La reforma constitucional en materia de transparencia aprobada por el Congreso de la Unión representa un avance trascendental para la consolidación democrática de México y da más poder a la sociedad para conocer más sobre el quehacer gubernamental.

Un elemento fundamental para la consolidación democrática es, precisamente, el transparentar las acciones y el ejercicio de los recursos públicos, y garantizar a las personas el derecho a exigir a gobernantes y servidores públicos una efectiva rendición de cuentas.

La reforma amplía esta posibilidad al incluir a más sujetos obligados en el ámbito de competencia del órgano garante, como a los partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos y fondos públicos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

Al dotar de autonomía constitucional a los órganos garantes de la transparencia, la reforma permitirá que instituciones independientes hagan valer de manera más efectiva el derecho de las personas a saber sobre el quehacer público.

Por lo anterior, el cambio constitucional es un paso toral que coloca en el centro una demanda ciudadana: saber en qué gastan los gobernantes el dinero público y con qué resultados.

La reforma responde, además, a una amplia consulta en la que la población, por medio de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), expresó sus demandas y puntos de vista en este proceso, lo cual es un reflejo del cambio político que se está dando en este tránsito democrático. Este proceso fue posible gracias al impulso y la voluntad política del Ejecutivo Federal, así como al compromiso de senadores y diputados.

Por su relevancia en la vida democrática del país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) reitera que una vez que los congresos estatales hayan aprobado esta reforma, el Instituto está preparado para asumir el reto que implica.

Fuente: RTA