Como parte del VIII Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, celebrado en el Estado de Hidalgo este 8 y 9 de agosto, tuve la oportunidad de participar en la mesa de análisis Ciudadanía y Derecho a Saber, la cual comparto en esta ocasión.
En medio de la desconfianza social hacia las instituciones públicas, el acceso a la información, considerado como un derecho fundamental y como un mecanismo de control ciudadano, se coloca como un elemento central para construir una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Se trata de un derecho que incide en la capacidad y en el actuar de las personas para tomar decisiones y participar en la vida pública de una nación.
Conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19º inciso 2) así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13º inciso 1), el derecho a saber se ubica como un elemento indispensable de la sociedad para vigilar y dar seguimiento a las acciones de la autoridad, propiciar cambios en el sistema de gobierno, e influir en la construcción de políticas públicas, mediante la posibilidad de solicitar, acceder, recibir, investigar y difundir la información.
Así, la transparencia gubernamental como una exigencia social y como un compromiso irrenunciable de la autoridad, propicia un ambiente de legitimidad y un clima de mayor gobernabilidad, confianza y credibilidad hacia nuestros gobernantes.
Está demostrado que gobiernos que asumen con voluntad y sin restricción el compromiso de transparentar sus acciones, alcanzan mayor participación social, disminuyen la discrecionalidad e ilegalidad de diversos actos de gobierno, mejoran sus indicadores de gestión y de desempeño, y construyen puentes de colaboración y corresponsabilidad social. Lo anterior lo confirma Nuria Cunill Grau, quien afirma que la transparencia es también visualizada como un vehículo de libertad por parte de la sociedad para que mediante la actitud y disposición de apertura de la autoridad, se genere un diálogo permanente con los gobernados.
A esta postura se suma Björn-Sören Gigler: quien señala que la información no sólo es fuente de conocimiento, sino sobre todo fuente de ampliación de libertades económicas, sociales, políticas y económicas.
Esto se ve fortalecido con la llamada sociedad del conocimiento, con la llegada de nuevas tecnologías y con la incorporación del gobierno electrónico, que permite a los individuos acceder a los servicios ofrecidos por los gobiernos y conocer sus programas de trabajo y avances de los mismos, lo que constituye un mecanismo de comunicación ágil, oportuno, que acorta distancias, tiempos y privilegia la inmediatez y el sentido de la oportunidad informativa para aquellos asuntos que pueden conocerse en tiempo real.
Desde esta perspectiva el Derecho a la Información, se integra a la dimensión social del individuo y por lo tanto requiere de relevancia, pertinencia, accesibilidad objetividad, veracidad e imparcialidad en quien la genera, así como utilidad y aprovechamiento de quien la utiliza, pues se convierte en un elemento indispensable para la toma de decisiones, elección de bienes y servicios y un mecanismo para exigir al gobernantes cumplir con su deber.
Por eso el Derecho a la Información se constituye como un bien social y un catalizador necesario para fortalecer el estado de derecho, los valores de la democracia e incentivar el diálogo democrático, crítico y abierto en la vitrina pública en donde cualquier ciudadano puede vigilar el manejo de los recursos y cuestionar a la autoridad por las razones y alcances de sus decisiones, conduciendo a la construcción de instituciones honestas, eficaces y eficientes.
Para que la transparencia sea posible se requiere de la voluntad democrática de las autoridades y de una sociedad interesada y vigilante del quehacer público.
Fuente: Artículo publicado originalmente en CAIP
