Además de presentar las tres iniciativas —autonomía constitucional al IFAI, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y propuesta de Comisión Nacional Anticorrupción—, el nuevo Gobierno (Poder Ejecutivo y fuerzas políticas en el Congreso) incorporó las propuestas y acciones al Pacto por México. Fue una forma de anclarlas para que no terminaran en el limbo legislativo.
En el compromiso 82, las fuerzas políticas ratificaron lo aprobado en materia de contabilidad gubernamental, insistiendo en la importancia de su instrumentación. El compromiso 83 se refería a la reforma para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo y el 84 hablaba de los órganos estatales de acceso a la información como autónomos y colegiados.
En el compromiso 85, se retoma el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción y se habla por primera vez de un sistema nacional de comisiones estatales con el propósito de prevenir, investigar, denunciar y sancionar los actos de corrupción, poniendo particular énfasis en la CFE y Pemex.
El compromiso 86 retoma una propuesta de la sociedad civil y habla de la creación de un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción.
La agenda legislativa: autonomía al IFAI y agencia anticorrupción
El Pacto por México ratificó la importancia de las reformas impulsadas y les dio un marco político. Las principales fuerzas políticas coincidían: había que impulsar la armonización contable y su transparencia, dotar de autonomía constitucional al IFAI e impulsar la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
Una parte de la comunidad académica y de la sociedad civil, sin embargo, se mostró insatisfecha con las reformas. Algunas organizaciones incluidas en la Red de Rendición de Cuentas empezaron a desarrollar la idea de una “fragmentación de la política de rendición de cuentas”, y académicos en ambos lados del espectro ideológico expresaron sus dudas sobre el diseño de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las dudas no tuvieron mayor eco en la vida parlamentaria y se aprobaron reformas a la administración pública federal que iniciarían el procedimiento para transferir las funciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a otras dependencias. A punto de arrancar el proceso administrativo para desaparecer la SFP, un artículo transitorio de las propias reformas dejó claro que esta no puede desaparecer legalmente hasta que se cree la nueva Comisión Nacional Anticorrupción.
En los próximos días se definirá tanto el tema de la autonomía constitucional del ifai como el destino de la propuesta de creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. La discusión de la autonomía del IFAI se verá inevitablemente afectada por el nombramiento de —cuando menos— dos comisionados. Por lo que toca a la Comisión Nacional Anticorrupción, es factible que el debate parlamentario incorpore elementos de una fiscalía (parte de la propuesta que hiciera el entonces senador Ricardo García Cervantes y que aprobó el Senado el año pasado) y de la propuesta de una agencia anticorrupción que impulsa el senador Alejandro Encinas del PRD.
