La ingeniería constitucional trazada en torno a la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional de Transparencia y la ley de la materia, debe cristalizar la aprobación de la Ley General de Archivos, la de Protección de Datos Personales y las 32 leyes locales.
El cometido es vertebrar la memoria documental del país y testimoniar las acciones transversales de la administración, cuestión vital para salvaguardar la probidad del ejercicio gubernamental, ampliar los controles efectivos sobre el quehacer público, y desarrollar la fortaleza de la inteligencia institucional.
La protección de los Archivos de la Nación, constituye un proceso que valora la preservación del acontecer histórico para entender la articulación con el pasado, pero mucho más significativo, para comprender el presente, reconociendo bajo principios administrativos de equilibrio gubernamental, la importancia de concretar y resguardar el derecho de acceso y disponibilidad de la información que tutela la Ley General de Transparencia.
México vive tiempos difíciles de redefinición político-social, donde el marco legal que ampara la transparencia y el combate a la corrupción, está siendo actualizado e implementado para revertir los procesos de crisis y desencuentro social que han primado. Estas acciones darán solidez a la reinstitucionalización gubernamental, lo que es un acierto de la presente Administración Federal.
Por ende, la vigencia de la Ley General de Transparencia y la concreción del Sistema Nacional al que da marco, debe estar precedida de una práctica socializadora del quehacer público, que establezca las bases para su ejercicio y fomente el acceso a la información pública y la rendición de cuentas para la planeación participativa.
Al respecto, conviene precisar que el artículo 13. a. de la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, considera obligación de la administración pública, producir y proveer con suficiente anticipación, aquella información relevante y comprensible para posibilitar la participación ciudadana en el diseño y formulación de políticas públicas.
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