A Don Sergio García Ramírez, in memoriam

En diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El asunto pasó prácticamente inadvertido. Mala señal para una ley largamente esperada y que podría tener un impacto mayor en empezar a restaurar el tejido social del país.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) permiten resolver los conflictos fuera, o a la sombra, de los tribunales. Entre otros, incluyen la negociación, la mediación, la conciliación o el arbitraje. Su objetivo es proporcionar una solución más rápida, menos costosa y antagónica para las personas involucradas. Acudir a un tribunal es costoso, complejo y los procesos suelen tomar mucho tiempo. Por eso, desde hace muchos años, se ha insistido en la necesidad de fomentar los MASC para dar salida a los numerosos conflictos que genera la vida cotidiana y ampliar el acceso a la justicia.

Sin embargo, su uso ha encontrado fuertes resistencias. Poco a poco fueron ganando terreno. Una reforma al artículo 17 de la Constitución de 2008 los reconoció constitucionalmente. Por otro lado, los tribunales federales han establecido que las personas tienen el derecho de decidir la forma de resolver sus conflictos. En 2017, como resultado de las reformas en materia de justicia cotidiana, se reformó de nuevo la Constitución para establecer que el Congreso debía expedir, en un plazo de 180 días, una ley general que estableciera los principios y bases en materia de MASC.

Como suele suceder, los años transcurrieron y no pasó nada. Hasta que, en agosto de 2023, la Segunda Sala de la SCJN determinó que el Congreso había incurrido en una omisión legislativa de carácter absoluto, y le ordenó que expidiera la Ley en materia de MASC. Los senadores se movieron con sorprendente agilidad. Se constituyó una comisión especial, se convocó a foros y se produjo un proyecto firmado por prácticamente todas las fuerzas políticas. La Ley fue aprobada en ambas Cámaras, casi por unanimidad.

Por razones de espacio, no puedo analizar con detalle la ley en cuestión. Baste decir que veo dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos una ley que da una arquitectura institucional interesante, compleja y federalista a los MASC, y que debería permitir que su uso se amplifique en todas las materias. Por el otro, está el riesgo que una regulación tan detallada acabe formalizando procedimientos que por su naturaleza convenía dejar más abiertos. Todo dependerá ahora de la implementación. Sobre esto volveremos.

PD. La semana pasada nos dejó Sergio García Ramírez. Fue un jurista destacado, un hombre de instituciones, de una enorme bonhomía y generosidad. Fiel a sus convicciones, quiso que su tránsito fuera silencioso y sin homenajes grandilocuentes. En estos tiempos, nos va a hacer falta su prudente y elegante valentía.

Fuente: Milenio