El debilitamiento de las estructuras institucionales fue factor determinante para la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, y perfiló el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en el Congreso de la Unión la semana pasada.

En este escenario, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescribe una idea política correcta en la transición hacia un gobierno donde el ciudadano haga suyo el quehacer público y la democracia no sea la ilusión óptica de un porvenir perdido, sino la construcción de un espacio público sin fronteras y sin restricciones.

Este planteamiento que ya no queda a título de utopía, merece una consideración de fondo, pues la implementación de las leyes secundarias en materia de transparencia y combate a la corrupción, exigen un esfuerzo de reestructuración de dimensiones nacionales. Cada Entidad Federativa, además de aprobar la reforma constitucional, debe armonizar su marco jurídico y crear mecanismos e instrumentos de empoderamiento ciudadano, que eviten o alivien la fractura entre sociedad civil y sociedad política y edifiquen el crisol de legitimidad, credibilidad y confianza del quehacer público.

En este contexto, un ejercicio de gobierno en equilibrio, presupone que la relación entre sociedad política y ciudadanía, no esté fundada, como lo ha estado, en un perverso principio de “suma cero”, es decir, condicionada al debilitamiento del sector social, lo que ha obstruido la integración de un orden político donde prime el sentido unitario del Estado.

Armonizar el marco jurídico de las estructuras institucionales acorde con los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, demanda decisiones corresponsables para fiscalizar, controlar y ejecutar los asuntos públicos y para construir los elementos de innovación democrática para el desarrollo humano que conformen un orden político salubre, donde las fuerzas ciudadanas deliberantes superen las condiciones imperantes de crecimiento diferenciado y desigual de los derechos, condición que lastima a la ciudadanía.

La mayor prioridad política para lograr la transparencia y combatir la corrupción, estriba en la consolidación de una democracia participativa que desarrolle las potencialidades de la planificación democrática y establezca el predominio de criterios ciudadanos como epicentro de todo mandato público. Sin embargo, no se puede dejar de lado que armonizar las leyes puede crear tensiones políticas ante el anacronismo o tardanza en su aplicación, o porque establecer procedimientos y mecanismos de participación e integración ciudadana al quehacer público, encontrará muchas resistencias.

En este contexto, se debe precisar que la participación ciudadana es un mandato expreso del Contrato Social, esto es así porque la ciudadanía no es un sector subalterno o subordinado al poder político sino la expresión de su génesis. Condición que a veces parece haber sido olvidada por la clase política que ha pretendido restringir el papel de la participación ciudadana a comparsa electoral, dimensión errónea de un modelo político erosionado por el dinamismo de la sociedad civil.

No se puede negar lo construido y logrado en materia de transparencia como una autentica conquista social. Sin embargo, subsiste el reto de operativizar las reformas alcanzadas y concretarlas en el espacio público corresponsable y eficaz, donde la integración de la ciudadanía a las estructuras gubernamentales, sea el objetivo vital de toda ley. En este propósito la “inteligencia institucional”, fortalecida por la “innovación social”, deberán fraguar el gran antídoto contra el déficit político del ejercicio gubernamental.

Impulsar la participación ciudadana como un principio de corresponsabilidad en la toma de decisiones públicas, evitará la fragmentación de las estructuras políticas, el debilitamiento de su interoperatividad y la exclusión del tejido social, anomias que advierten que la democracia representativa está condenada a morir, allí donde se han empobrecido y no se redefinen constantemente los mecanismos de acceso a la participación ciudadana.

El peligro que se cierne sobre los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, no estriba en la génesis de sus planteamientos que cuentan con la aprobación de diversos sectores sociales, sino en evitar que lo ganado en el terreno legislativo, no sucumba ante una irracional pretensión de querer convertirlos en medidas de escritorio.

Apuntalar este logro demanda de la nueva Legislatura, complementar la ingeniería constitucional con la creación de otros sistemas, que debidamente interrelacionados, articulen e integren todas las herramientas que sean necesarias para garantizar un eficaz combate a la corrupción e impunidad y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

El camino trazado alienta el porvenir político. La reinstitucionalización del poder público, como conquista del tejido social en un proceso de “Concertación Participativa Ciudadana”, reorienta al Estado para superar los problemas de una tecnocracia ciega que ha impedido la proximidad institucional de sus acciones a la ciudadanía.

En este contexto, una tarea política vital se encuentra en construir desde la Agenda Legislativa, la incorporación y profundización de los mecanismos de participación ciudadana como esencia de la transversalidad de cualquier acción de la Ley. Este camino afianza la interrelación de las redes ciudadanas y su trabajo político inserto en la “inteligencia social”, ya que distingue su accionar y edifica el progreso nacional en la “innovación social”, frente a la oscuridad de los brotes de mesianismo político.

La naturaleza pública del ejercicio de gobierno tiene en la ciudadanía el verdadero actor estratégico del equilibrio y la estabilidad del orden sistémico. No hay destino manifiesto en los problemas de corrupción e impunidad, sino la realidad expresa de un poder público desvirtuado del mandato ciudadano, que impone garantizar la coproducción de las agendas públicas, como el primer mecanismo estructural que oriente y articule todo cambio institucional. Nadie gobierna al margen del pueblo. Su empoderamiento es un asunto de máximo interés público.

Agenda

• Según el último Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el número de mexicanos en pobreza aumentó medio millón de 2010 a 2012, al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones.
• Muy positivo que el INE lleve a cabo siete foros para analizar las Plataformas Electorales 2015, pero resulta limitado y ocioso que sólo sea para contrastar contenidos. El objetivo de un ejercicio como este debería centrarse en hacer del sufragio, un “voto programático” que permita elegir los planes y programas que México necesita.
• El INE informa que el 98.8% de candidatos se resiste a divulgar su perfil, esto es que sólo 58 de 4 mil aspirantes a diputados registraron su curriculum, lo que no preocupa ni a partidos ni a candidatos, quienes olvidan que sólo un ciudadano informado es un “Elector Inteligente”, que al razonar su voto, otorga legitimidad.

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