La ignorancia se cierne frente a la modernización del Estado, como la noche del gran desafío de las naciones. Prueba que sólo puede resolverse con la participación de ciudadanos instruidos y preparados, capaces de asumir la responsabilidad de construir desde la gestión interactiva y organizacional de la esfera pública, oportunidades de vida en una dinámica ilustrada y de lucidez social.
No basta pregonar en el discurso que el pueblo es bueno y sabio. No son suficientes las intenciones solidarias y la camaradería frente a la Nación. No se puede considerar, como lo hace la Dra. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, que “el pueblo es más preparado que todos los doctores del mundo”, postura errónea que cuestiona la educación profesional, que en ningún país está de más. (https://bit.ly/2TTfF4T).
Lo que debe imperar es una nueva dimensión comprensiva entre ciudadanía y gobierno, para trascender desde la inteligencia social a la inteligencia institucional. ¿Y cómo construir esta nueva relación sociedad-Estado?
Como en toda institución, organismo o corporación pública, privada o social, el gobierno requiere para ser operativamente funcional, estar debidamente organizado ydisponer de un capital social de hombres y mujeres, capaces de asumir la responsabilidad del ejercicio del poder público y manejar profesionalmente los recursos financieros y administrativos para dar resultados. (Interoperatividad e Interoperabilidad)
Esta condición impone formar recursos humanos que se distingan no sólo por sus valores cívicos y éticos, sino por sus capacidades, conocimientos, saberes y aptitudes; atributos que dependen de la capacidad de nuestro sistema de educación pública para abatir el rezago educativo; garantizar una cobertura universal y de calidad, expresada en términos de equidad; y asumir el compromiso de formar una cultura cívica, que permita articular un eficaz y eficiente Sistema de Participación Ciudadana, que asegure procesos legítimos y efectivos en la toma de decisiones y garantice un desempeño corresponsable en las diferentes tareas del quehacer público.
En esta circunstancia, la compleja relación socio-institucional plantea hacer de la cultura cívica y de la ciudadanía activa, un patrimonio cultural que al trascender la arquitectura política del Estado; evite improvisaciones y ocurrencias; prevenga la impericia; y exija construir mayores y mejores mecanismos de inserción ciudadana en la tarea pública, como lo sería el reconocimiento constitucional del derecho humano a la participación ciudadana, condición sine qua non de una gestión gubernamental incluyente, que permite potenciar la gobernanza del Estado.
Sin duda, una ciudadanía culta e inteligente, exige un Estado culto e inteligente.
Si pensamos en la transformación nacional como una premisa de cambio político, la voluntad expresa y la buena fe de los ciudadanos implican un plano axiológico que apela a la moralización del Estado como paradigma irrestricto en el que se apoya la reestructuración del poder político.
Un diagnóstico acertado indicaría que el embrollo del gobierno no se encuentra exclusivamente en el imperativo de transformar a la Nación, sino en cómo lograr que los ciudadanos se conviertan en actores de peso político, que cualitativamente eleven la calidad de las prácticas públicas y las expectativas de desarrollo humano, como condiciones básicas de estabilidad y armonía social.
Reconocer a los ciudadanos como sujetos maduros y pensantes propicia el tránsito de una sociedad tutelada de manera vertical por el Estado, a una en la que la reivindicación política del tejido social, universalice la construcción de ciudadanía como dimensión inherente al espacio político y al proceso de toma de decisiones; distintivos constantes de un gobierno abierto y en público.
La ignominia de la verticalidad pública, cuya dosis de anquilosamiento institucional se ha convertido en un cáncer que corroe el poder político y amenaza al ciudadano, ha creado quiebres de poder que los mantienen como párvulos expuestos a mecanismos profilácticos de purga o depuración del aparato público.
En esta circunstancia, trascender a un gobierno abierto y horizontal, rearticulando exclusivamente la ingeniería constitucional sólo con la voluntad de la clase política y de la sociedad civil, no será suficiente porque el dilema sigue siendo el mismo: la concentración del poder, donde los ciudadanos aparecen distantes, diferidos y etéreos.
Esta prescripción política exige que la ciudadanía cuente con un Estado horizontal, donde la participación ciudadana no sea percibida como comparsa o lastre político; condición que hoy obstruyen la construcción de esta nueva arquitectura institucional, que no puede ni debe puerilizar el valor orgánico de la sociedad y escucharla exclusivamente desde encuestas, o bien, con una consulta parcial, que no es producto de la racionalidad de la ley ni de la convergencia social.
Los abusos del poder impiden la deliberación ciudadana como aspecto central de la soberanía del pueblo y su mandato. Es necesario privilegiar el conocimiento, la experiencia pública y la profesionalización de cuadros, para garantizar, no sólo la operatividad gubernamental, sino también la igualdad sociopolítica de los actores públicos y sociales en los principios de simetría de oportunidades, que desde la institucionalidad generen valor agregado a la praxis política y a la democracia, como régimen de voz ciudadana, donde no pueden existir ambigüedades.
Avanzar en democracia implica crear las estructuras para que la inteligencia social e institucional, sustente una noción distinta de lo que hoy entendemos por política y democracia, por cultura cívica y construcción de ciudadanía, para que en todo momento se haga de la política, la conciencia que libera al ciudadano, sin enclaustrarlo ni convertirlo en párvulo de su transformación.
Agenda
- Se aprobó la Reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional. Con Mando Civil, evita la militarización de la seguridad pública, establece cinco años a la participación de las Fuerzas Armadas y respeta el Pacto Federal. La reforma ha sido recibida por la ciudadanía como un gran triunfo de la democracia.
- La Reforma Constitucional del Artículo 19 aprobada por la Cámara de Diputados, establece la Prisión Preventiva Oficiosa para los delitos de robo de combustible, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
- El Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, al presidir el Foro de Análisis del Proyecto del Sincrotrón, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, expresó que México no puede ser el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que no cuente con un Plan de Gran Ciencia para su Desarrollo.
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