En las sociedades modernas la libertad de expresión constituye un derecho inalienable de la humanidad. Su manifestación libre y abierta es una conquista irrenunciable, pero en México vive momentos aciagos de una encrucijada política y de seguridad, ante las descalificaciones del gobierno y la violencia del crimen organizado.
En esta lapidaria tesitura, el periodista Jorge Ramos cuya notoriedad internacional se debe a la agudeza de sus entrevistas, participó en la conferencia cotidiana del Presidente López Obrador, a quien cuestionó y advirtió abiertamente del peligro que encierran para su sexenio las cifras de violencia y asesinatos; y lo criticó por desacreditar a los medios y haber pedido a un periódico que revelara sus fuentes, pasando por alto que las mismas son parte consustancial de la libertad de prensa y darlas a conocer pone en riesgo la labor y la vida de los periodistas.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prohíja el ejercicio periodístico, al enunciar: “…los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión.”
Pese a que Jorge Ramos reconoció el valor de la libertad de expresión que el Primer Mandatario del país confiere en sus conferencias frente al clima de riesgo que prima en diferentes países, la entrevista fue severamente descalificada en las redes sociales por los seguidores del Presidente López Obrador, lo que sin duda resulta lamentable.
El saldo de los cuestionamientos al Presidente fue positivo y trascendió a nivel internacional frente a los innumerables desencuentros que ha tenido Jorge Ramos en sus entrevistas, al grado de que Donald Trump lo humilló y violó sus derechos al ordenar su desalojo de una conferencia de prensa por guardias de seguridad y al entrevistar a Nicolás Maduro hace algunas semanas, fue retenido junto con su equipo y le confiscaron el material videográfico.
Estas consideraciones permiten reflexionar sobre el respeto a los Derechos Humanos que deben seguir refrendándose y protegiéndose como incuestionables garantías de una democracia de vanguardia.
Si bien es cierto que las cifras en materia de seguridad pública no acompañan logros sustantivos de la administración de López Obrador; entender la magnitud de lo ocurrido con Jorge Ramos, nos permite apreciar que el valor fundamental de la libertad de expresión conlleva la obligación de los medios de comunicación de constituir un contrapeso efectivo en el ejercicio del quehacer público.
El cuestionamiento lógico que debe emerger del ejercicio de la libertad de expresión estriba en investigar ¿cuáles son sus alcances para afianzar la gobernanza y garantizar la legitimidad de las acciones del Estado?
El ejercicio pleno de la libertad de cuestionar, escudriñar y confrontar la debida observancia de las responsabilidades públicas que impone la ley, representa la viabilidad del Sistema Político y de Gobierno frente a la realidad social.
Lo contrario ya lo hemos vivido, se llama encubrimiento, contubernio, corrupción, impunidad y desencuentro ciudadano, vectores que han puesto en jaque las condiciones institucionales y han vulnerado al tejido social de manera inenarrable en las últimas décadas.
La libertad de expresión se ensombrece por las violaciones a los Derechos Humanos y por los crímenes cometidos en contra de comunicadores, por lo que debe sobresalir el interés y la responsabilidad del gobierno para salvaguardar este derecho.
La discusión entre Jorge Ramos y el Presidente López Obrador, refrenda el espíritu de esta libertad social en su plena dimensión. Sobresale de este encuentro la necesidad de fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, ya que ninguna transformación política o económica de la Nación se consigue sin la participación de todos los actores sociales y políticos.
Los medios de comunicación juegan un papel vital como interlocutores sociales en el contrapeso que custodia el valor de la opinión pública y el uso de la inteligencia social, que nutre la vigencia del Estado Democrático de Derecho de un gobierno que supere las cifras de la fatalidad y se imponga de la dignidad humana desde la voluntad soberana del pueblo.
Por consiguiente, la transversalidad de la libertad de expresión como uno de los Derechos Humanos y el buen gobierno, deben ser la constante en las acciones institucionales y premisas que sustenten una verdadera transformación de la Nación y no una representación cosmética de las acciones del Estado.
En esta perspectiva, la libertad de expresión debe ser preservada y fortalecida como un valor fundamental de toda sociedad, porque constituye la radiografía del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y el paso trascendente para salvaguardar la verdad histórica de todo proceso, público o privado, que permita hacer del cumplimiento de la responsabilidad pública, un signo de lo cotidiano y no la excepción del mismo.
Acompañar este salto cualitativo del ejercicio de la libertad de expresión con ejemplos como el de Jorge Ramos, precisa invitar a los notables de la comunicación a salir de la comodidad de sus espacios y participar ejerciendo cara a cara este derecho y no hacer caso omiso de esta libertad, que no es un obsequio, sino una potestad que no puede obviarse y que debe refrendar la responsabilidad de los medios informativos como interlocutores válidos de la sociedad.
La libertad de expresión es un ejercicio abierto, transparente y en público, cuyo significado en esta nueva era de cambio institucional y social, debe consolidar las oportunidades y expectativas de vida en el México incluyente que todos deseamos.
La Cuarta Transformación de la Nación requiere afianzar la visión de las libertades democráticas para construir un México solidario y próspero, cuyas bases son las políticas públicas que perduren en políticas de Estado y no las ocurrencias, lo que exige encontrar en el equilibrio del sano ejercicio de la tarea pública, un bien social inherente a la dignidad humana y a la libertad de expresión, que garantice la armonía y paz social.
Agenda
- El Presidente López Obrador suscribió un memorándum, que sin estar debidamente fundado, instruye a los secretarios de Gobernación, Educación y de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el marco jurídico constitucional y legal vigente en materia de Educación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Presidente “rectificar” las instrucciones giradas, aduciendo que “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar.”
- Lamentamos la tragedia de la Catedral de Notre Dame, Patrimonio de la Humanidad.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://bit.ly/2pTqHZU
Correo: angelesceron@hotmail.com
