El Presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, en un momento donde la transparencia, mesura y encausamiento estratégico de los gastos gubernamentales, debe imponerse en la dimensión de una nueva gestión pública.
Esta iniciativa del Ejecutivo, extiende la Rectoría del Estado para asegurar la salud financiera del aparato público estatal y municipal, en una abierta postura de “amarre de manos”, que impide a gobernadores y alcaldes heredar deuda y contraer empréstitos desmesurados y de obscuro manejo.
La complejidad institucional, la fragmentación, inconexión y dispersión de la interoperatividad administrativa, la falta de transparencia y de acceso a la información pública, acompañadas de una escasa accountability gubernamental, debilitaron la capacidad de resolver los problemas prioritarios del desarrollo y la seguridad humana y engendraron casos emblemáticos de gobernantes y funcionarios que con un arbitrario ejercicio del poder público, edificaron un cesarismo político.
Mediante una interpretación presupuestaria sesgada; prácticas de gestión pública insanas; y un sistema de prebendas, algunas entidades federativas y municipios ocasionaron un desastre financiero de deudas odiosas, al financiar un mesianismo que destina recursos de deuda pública para garantizar apoyos políticos y contener presiones del tejido social, que los han llevado a la bancarrota por vivir las glorias de parafernalias populistas.
Esta precaria visión del ejercicio de gobierno, también suele utilizar el endeudamiento para financiar su gasto corriente, como forma de crear un aparente y fugaz dinamismo económico. Esta fantasía del porvenir se acaba una vez concluido el gasto, ya que la desolación ciudadana regresa, al no haber la inversión productiva que aliente y fortalezca las vocaciones y potencialidades de las regiones, error histórico que algunas administraciones cargan, como enfermedad gubernamental.
Ante las evidentes calamidades de este escenario, y del consenso tácito de la ciudadanía sobre el impacto de casos de corrupción e impunidad del ejercicio del gasto en algunas administraciones locales; el Presidente Peña Nieto presentó la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera (LDF), cuyo fin es controlar el endeudamiento de entidades federativas y municipios, para acabar con las prácticas anquilosadas que trastornan significativamente el desempeño eficiente y eficaz de estos gobiernos.
Tal parece que algunas estructuras gubernamentales no reman en la dirección de los cambios políticos que demanda el país, y mucho menos, en las prescripciones que ha emprendido el Presidente Peña Nieto para transformarlo. En esta práctica inadmisible, prima la arbitrariedad y el uso indebido del quehacer público. Se socaba el dinamismo administrativo, se impone su inmovilismo en detrimento de la voluntad ciudadana, que es victimizada y sacrificada. Al final del día se pierde la oportunidad de concretar las respuestas a las demandas sociales sentidas y observadas en una democracia incluyente.
El uso indebido del gasto en el que incurren estados y municipios, genera dos anomias de impacto social: en primer término, un efecto de macrocorrupción, donde altos funcionarios desvirtúan su encargo. Son “virreyes” que sin racionalidad alguna y al margen de su deber, hacen del endeudamiento una práctica para perpetuar y reproducir su poder. En segundo lugar, los efectos de microcorrupción, donde funcionarios de menor nivel y sujetos vinculados con el ejercicio de gobierno, se vuelven actores pasivos y enmascaran la ineficiencia de las estructuras del quehacer público, en el más inmundo gatopardismo.
Hace meses, el Presidente Peña Nieto fue criticado al señalar que la corrupción tenía una connotación cultural. Entonces, se obvió que la cultura en su dimensión política, como señalaron Huntington o Harrison, en su entronización con la cultura en general, vuelve propensos a los pueblos a aceptar como válida esta anomia.
Ante esta impugnación el Ejecutivo, no entró en un juego de palabras con medios y periodistas. Actuó en consecuencia y perfiló medidas en favor de la Transparencia, Rendición de Cuentas y del Sistema Nacional Anticorrupción, y hoy, con la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera (LDF). Sin duda, estas medidas, como muchas otras, fueron obviadas o pasaron inadvertidas, pero seguramente no al margen de intereses y dividendos políticos.
Este escenario no reduce la realidad a la búsqueda de culpables. Toma en cuenta las variables que hoy enfrenta el ejercicio gubernamental, ante la casta de “funcionarios sátrapas”, que hacen de su encargo ínsulas de poder, escondidos en la laxitud y discrecionalidad del presupuesto y de sus acciones.
El peso aplastante de la corrupción, no es inercial: puede y debe ser controlado. La oportunidad de actuar con firmeza y hacer valer la Rectoría del Estado, se presenta con el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que hoy enfrenta una investigación por actos de corrupción, relacionados con 39 contratos suscritos entre 2012 y 2013 con diferentes dependencias públicas federales, por un monto de 5 mil 208 millones de pesos, al amparo de un modus operandi que puede estarse repitiendo en otros ámbitos.
¿No es este un ejemplo aleccionador de la crisis de ética pública que vivimos?
La corrupción en la UAEM, es una caja de Pandora. Impone, de la Administración Federal, profundizar la transversalidad de sus acciones en materia de probidad y honestidad pública, y de la ciudadanía, fortalecer el crisol social de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad.
El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de gobierno no debe tolerar el atropello y la barbarie pública de grupúsculos, que pretenden obstruir de manera aberrante la voluntad del pueblo. Ello mandata hacer de la Rectoría del Estado una estructura operativa y predominante de fuerza moralizadora del ejercicio de gobierno.
La Ley de Disciplina Financiera (LDF), se erige como un instrumento que potencia la integralidad del combate a la corrupción. Una prescripción sobresale: la conducta desviada de “funcionarios sátrapas”, es directamente proporcional al anquilosamiento gubernamental. Rehacer el camino impone para el Ejecutivo Federal, revitalizar la Rectoría del Estado.
Agenda
- Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy fueron electos como Presidente y Secretaria General del CEN del PRI, respectivamente, comprometiéndose a cristalizar las Reformas Estructurales impulsadas por el Presidente Peña Nieto.
- El PAN eligió como su Presidente a Ricardo Anaya, quien tendrá que limpiar la imagen del partido por la corrupción de los llamados “moches”.
- Mediante acciones proactivas el Gobernador Olvera enfrenta el entorno de dificultades económicas. Con la presencia del Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade Kuribreña, constituirá el Consejo Permanente de la Red Hidalguense de Vinculación Internacional para el Desarrollo Integral (REHVIDI). Participan el gobierno estatal, los municipales, la sociedad civil organizada, la academia y el sector privado. ¡Enhorabuena!
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