Generando la masa crítica ciudadana que necesita el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es conocido, y evidente, que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) va lento; no logra hacerse notar, no hace sentir su interferencia en las grandes políticas públicas nacionales o estatales, ni está consiguiendo los efectos de control anticorrupción que se esperan de él.

Y es que, como toda institución o causa socialmente relevante y de largo plazo, necesita provocar primero una “masa crítica” de ciudadanos que conozcan el sistema, que comprendan su utilidad social y que brinden su apoyo a él; por lo menos el reconocimiento social que legitime su trabajo y, en el mejor de los casos, la participación colaborativa en alguna de sus tareas.

Hacerse de esa masa crítica de aliados sociales implica desarrollar, por lo menos, dos estrategias basales: cómo hacerse de aliados y cómo retenerlos en la causa.

Hacerse de aliados

El punto de atención en este artículo es que el medio para formar la masa crítica de aliados sociales que necesita el SNA sí existe, pero a pesar de su existencia, como posibilidad jurídica en manos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, no se explota en su debida dimensión: la RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RPC).

Esta RPC es una figura que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en la fracción IX del artículo 21, como una atribución del Comité de Participación Ciudadana:

“Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;”

Esta herramienta puede convertirse en el elemento que requiere es SNA para hacerse de los aliados sociales que le urgen para cumplir mejor su función social.

Los pocos esfuerzos que ha hecho el SNA, pero también los Sistemas estatales, en función de establecer alianzas sociales, han sido bastante tímidos y excluyentes: en la mayoría de los casos los Comités de Participación Ciudadana se contentan con imaginar la RPC como un grupo cerrado de organizaciones sociales, académicas o empresariales de renombre nacional o local, sin comprender que dichas alianzas son útiles para posicionarse en ciertos niveles cupulares de la sociedad, pero que no alcanzan para formar la masa crítica social que se requiere para impulsar la cultura de la integridad en todo el territorio nacional.

La esperanza es que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, y los correspondientes estatales, pronto comprendan que necesitan la alianza con las pequeñas organizaciones sociales, simplemente porque somos muchas más que los aliados cupulares y contamos con mucha mayor permeabilidad territorial y social. En México hay, por lo menos, 42,000 organizaciones de la sociedad civil, debidamente formalizadas y dispersas por todo el territorio; si sólo el 10% de esas organizaciones fueran atraídas por el trabajo de los CPC nacional y locales, podríamos consolidar pronto la masa crítica social necesaria para la integridad.

Retener a los que ya están: el caso del municipio La Paz, Estado de México.

Por otro lado, si las organizaciones quieren crecer o mejorar, lo mejor que pueden hacer es aprovechar el talento humano que va desarrollándose dentro de ellas. De hecho, las empresas más exitosas transitan por ese derrotero; cuentan con programas enteros para aprovechar a su capital humano en la formación del personal joven y en la mentoría para las nuevas gerencias.

En el caso del SNA y el CPC, un problema de diseño de la Ley General del Sistema Anticorrupción hizo que se omitiera por completo esta recuperación o retención del capital humano, lo que ralentiza, todavía más, la formación de masa crítica especializada en el tema.

Una visión novedosa para superar este defecto, sin necesidad de esperar a que se modifique la ley, lo aporta el municipio de La Paz, en el Estado de México, cuyo Sistema Municipal Anticorrupción, a través de su CPC, instaló, el 7 de diciembre de 2020, su Red de Participación Ciudadana, en el tenor de ser una “alianza social, de carácter permanente, para colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana, en sus tareas de difusión social, vigilancia de los recursos públicos y el diseño y promoción de políticas públicas municipales orientadas a eliminar el fenómeno de la corrupción de la vida pública del municipio de La Paz.”

Lo novedoso es que, en la propuesta de sus lineamientos presentó lo siguiente:

“Art. 3. Podrán ser integrantes, de oficio, aquellas personas que hayan formado parte alguna vez de las Comisiones de Selección del Comité de Participación Ciudadana Municipal o que hayan sido integrantes de este último.”

Con esto, el CPC de este municipio abre un medio para retener a los que hayan sido integrantes de las Comisiones de Selección y de los propios CPC, en favor y beneficio de la propia RPC, sus integrantes, y los mismos miembros vigentes del Sistema.

Con esta estrategia es posible reducir, en mucho, la curva de aprendizaje de los aliados sociales de la RPC, es posible crear comisiones de trabajo más especializado o dedicadas a tareas de análisis y vigilancia de mejor nivel, a sabiendas que están lideradas por quienes ya han acumulado conocimiento experto y experiencia en aspectos muy finos respecto a la estructura municipal.

También se abre la gran posibilidad de mantener activos proyectos de largo aliento impulsados por integrantes del CPC que de pronto se ven truncados por la conclusión de su tiempo en el encargo, como ejemplo de beneficios posibles.

Sería recomendable que CPC´s de otras regiones del país valoraran el beneficio de adoptar una práctica similar y declarar a sus ex integrantes como miembros de oficio de la Red de Participación Ciudadana, lo cual podría abonar en dotar al Sistema de una dinámica incremental respecto del número de participantes sociales y su experiencia anticorrupción. Esto es formar masa crítica; al tiempo.

Por: Pedro Carta Terrón