El desempeño del gobierno federal y de los gobiernos locales, las buenas prácticas de los partidos políticos, y la calificación que haga la ciudadanía de la gestión gubernamental y de los candidatos postulados, serán los parámetros definitorios en la elección de los 500 diputados federales, los 15 gobernadores, los 1063 diputados de 30 congresos locales, y los 1926 Ayuntamientos de 30 entidades federativas.
Esta lucha nos permitirá ver la concepción que los contendientes tienen sobre política y poder; apreciar la congruencia y consistencia entre el discurso y las acciones; ponderar e identificar si sus convicciones son en favor de los intereses y demandas ciudadanas; o si sólo buscan detentar el poder por el poder mismo ejerciendo un pragmatismo que opere medidas y acciones que concreten fines electorales en el marco de una realpolitik.
En este momento, el balance del arsenal electoral se inclina con desmesura en favor del partido del gobierno. Morena y sus aliados, buscan por todos los medios refrendar su triunfo del 2018 y ganar la mayoría de la Cámara de Diputados Federal, así como más gobiernos estatales, congresos locales y Ayuntamientos.
Para lograr este propósito implementaron los programas sociales que están jugando un papel determinante en el proceso electoral, ya que aprovechan la cobertura de beneficiarios; utilizan los datos de identidad y otra información privilegiada que aportan los padrones y que les permite operar estrategias electorales quirúrgicas; sacan ventaja del manejo discrecional y opaco de los recursos presupuestales, y del perfil electoral de las estructuras que los operan; y manipulan la entrega de apoyos para buscar intereses personales y condicionar la voluntad política de los beneficiarios en favor del partido del gobierno. Esto hace inequitativa la contienda y la convierte en una elección de Estado.
En este sentido, la Revista Proceso publicó varios artículos de Mathieu Tourliere, que documentan la forma como está organizada la operación de los programas sociales del gobierno federal y la disponibilidad, discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos que ha propiciado que usen el cargo para hacer proselitismo con recursos públicos y para fortalecer su presencia en medios de comunicación, motivo por el que se han denunciado prácticamente a todos los súperdelegados. “La Secretaría de la Función Pública recibió a septiembre 97 denuncias en contra de súperdelegados y delegados, de las que archivó 11 y dio trámite a 86, sin sancionar a nadie.”
Afirma con razón que estos “programas sociales son verdaderas plataformas electorales”, al estar pensados y organizados para formar candidatos que compitan por las gubernaturas, las diputaciones federales y locales y los Ayuntamientos. Prueba de ello es que a la fecha ya han renunciado 7 súperdelegados, que pretenden ser postulados como candidatos a gobernadores, lo que confirma según MathieuTourliere “…que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, dirigida por Gabriel García Hernández, es una estructura creada por el gobierno como fábrica de candidatos.” (https://bit.ly/338fxFz)
Esta fábrica de candidatos tiene en cada estado un súperdelegado, que dispone de todo lo necesario para consolidar su poder y presencia; dispone de más de 250 subdelegados en los principales municipios del país y más 18 mil servidores de la Nación como operadores de los programas en todo el territorio nacional.
El perfil de quienes conforman esta estructura es fundamentalmente electoral y disponen de los elementos necesarios para facilitarles su labor y fortalecer su influencia. El nivel de sueldos que tiene esta Coordinación de Programas para el Desarrollo va de más de $72 mil, a más de $126 mil pesos mensuales, “tiene una nómina… por un monto de $3´233 millones en 2020 de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación… y reparte más de 191 mil 200 millones de pesos en programas sociales.” Mathieu Tourliere (https://bit.ly/35U4scP)
En estos dos años de gobierno, se han ido concretando el arsenal electoral con otras acciones como lo es la campaña de denostación permanente del INE y de Transparencia; la captura del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación; la descalificación permanente de voces críticas; la politización de la justicia; la aprobación de iniciativas contrarias al principio de prevención de inocencia; el terrorismo fiscal; y nuevos partidos aliados a Morena, que fueron aprobados pese a no haber cumplido los requisitos legales (https://wp.me/p1JSMG-Fg).
Por su parte, el conjunto de la oposición visiblemente PRI, PAN, PRD y MC, al parecer están articulando alianzas para contender con los candidatos mejor posicionados, si lo logran, podrán impedir que Morena y sus aliados ganen la mayor parte de los más de 21,000 cargos de elección popular que se disputan en estas elecciones.
Para este propósito, los partidos de oposición deben entender que no hay opciones, que solos no tienen la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno y su partido, que deben construir la unidad; y que el compromiso va más allá de los intereses partidistas porque está en juego restituir los equilibrios y contrapesos en el ejercicio del poder y salvar la vida de la república.
Tienen que convencer que los pésimos resultados en la atención del COVID, son responsabilidad del gobierno y su partido Morena, hoy con más de 100 mil defunciones, somos el cuarto lugar mundial junto con Estados Unidos, India y Brasil (https://bit.ly/3pSpalu); que este gobierno y su partido ha equivocado el manejo de la economía, abandonado la planta productiva nacional, causado la quiebra de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos; que han fracasado en seguridad pública que hoy tiene los peores resultados de las últimas tres administraciones federales; y que su política exterior está destruyendo el prestigio y reconocimiento internacional de nuestro país.
Muy pronto veremos cómo bajan los índices de popularidad del presidente López Obrador y miraremos la incompetencia de la actual dirigencia de Morena para superar las complicaciones operativas y políticas en estados y municipios.
Sus diputados federales buscan la reelección sin reglas con una bolsa de 400 millones de pesos que les otorga la Cámara de Diputados. Empero, enfrentarán el reclamo de haber votado un presupuesto que reduce las participaciones a estados y municipios, elimina recursos a los programas de seguridad pública, deja sin asignaciones la adquisición de medicamentos contra el cáncer, no tiene previsiones para la adquisición de vacunas contra el COVID, situación debe ser reiteradamente denunciada y aprovechada por la oposición.
Agenda
En el asunto del General Cienfuegos debe considerarse la necesidad de explicar con toda objetividad los motivos que sustentaron su detención y el retiro de cargos. No es suficiente el interés diplomático.
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