El ciudadano es un sujeto social maduro con una conciencia ávida de encausar la corresponsabilidad del quehacer público, sin necesidad de tutores. A pesar de contar con escasos mecanismos jurídicos para potenciar su participación en el quehacer público e incidir en el modelo de “autoridad y obediencia” imperante, hace mucho tiempo que dejó de ser un párvulo al que había que instruir.
En ocasiones, la clase política parece olvidar el espíritu del Contrato Social que dio origen a la horizontalidad jurídica que hoy nos rige; parece también obviar el destino cierto de una Nación que resistió al conservadurismo y el compromiso de disminuir la desigualdad social y el patrimonio de la injusticia.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituye el gran parteaguas de los anhelos transicionales de los ciudadanos hacia una democracia real y efectiva; la fórmula para cercenar la impericia política y la fragmentación institucional; y la llave que de paso a la rearticulación de una realidad sistémica amenazada por la corrupción y la impunidad.
La ciudadanía abriga una esperanza de justicia con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque su proceso legislativo mostró ser el eje de una solución armoniosa entre Estado y sociedad, al crear un horizonte proclive a la concordia política, la concreción de oportunidades y los anhelos de justicia social.
Esta circunstancia, plantea que el reencuentro de las fuerzas ciudadanas con el poder público, no sólo es posible sino que se puede construir a través de un orden sistémico que respeta a los sujetos sociales, porque hace del imperio de la Ley, la voz del pueblo.
Sin embargo, no se debe olvidar que la demagogia causó la disociación entre la sociedad civil y la sociedad política; que llegó a naturalizar la violencia como vía de subordinación ciudadana; y pretendió neutralizar la conciencia social, aletargando los procesos de maduración de una sociedad que se abría paso ante el anquilosamiento y decadencia de las estructuras institucionales.
Diez años de activismo y lucha social, han transformado el acceso a la información pública pese a la predisposición sistémica a la opacidad, lo que advierte que la Ley General de Transparencia cambiará en lo sustantivo las prácticas del arquetipo político imperante. La ciudadanía no estará libre de la opacidad mientras subsistan corrupción e impunidad, pero transparentar el quehacer público, es el primer paso para atacar el cáncer, porque lo hace visible.
La virtud de la Ley General de Transparencia no puede ser reducida a la semántica política de que se ha sustituido el mal por el bien desde una directriz jurídica; en su lugar, debe admitirse que en la medida que el orden sistémico evidencie una reestructuración de su realidad institucional, habrá iniciado el proceso para sanear su consistencia orgánica. Esto impone el control constante a través de la rendición de cuentas, de la auditoría social y sin trazos de discusión, de las prácticas de Gobierno Abierto, que permitan evaluar el desempeño y capacidad de respuesta del Estado.
En este contexto, la articulación de la Ley presenta tres retos a las estructuras jurídico-políticas. En primer término, está previsto que lleve más de un año lograr que las estructuras institucionales a nivel nacional, unifiquen su orientación y se modifiquen las prácticas administrativas de las estructuras de poder.
Un segundo eje de interpretación, lo constituye la concreción y operatividad de la Ley, es decir, la aprobación de las leyes secundarias debe ser custodiada para asegurar que lo trazado en verso, no se ejecute en prosa.
El tercer momento, lo constituye la dinámica social y la cultura política. Desterrar la opacidad de las estructuras institucionales, no es sólo un ejercicio legal, sino de toma de poder. El ciudadano debe hacer suya la fuerza del Estado para corresponsabilizarse de las tareas públicas. Este es el gran salto del panóptico ciudadano a la conciencia social y el mayor efecto de la transparencia social.
La operatividad de la Ley, se circunscribe no sólo al acceso a la información pública, sino a la calidad de la misma, por lo que no puede caerse en la discrecionalidad de transparentar cualquier información, sino sólo la que produzcan las prácticas de transversalidad institucional. Conocer cualquier dimensión de la información pública, demanda, que el país cuente con una nueva Ley General de Archivos, capaz de documentar el pasado y el presente del quehacer público, como principio de interés nacional.
Hay que reconocer de la ley, el acierto de incorporar a todos aquellos entes públicos o privados que guarden relaciones con el Estado, como sujetos obligados, por lo que resulta significativa la inclusión de los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y organismos públicos autónomos, que estuvieron por años reticentes a su incorporación.
La Ley General de Transparencia, expresa el reconocimiento de un triunfo ciudadano, cuya conquista social admite como verdad histórica indiscutida, que la voluntad del pueblo no puede ser violentada o excluida de la realidad por ser capaz de abrirse paso en el diálogo, en el consenso y en el disenso; y cuestionar y empujar a las estructuras políticas a través de las luchas sociales.
Agenda
- El CIDE y la RRC, organizaron el foro, “Los retos inmediatos de la transparencia en México. La ley general a la luz del diagnóstico. Métrica de transparencia 2014”, donde se analizó la normatividad, portales electrónicos, proceso de solicitudes de información, órganos garantes, sujetos obligados y archivos gubernamentales, incorporando a la Federación, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a través del seguimiento a 590 sujetos obligados.
- La UNICEF, impartió un curso Introductorio sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes, promovido por el Sistema DIF Estatal.
- El CCCEH y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración. Su Presidente Luis Wertman Zaslav impartió la conferencia: Propuestas y Acciones para transformar al Distrito Federal.
- La Sra. Gabriela Castañeda de García, Presidenta del Sistema DIF del Municipio de Pachuca, presentó su Tercer Informe de Logros; y el Maestro Humberto Veras Godoy, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, rindió al H Consejo Universitario, su Cuarto Informe de la Administración Universitaria.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://perspectivahgo.wordpress.com/
Correo: perspectivahgo@gmail.com
