consecuencias se pagarán en la elección de Ayuntamientos del próximo 18 de octubre y en el proceso electoral federal del 2021, en el que se elegirán diputados federales y locales.

Respecto a los 594 integrantes de los Concejos, el Congreso del Estado informó que se han recibido solicitudes y documentación de personas que han manifestado su deseo de ser nombrados Concejales, como Presidentes, Vocales Ejecutivos o Vocales, y con el mismo propósito, tienen propuestas hechas por organizaciones, partidos políticos y por los propios diputados; por lo que, de esa manera ahora tienen, según dijeron, “suficiente tela de donde cortar”. Esperamos que aunque no son sastres, por lo menos tengan tijeras y sepan usarlas.

Reconocer la lentitud de su actuación y justificarla diciendo que no designaron los Concejos por no saber cuánto tiempo duraría su mandato, es insostenible, ya que el nombramiento de un Concejo debe hacerse con independencia de si es por un día o por un año. Además, debieron considerar que según el artículo 31 de la LOMEH, ningún ciudadano puede excusarse de desempeñar esos cargos.

Adicionalmente se extraviaron presentando iniciativas para establecer una convocatoria para constituir los Concejos, en lugar de discutir un Acuerdo Legislativo para cumplir en esos cargos públicos con el principio constitucional de paridad de género horizontal y vertical y con la inclusión de jóvenes e indígenas, como se exige a partidos políticos y candidatos independientes. Evidenciaron nuevamente su falta de responsabilidad y probidad pública.

¿Y ahora quién pagará los platos rotos? ¿Hay responsabilidades por una inoportuna designación de los Concejos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no actuó la mayoría legislativa? ¿Se impuso la tiranía de una minoría legislativa? ¿Dónde queda el principio de representatividad? ¿Procede un juicio político? ¿Debe quedar sin consecuencias una omisión tan grave?

Claramente se vislumbra que estamos ante conductas políticas que obedecen a intereses mezquinos e inmediatos, más que a un desempeño comprometido con el interés público. Pero también se percibe que estamos ante un caso jurídico de negligencia que debe denunciarse, ya que la falta de una respuesta legislativa oportuna, propicia condiciones para una crisis política que causaría estragos en la población, por lo que resulta obligado reflexionar sobre la responsabilidad pública que implica esta grave omisión.

Las distintas dimensiones de esta reflexión pueden encontrar evidencias que acrediten la falta de respuestas jurídicas, legislativas, políticas, de transparencia y de rendición de cuentas. Asimismo, deben deslindarse responsabilidades a quién correspondan y activar mecanismos para que la ciudadanía tenga la certeza de que impera un Estado Democrático de Derecho, se impulsa la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones, se promueven cambios en la funcionalidad del quehacer gubernamental y se obliga a la clase política a ajustar su actuar a la legalidad.

Agenda

• Las fuertes afirmaciones del Secretario de la SEMARNAT Víctor Toledo, en el sentido de que “la 4T como tal, no existe, es solo un gobierno lleno de contradicciones brutal”, confirma las “luchas de poder” y los oscuros intereses económicos, la corrupción y rapacidad denunciada por el Secretario.
• En Brasil se encuentra en curso la discusión sobre la responsabilidad por genocidio de parte de Bolsonaro, derivada de su gestión de la pandemia.

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