La investigación y sanción de actos de corrupción por parte del Estado Mexicano requieren de una estrategia planificada, sustentada en acciones concretas y coordinadas por parte de las instancias especializadas en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas e impartición de justicia penal y administrativa que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese sentido, el elemento tecnológico en la actualidad constituye un factor fundamental para el combate a la corrupción, ya que permite profundizar y agilizar de manera inteligente las tareas inherentes a dicha actividad, con menores tiempos, ampliando el rango de cobertura de información a analizar y (a largo plazo) con menores costos.
Precisamente, en el ámbito tecnológico, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y su Secretaría Ejecutiva tienen como pendiente el desarrollo e implementación de la Plataforma Digital Nacional, prevista en el marco jurídico vigente y pensada como mecanismo que impulsará la eficacia de las instituciones que hacen frente a la corrupción.
Dicha Plataforma –una vez puesta en funcionamiento- puede representar una fuente relevante de información que, a través de la recopilación y cruce de datos, permita la identificación de patrones, redes, conductas e individuos involucrados en la realización de actos de corrupción, con la finalidad de prevenir casos a futuro y facilitar la investigación y sanción de los mismos.
Conforme a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Plataforma contará, al menos, con los siguientes 6 sistemas electrónicos:
- Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;
- Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
- Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados;
- Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema nacional de fiscalización;
- Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y
- Sistema de información pública de contrataciones.
El adecuado funcionamiento de dichos sistemas permitirá maximizar la detección de actos ilegales, no sólo al recibir denuncias ciudadanas (incluso anónimas), sino también al corroborar antecedentes administrativos o penales con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones en la contratación de personal o su sanción (en casos de reincidencia).
Además de ello, otra de las virtudes que puede tener la Plataforma es facilitar la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos (una de las conductas altamente sancionadas y normalmente por descuido o extemporaneidad) y también la fiscalización preliminar de las mismas, como mecanismo preventivo y de identificación de posibles enriquecimientos injustificados o conflictos de interés.
Otro aspecto en el que podrá contribuir la Plataforma, será en la optimización de los diversos mecanismos de fiscalización interna y externa de los recursos públicos, al servir de puente de comunicación entre los órganos que auditan dentro de las instituciones (órganos internos de control) y aquellas que lo hacen de forma externa (Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades Federativas), de tal forma que no sólo se fiscalice más, sino mejor.
Por último, la Plataforma Digital Nacional puede coadyuvar en uno de los procedimientos más sensibles a los actos de corrupción: la contratación pública. A través de un padrón de información de servidores públicos habilitados para participar en dichos procedimientos y de aquellas empresas que toman parte en los mismos, será posible incrementar las tareas de vigilancia y detección de posibles conflictos de interés o colusión, con lo cual no sólo se mejora en términos de rendición de cuentas, sino de eficacia en la relación Estado-proveedores.
Como puede verse, las posibilidades que ofrecería una Plataforma funcional y eficaz maximizarían las oportunidades en la lucha contra la corrupción, ya que se ampliaría el rango de cobertura por parte de quienes desarrollan esas funciones.
Sin embargo, actualmente se afrontan diversos retos para la puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional, entre los que encontramos:
- La no tan afortunada experiencia mexicana en el manejo de sistemas informáticos con cobertura nacional, ya que no sólo resultan costosos y tardados en su desarrollo e implementación inicial, sino que también existen riesgos comunes de mal funcionamiento y difícil manejo.
- La falta de familiaridad de los servidores públicos mexicanos para la operación de estos sistemas; lo que conlleva dificultades para la carga de datos fidedignos y oportunos en todo el territorio nacional que contribuyan con las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción.
- La inadecuada cultura de la denuncia ciudadana a través de medios remotos; ya que muchas veces no se denuncia por esta vía y, cuando se hace, es más por motivos políticos o de ataque personal y no porque realmente exista un acto irregular.
- La compleja interconectividad de los múltiples sistemas que componen la Plataforma y su comunicación fluida, integral y simultánea, lo cual representa un desafío técnico en virtud de las amplias cantidades de datos que se manejarán y que provienen de diferentes destinatarios en tiempo real.
- El almacenamiento, resguardo e integridad de los datos sensibles que recabarán las autoridades y que se tendrán bajo análisis con motivo de los seis sistemas electrónicos que integran la Plataforma; ya que se requerirán medidas de seguridad que permitan mitigar los riesgos y la vulnerabilidad ante posibles filtraciones, ataques y pérdida de la información.
- El desarrollo del marco tecnológico, normativo y de capital humano necesario para la operación continua, fluida y sin errores de la Plataforma Digital Nacional en todo México.
Los retos anteriores ponen de manifiesto que no será una tarea sencilla el surgimiento y origen de la Plataforma Digital Nacional, empero, es indispensable y apremiante contar con ella en el corto plazo, puesto que es parte fundamental de la inteligencia institucional que se requiere con motivo de la reforma constitucional anticorrupción que se encuentra en vigor desde 2015.
Existen antecedentes del manejo de sistemas informáticos similares a la Plataforma Digital Nacional, como DeclaraNet (sistema de declaraciones patrimoniales); SIDEC (Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas) CompraNet (sistema de compras), y más recientemente el sistema denominado “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, gestionados por la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, en el caso de la Plataforma, se trata de un mecanismo mucho más avanzado, que no sólo habrá de constituir un repositorio y centro de consulta, sino un medio para la generación de diagnósticos, políticas, estrategias y acciones anticorrupción.
Para concluir las presentes reflexiones, nos parece importante dar continuidad a los esfuerzos encabezados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y por su Secretaría Ejecutiva, a fin de que –en breve término- se puedan abordar con éxito los retos antes señalados y contar con bases sólidas para el funcionamiento eficaz de la Plataforma Digital Nacional, la cual, como analizamos, puede constituirse en una herramienta tecnológica primordial, que nos permitirá –a la sociedad y al gobierno- contar con información pertinente y relevante para hacer frente a la corrupción en México.
